Los TPSianos no se rinden y siguen luchando para permanecer en EE.UU.

Decenas de inmigrantes centroamericanos, algunos activistas y abogados se unieron ayer en Pasadena para entablar una demanda que apele la decisión del gobierno federal de no renovar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unas 400,000 personas.

“La lucha del pueblo es la que nos va a sacar adelante y por eso la gente decidió no quedarse en casa”, dijo a La Opinión, Pablo Alvarado, director ejecutivo de NDLON. “El pueblo no va a esperar a que ningún líder político lo logre; por eso conseguimos un equipo legal que defienda el TPS”.

Alvarado añadió que, de ser necesario, los tepesianos protestarán frente al Congreso en Washington y donde se requiera para conseguir la residencia permanente de miles de sus compatriotas.

Agregó que, tampoco esperan ayuda de los gobiernos de Centroamérica.

“Con ellos no vale la pena”, dijo el líder de los jornaleros. “La única esperanza de victoria está en el pueblo; esa es la filosofía que debemos adoptar para la defensa de nuestros derechos”.

El 14 de septiembre, dos de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminaron que Trump puede eliminar gradualmente las protecciones para cientos de miles de familias que han estado viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos, muchas de ellas durante décadas, incluyendo ciudadanos de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua.

El Tribunal dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había actuado dentro de los límites de su autoridad para poner fin al TPS.

Sin embargo, el 4 de noviembre de 2019, la administración Trump acordó mantener las protecciones al menos hasta el 5 de marzo de 2021 para las personas de los países afectados.

Los inmigrantes salvadoreños conforman el mayor número de beneficiarios de TPS, con aproximadamente 263,000, pero un acuerdo bilateral les permitiría a ellos permanecer un año más en Estados Unidos -hasta noviembre de 2021- si los tribunales finalmente ratifican la terminación del programa.

La primera designación del TPS para salvadoreños ocurrió en 1992, al finalizar la cruenta Guerra Civil que le costó la vida a más de 75,000 personas. El programa se extendió en 1998, después de la devastación provocada por el Huracán Mitch, que causó centenares de muertes en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras y millonarias pérdidas económicas.

“Yo vine huyendo de la guerra cuando tenía 21 años; en esa época nadie estaba seguro en el país”, declaró Benjamín Fernández, un salvadoreño nacido en Santa Ana, ahora de 63 años y trabajador de la construcción. “¿Qué vamos a hacer allá si nos deportan? A mis años, a nadie toman en cuenta en mi país; yo tengo que seguir luchando porque aquí tengo mi casa y no la voy a perder así nada más”.

Con la apelación efectuada a nombre de la familia integrada por los tepesianos Orlando y Lorena Zepeda, y sus hijos ciudadanos estadounidenses Benjamín y Lisbeth, la Unión de Americana de Libertades Civiles (ACLU) espera que el caso sea escuchado y revisado por el total de 29 jueces que son parte del Noveno Circuito de Estados Unidos, y no solo por un panel de tres jueces.

“Cuando nos venimos a este país en 1991, nuestro país estaba devastado por una guerra civil, como lo está ahora por los huracanes (Eta y Iota)”, dijo Lorena Zepeda. “Mis hijos no pueden tener una estabilidad emocional porque estamos todos en la incertidumbre”.

Para Erik Villalobos, portavoz de la Alianza Nacional del TPS, quien reside en Nueva York, las intenciones de Trump de acabar con el TPS “son parte de la agenda antiinmigrante contra quienes no son blancos o europeos”.

“Eso es evidente para nosotros; por eso estamos pidiendo que, con la apelación, se investigue a fondo este caso sobre cuáles son las verdaderas intenciones de querer deportar a tanta gente”.

En el dictamen de septiembre, la jueza Consuelo Gallahan, quien fue nombrada por el expresidente republicano George W Bush escribió que las decisiones de la administración Trump de eliminar gradualmente las protecciones del TPS no eran revisables, y, por lo tanto, no deberían ser bloqueadas.

De hecho, la jueza Callahan rechazó una afirmación de los demandantes en el sentido de que los inmigrantes no blancos y no europeos influyeron en las decisiones de eliminar el TPS.

“Si bien no toleramos la naturaleza ofensiva y despectiva de los comentarios del presidente, nos parece instructivo que estas declaraciones ocurrieron principalmente en contextos no relacionados con la política o decisiones de TPS”, escribió la jueza.

La apelación: daños graves e irreversibles

La Fundación de la Unión de Americana de Libertades Civiles (ACLU) espera que el caso sea escuchado y revisado por el total de 29 jueces del Noveno Circuito de Estados Unidos, y no solo por un panel de tres jueces.

El requerimiento indica que la Corte de Distrito ordenó preliminarmente las terminaciones, permitiendo así que sean afectados los beneficiarios y sus familias, incluso a 200,000 niños que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, muchos de los cuales están en edad escolar y sería privarlos de una oportunidad de permanecer en el país “mientras los demandantes presentan a fondo y completo su caso”.

La apelación añade que, en una decisión dividida, el panel de jueces revirtió el TPS y el Congreso “despojó de manera arbitraria y caprichosa a los tribunales federales de jurisdicción sobre cualquier impugnación de las decisiones de TPS”.

En la apelación sometida electrónicamente y depositada físicamente a las puertas del Tribunal del Noveno Circuito, en Pasadena, el abogado Ahilan Arulanantham señala que el tribunal debe conceder una nueva audiencia del panel de tres jueces o una audiencia con todos los jueces del Noveno Distrito en base a que “el caso presenta cuestiones de excepcional importancia y (que) su decisión traerá daños catastróficos e irreversibles a varios cientos de miles de familias y daños en cascada a la economía y la salud pública”.

En segundo lugar, argumenta que el fallo despojó a los tribunales de jurisdicción “para revisar las decisiones arbitrarias y caprichosas de TPS por parte del Poder Ejecutivo (Donald Trump), por lo que la decisión del panel de jueces deja al poder judicial impotente para detener a futuras administraciones de utilizar el TPS por razones totalmente ajenas a los objetivos humanitarios del estatuto. De esta forma se emitió un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo avance en los objetivos de inmigración que prefiera. Ese poder sin control podría usarse para dañar a los inmigrantes (como aquí) o para ayudarlos”.