Paquete legislativo intenta reparar el cuidado en hogares de personas mayores y con discapacidades

Raquel Rivera no puede evitar sentir frustración al saber que su hermana Sandy Rivera, quien ha estado en un centro de enfermería del cuidado de la salud por varios años, pudiera fallecer en cualquier momento por la falta de cuidado de calidad.

“Hemos estado luchando durante más de dos años, expresando nuestras preocupaciones sobre la calidad y falta de atención a las necesidades de Sandy”, dijo Raquel, residente de San Francisco.

Raquel contó que cuando la pandemia del COVID-2020 atacó los hogares de ancianos y centros de cuidado de adultos mayores, las visitas fueron restringidas. Poco después Sandy, de 54 años, sufrió una emergencia médica que la dejó en estado vegetativo.

“Sandy ahora requiere atención hospitalaria intensiva las 24 horas. Esto incluye atención respiratoria porque está conectada a un ventilador, succión frecuente, ser reposiciona cada dos horas y verificar que sus signos vitales están estables”, contó Raquel. “Es necesario que existan regulaciones más estrictas para proteger a Sandy y a otras personas en su situación”.

María Ferguson, quien es una enfermera asistente certificada (CNA) en Livermore, CA, contó que ella se ha enfrentado a la falta de atención a los residentes en su trabajo. Aseguró que durante los peores días de la pandemia del COVID-19 el trabajo fue extremadamente difícil.

“Dejábamos nuestros turnos y volvíamos a casa llorando porque no había gente suficiente para cuidar de los residentes”.

Ferguson agregó que a menudo había tres o cuatro enfermeras en el piso tratando de cuidar hasta 11 o 12 residentes por enfermera.

“Los residentes llaman y gritan pidiendo ayuda”, indicó. “Teníamos prisa por pasar de una persona a otra, pero no teníamos la ayuda que necesitábamos para hacer un mejor trabajo. Casi nunca teníamos tiempo para los descansos o el almuerzo”.

Contó que las mañanas suelen estar muy ocupadas ya que deben levantar y bañar a los residentes, trasladarlos a sillas de ruedas, cambiar sus sábanas, darles de desayunar y asegurarse que todo esté bien para su día.

Para este trabajo usualmente hay una enfermera para 7 u 8 pacientes, pero con la falta de personal cada enfermera tenía hasta 12 residentes cada mañana.

“¡Cómo uno cuida a tantos pacientes!”, se cuestionaba ella misma con asombro.

Para abogar por un mejor trato en estos hogares y centros, Raquel y Ferguson se unieron a una coalición de trabajadores y defensores de las personas mayores, con discapacidades y a legisladores  de California para apoyar un paquete de reforma legislativa radical que pretende ayudar a los más vulnerables.

Estudios han revelado que una de cada cuatro muertes por COVID-19 en California ha sido en un hogar de ancianos. A nivel nacional, el virus ha acabado con 13,000 vidas. Un estudio de muertes en hogares de ancianos reportado en el Journal of the American Medical Association encontró que, “los hogares de ancianos con las proporciones más altas de residentes no blancos experimentaron recuentos de muertes por COVID-19, 3.3 veces más altos que los de las instalaciones con las proporciones más altas de blancos residentes”.

Las propuestas

El martes durante una conferencia de prensa virtual, los legisladores presentaron sus propuestas que esperan sea un cambio positivo para las personas de la tercera edad y con discapacidades.

El asambleísta Adrin Nazarian (CA-46), presidente del comité de envejecimiento de California, dijo que los californianos mayores de 60 años representan el 12% y se estima que para los próximos 15 años pueda convertirse en el 15% de la población del estado.

Uno de los proyectos de ley es la AB 749 del asambleísta Nazarian, el cual garantiza que los directores médicos estén certificados.

“California actualmente requiere que todos los centros de enfermería especializada contraten a un director médico, pero hay escapes que se han utilizado donde algunos simplemente contratan a alguien solo para firmar los documentos necesarios y luego se van”, indicó Nazarian.

El proyecto de ley garantizará que, si el médico está trabajando en la oficina, esté certificado con la capacitación adecuada y que esté comprometido con el campo.

Otra propuesta en el paquete es la AB 279 del asambleísta Al Muratsuchi (CA-66), que busca proteger a las personas mayores durante la pandemia. Uno de los objetivos es prohibir que los hogares de ancianos desalojen a sus pacientes, o transfieran sin su consentimiento durante el período del estado de emergencia del COVID-19 .

“Creo que hay innumerables ejemplos de cómo las personas mayores han experimentado el trauma de la transferencia, y mucho más”, dijo Muratsuchi.

Adicionalmente está el proyecto de ley AB 1042 del asambleísta Reggie Jones-Sawyer (CA-59), la cual pretende cerrar una brecha que ha sido aprovechada por los propietarios de las instalaciones que ofrecen atención deficiente. Y cuando se les da una penalidad no la pagan.

Desde el año 2000, los hogares de ancianos calificados no han pagado $15 millones en multas tras ser citados por violaciones graves relacionadas con lesiones y negligencia de los pacientes.

“Este proyecto de ley permitirá que el Departamento de Salud Pública solicite los pagos de empresas en las que los propietarios de hogares de ancianos tienen intereses económicos”, dijo el asambleísta.

Al otorgarle al DPH la autoridad para perseguir a estas compañías externas, todas las partes involucradas en la operación del hogar de ancianos deben ser incentivadas para brindar atención integral y garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes.

Jones-Sawyer indicó que por muchos años los propietarios han contratado a empresas que son propiedad de miembros de la familia, amigos o incluso por ellos mismos para alquilar propiedades, suministros médicos y otros servicios, solo para llenar sus bolsillos, con más dinero a costa de los pacientes.

“Los propietarios de residencias de ancianos han utilizado las redes de estas empresas conectadas para asegurar sus intereses financieros, limitar la exposición legal y contratarse a ellos mismos a precios inflados, sin supervisión ni responsabilidad”, indicó Jones-Sawyer.

Se espera que las propuestas de ley sean presentadas a la asamblea en las próximas semanas.