Juez da un respiro a la batalla legal entre los ‘dreamers’ y la Administración Trump

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tuvo otra cita este miércoles en una corte en su larga batalla por sobrevivir durante un cuatrienio en que ha sido duramente atacado por la Administración del presidente Donald Trump, a la que el juez advirtió que no puede crear sus propias leyes, a la vez que dio tiempo a beneficiarios y al Gobierno para presentar argumentos sobre la restauración de la medida.

Ante la falta de consenso en el Congreso sobre una reforma migratoria, la lucha continúa en torno a este programa, creado en 2012 por la Administración del entonces presidente Barack Obama, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados poder estudiar trabajar, conducir y viajar, y que fue derogado cinco años después por el actual presidente Trump, iniciándose una larga batalla que llegó a la Corte Suprema.

Los beneficiarios, representados por un grupo de abogados y la organización Se Hace Camino, y la Administración Trump fueron convocados hoy por el juez federal Nicholas Garaufis para discutir los pormenores de una decisión que emitió el sábado que invalidó los cambios que hizo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al programa ignorando una decisión de la Corte Suprema emitida el pasado verano.

Garaufis determinó que el secretario interino de esa agencia federal, Chad Wolf, asumió el cargo de manera ilegal, por lo que invalidó las disposiciones de un memorando que ordenó no aceptar nuevas solicitudes para DACA, redujo de dos a un año a renovación del permiso de trabajo para los beneficiarios, conocidos como “soñadores”, y endureció los permisos para salir de Estados Unidos.

Pero, no fijó un plazo para que el Gobierno ponga en efecto su decisión, que impactará a cuando menos 1,1 millones de “soñadores”.

En una audiencia que se extendió por cerca de una hora y en la que el juez federal advirtió este miércoles al Departamento de Justicia que tiene derecho a tener una opinión pero no está autorizado a crear sus propias leyes, y dio de plazo hasta el 24 de noviembre a la defensa de los beneficiarios para presentar su moción sobre la restauración de los beneficios que debe poner en marcha el Gobierno.

El Gobierno a su vez tendrá hasta el 1 de diciembre para contestar, tras lo cual Garaufis tomará una decisión.

De acuerdo con el magistrado, la orden ejecutiva del DHS se hizo para complacer a Trump. También dejó claro que la corte no permitirá que el Gobierno siga retrasando el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema que determinó el pasado junio que fue ilegal derogar DACA.

El juez, de la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, también se refirió a los ataques de la Administración Trump contra DACA como “un uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos”.

Luego de que Trump derogara DACA, varios beneficiarios del programa junto con la organización Se Hace Camino Nueva York impugnaron la decisión en esa corte federal dicha decisión, caso que fue asignado al juez Garaufis y que luego llegó a la Corte Suprema.

El DHS pidió de plazo hasta el 18 de diciembre para contestar a los argumentos de los demandantes pero el juez lo refutó diciendo ya este caso se ha retrasado por mucho tiempo “y es justo que estas personas que dependen de esto puedan cerrar este capítulo”.