Padres y madres de jóvenes latinos muertos a balazos por la policía claman justicia

Del 2000 a la fecha, 920 personas han muerto a manos de la policía y el sheriff en LA; familias piden al fiscal George Gascón se juzgue a los agentes

Familias marchan en el centro de LA.

Familias marchan en el centro de LA.  Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Activistas de la Coalición para el Control Comunitario sobre la policía, padres y madres de familia continúan exigiendo justicia por la muerte de sus hijos a manos de policías y alguaciles de la ciudad y el condado de Los Ángeles que, desde el año 2000 a la fecha han abatido a un total de 920 personas, es decir, han matado a un promedio de 46 individuos cada año.

Al mismo tiempo que denunciaron las muertes, solicitaron al nuevo fiscal de distrito del condado, George Gascón, que presente cargos criminales y lleve a proceso a los autores materiales de las muertes.

“No estamos heridos…estamos muertos por dentro”, fueron las palabras de Cristóbal Guardado, padre del joven salvadoreño-americano, Andrés Guardado, de 18 años, abatido de seis disparos por la espalda, el 18 de junio de 2020, a manos del alguacil Miguel Vega.

“Ya nunca más podré abrazar a mi hijo…, ahora, imagínense el dolor de su madre que llora su muerte todos los días”, añadió.

El asesinato de Guardado coincidió el año pasado con las manifestaciones en todo el país por la muerte del afroamericano George Floyd, en Minneapolis, Minnesota, a manos del policía Derek Chauvin, quien se enfrenta ahora a un juicio criminal.

Andrés Guardado fue acribillado en un callejón cerca de la ciudad de Gardena y el Oeste de Compton, cuando huía de dos agentes.

“Se tiene que hacer justicia”, dijo Cristóbal Guardado a La Opinión.

“Por ejemplo, si usted mata injustamente a otra persona, usted tiene que pagar por ello; Dios es todopoderoso y sabe que todo lo que se hace mal, se paga”, dijo. “Él se encargará de solucionar lo malo que se hizo con mi hijo… Yo no dejaré de sentir el dolor tan grande de su muerte sino hasta el día que me muera”.

Frente al Palacio de Justicia de Los Ángeles, Cristóbal, familiares de AJ Weber, Andrés Guardado, Dijon Kizzee, Fred Williams, Carlos Oliva, Eric Rivera, Marco Vásquez, Omar Abrego, Donte Parker, Dante Jordan, Richard Risher y César Rodríguez narraron el drama de sus decesos y exigieron que George Gascón les traiga justicia.

Jesse Romero, otro latino que murió abatido por las balas de oficiales del LAPD.

“No tenemos grandes expectativas; no esperamos nada de ellos”, indicó Keyanna Celina, líder organizadora de la Coalition for Community Control over Police. “Tenemos que hacerlo en las calles, porque ellos han matado a nuestra gente”.

Casi un millar de homicidios en 20 años

Según los registros de homicidios del médico forense del condado, desde 2000 al 9 de marzo de 2021 han muerto 920 personas a manos de policías de la ciudad y agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Casi todos los muertos (80%) eran hombres afroamericanos o latinos, y casi la totalidad de ellos (97%) fue abatido a tiros.

El número de muertes es relativamente “estable”: de 42 a 46 muertes por año.

En casi todos los casos, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado, Steve Cooley (de 2000-2012) y después Jacky Lacey (2012-2020) consideraron legalmente justificado el uso de la fuerza letal.

“En más de 30 años, el único policía que ha sido acusado criminalmente ha sido Johannes Mesherle”, declaró Cliff Smith, un activista y gerente comercial del Sindicato de Techadores e Impermeabilizantes, Local 36, durante la reciente protesta frente al Palacio de Justicia de Los Ángeles.

En noviembre de 2010, Mesherle fue hallado culpable de homicidio involuntario por el asesinato de Oscar Grant, un hombre afroamericano, a quien mató en una plataforma del sistema rápido de transporte en el Área de la Bahía (BART), en Año Nuevo de 2009.

Cristóbal Guardado, padre de Andrés Guardado, de 18 años, abatido de seis disparos por la espalda por parte de las autoridades. (Suministrada)

Mehserle había sido llamado con otros cuatro oficiales para investigar informes de una pelea en un tren. Mehserle intentó arrestar a Grant, pero reportó que no estaba cooperando. Grant estaba boca abajo cuando Mehserle le disparó en la espalda. El tiroteo fue captado en video por otro pasajero de BART y rápidamente se volvió viral en Youtube.

