Avanza petición de organizaciones para liberar a ciertos inmigrantes de centros de detención de ICE
La decisión allana el camino para instaurar un sistema de revisión sistematizada de las personas bajo custodia de la agencia federal, según los grupos defensores
Organizaciones de derechos civiles podrán nombrar a un supervisor que garantice el cumplimiento del Gobierno federal sobre la detención y liberación de personas bajo custodia del servicio de Inmigración y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés). Un tribunal federal falló la semana pasada a favor de una demanda colectiva de los grupos defensores contra la agencia federal.
Según las organizaciones demandantes, la decisión allana el camino para instaurar un sistema de revisión sistematizada de las personas bajo custodia y para poner en libertad a las que presentan un mayor riesgo tras contraer COVID-19 u otras enfermedades graves.
ICE ha seguido deteniendo a personas vulnerables en centros de detención donde el coronavirus se propaga con mayor facilidad y el Gobierno ha incumplido sistemáticamente un fallo anterior, según denuncian los grupos defensores en un comunicado.
“El juez de distrito Jesus Bernal lanzó la decisión casi un año después de emitir una orden judicial que ordenaba a ICE realizar revisiones de custodia y liberaciones para todas las personas de alto riesgo“, se puede leer en dicho comunicado. La corte había dicho previamente que las determinaciones de la agencia respecto a las personas que mantenía bajo su custodia eran un “mosaico desorganizado de no respuestas o negaciones superficiales”.
“La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para identificar a los miembros de la Subclase, las demoras e inconsistencias en las redeterminaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento”, escribió el juez Bernal en su fallo del pasado jueves por la noche.
Southern Poverty Law Center (SPLC), Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), Disability Rights Advocates (DRA), Orrick, Willkie Farr & Gallagher LLP fueron las organizaciones que demandaron a ICE por incumplir la revisión de la población bajo su custodia.
Tras la decisión del juez, Melissa Riess, de DRA, destaca que “los acusados han demostrado repetidamente su incapacidad o falta de voluntad para garantizar la seguridad y la salud de quienes están bajo su custodia” y celebra que el supervisor especial pueda asegurar que se cumplen “los derechos de los más vulnerables”.