En los 20 años, casi todos los muertos eran hombres, casi el 80% eran negros o latinos. Más del 97% fueron asesinados a tiros.

En 11 segundos… 7 balazos contra Eric Rivera

“Mi dolor es para siempre”, afirma Valerie Rivera, madre de Eric Rivera, el joven de 20 años que fue abatido de siete disparos en siete segundos, el 6 de junio de 2017, con balas provenientes de las armas de los oficiales Daniel Ramírez y Arturo Urrutia.

En el vecindario de Wilmington, los oficiales de la División Harbor del LAPD respondieron a una llamada de “un hombre con un arma” lo arrollaron con la patrulla, le dispararon 11 veces y le asestaron 7 disparos. El traía una pistola de juguete.

“Cada día que me levanto pienso que debo ser su voz para reclamar justicia; los policías que mataron a mi hijo estaban fuera de control”, declaró la afligida mujer.

En abril de 2018, los comisionados del LAPD decidieron unánimemente que los oficiales creían razonablemente que Eric Rivera representaba una seria amenaza antes de que le dispararan fatalmente en junio pasado en Wilmington. Nadie rindió cuentas por esta muerte.

Valerie Rivera dijo también a La Opinión que, a raíz de sus denuncias en público ella y sus otros cuatro hijos han sido intimidados por parte de las autoridades que llegan a interrumpir en su casa bajo la excusa de que “alguien llamó a la policía y tocan a la puerta, supuestamente para saber que todo está bien con nosotros”.

César Rodríguez y el mortal impacto con el tren

Evelia Granados y su madre, Rosa Moreno no pueden dejar de llorar al recordar la trágica muerte de su hermano César Rodríguez, el 29 de agosto de 2017, quien fue golpeado por un tren de Línea Azul de Metro, en Long Beach.

“César se subió al tren sin pagar, hubo un altercado con policías de Long Beach y en el forcejeo su cuerpo fue golpeado por el tren”, dijo Evelia. “A nosotros nos avisaron de que había muerto hasta cuatro días después”.

Evelia recordó que, tras el impacto del tren, su hermano sufrió múltiples fracturas, se le salió un hueso de la cadera y tuvo que ser operado a corazón abierto. Murió en el hospital pocas horas después.

“Él era el único varón de la casa; era quien nos hacía sonreír”, dijo. “La justicia para nosotros no es el dinero, sino que vayan a la cárcel los policías que estuvieron ese día cuando a él lo aventaron contra el tren”.

“Nuestra oficina va a investigar todos los casos donde se haya usado la fuerza policial y en donde ha muerto gente”, precisó a La Opinión, Alex Bastian, portavoz de la oficina del fiscal George Gascón. “Nosotros queremos hacer todo lo mejor para mejorar el sistema de justicia y el fiscal está enfocado en traer justicia para todos en nuestra comunidad”.

“Nosotros nos quedamos con la culpa”: Villanueva

El alguacil Alex Villanueva indicó que los números de personas fallecidas en dos décadas a  manos de policías o alguaciles “se han mantenido estables por más de 15 años”.

“No ha variado mucho; el margen de error en estos casos es muy pequeño, pero no hay ninguna reforma que disminuya la cantidad de tiroteos; cuando estos suceden, la gran mayoría de las personas armadas están tratando de matar; solo el 20% o 30% son casos donde ambos [policía y víctima] luchan por el control de las armas de fuego que tiene el alguacil o el policía y los sospechosos se encuentran armados con un martillo, un cuchillo o utilizan un vehículo como arma”.

“Siempre habrá error humano porque los humanos no son robots y no operan perfectamente; en los pocos casos que ha habido errores, hemos realizado investigaciones administrativas y hemos tomado decisiones en base a ello”, añadió.

“Por ahora, el fiscal de distrito nos debe información de casos que me preceden a mí y esperamos resultados de tiroteos de hace 3 o 4 años… Demoran demasiado tiempo en una decisión; las familias se quedan con las dudas [sobre una investigación y piden justicia] y nosotros nos quedamos con la culpa”.

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