Inquilina: ‘‘La dueña [del edificio] me ha mandado más de 300 cartas’

Madre de Sur LA asegura que ha recibido diversas notificaciones de parte de su arrendadora; activistas piden aprobar una ley de protección ante el acoso

Sofía Mendoza pide un alto al acoso por parte de su arrendadora. (ACCE)
Sofía Mendoza pide un alto al acoso por parte de su arrendadora. (ACCE)
Foto: Cortesía

Un grupo de activistas se unió esta semana a una familia de inquilinos del Sur de Los Ángeles para pedir que la dueña del edificio donde viven deje de acosarlos. También solicitaron que la ciudad de Los Ángeles apruebe una ordenanza anti-acoso que fue presentada en marzo de este año.

Sofía Mendoza, inquilina de un departamento, ubicado en la cuadra 164 del bulevar Martin Luther King Jr., contó a La Opinión que ha enfrentado acoso constante de parte de la dueña del edificio, quien vive en otro apartamento del mismo lugar.

Mendoza, quien ha vivido en el mismo sitio por 19 años, dijo que la situación se tornó hostil hace poco más de tres años cuando le pidió a la dueña, a quien identificó como Obdulia Núñez, que hiciera algunas reparaciones a su apartamento de una recámara.

“La pared se estaba descarapelando y se me había tapado el lavamanos del baño”, contó la inquilina de 46 años.

Agregó que en respuesta a su petición, la dueña le dijo que era Mendoza quien tenía que pagar por las reparaciones. Frustrada, Mendoza se quejó con el Departamento de Vivienda de la ciudad de Los Ángeles —entidad que mandó un inspector y verificó los arreglos que eran necesarios.

“Él le dio una nota a la dueña de los arreglos que tenía que hacer y desde entonces comenzó el acoso”, indicó Mendoza. “Me ha gritado, me ha insultado con palabras que no puedo repetir y me ha corrido verbalmente”.

Indica que también perdió derecho a su estacionamiento y dijo que en una ocasión le cortó el agua.

Mendoza dijo que el acoso es tan constante que sus hijos, dos de los cuales son discapacitados, sufren de pánico.

“Ella [la dueña] pasa y toca la puerta o manda cartas, donde dice que quiere entrar al apartamento pero no hace nada, solo lo quiere ver”, contó la inquilina. “Es mucho estrés el que estamos viviendo”.

Desde entonces, Mendoza dice que ha recibido más de 300 cartas de parte de la dueña —que incluyen cobros por reparaciones y notificaciones para entrar al apartamento.

La inquilina se rehúsa a quedarse callada y dijo que ha decidido hacer valer sus derechos porque no quiere terminar en la calle como ha ocurrido con un sinnúmero de familias durante la pandemia.

El Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del condado de Los Ángeles declara que si la salud o seguridad de los inquilinos son amenazadas, el propietario debe hacer las reparaciones requeridas de inmediato.

Situaciones urgentes incluyen: un calentador descompuesto durante el invierno, falta de agua caliente, cableado eléctrico en mal estado, inodoros y plomería que no funcionan.

Los defectos no urgentes que no ponen en riesgo la salud y seguridad de los inquilinos deben realizarse dentro de los 30 días.

De no hacerse estos arreglos el inquilino tiene estas opciones: presentar una queja al Departamento de Salud Pública o al Departamento de Construcción y Seguridad local, llegar a un acuerdo con el dueño o demandarlo o también puede hacer las reparaciones y reducir el costo de su renta. Para todo esto se recomienda asesoría legal.

La Opinión intentó contactar a la dueña de la vivienda pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

Activistas protestaron frente al apartamento de la dueña de la propiedad. (ACCE)

Piden la aprobación de ordenanza

El Comité de Vivienda del Ayuntamiento de Los Ángeles tiene pendiente revisar una ordenanza anti-acoso presentada por el fiscal de la ciudad Mike Feuer, cuya audiencia ya ha sido retrasada dos veces.

El concejal Gil Cedillo, presidente del Comité de Vivienda, originalmente programó comentarios públicos sobre la ordenanza para el 24 de marzo, luego lo trasladó al 7 de abril. Ahora está pautada para el miércoles 14 de abril.

El último viernes, los manifestantes pidieron al concejal Cedillo y al Ayuntamiento aprobar la aplicación de la ordenanza contra el acoso sin más demoras.

Guadalupe González, organizadora de Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) —una organización sin fines de lucro que lucha por la justicia social— dijo que han estado luchando por la aprobación de esta ordenanza por más de cuatro años.

Por un tiempo estuvieron cabildeando con los concejales pero tras la pandemia tuvieron que detener sus visitas en persona. No obstante, la pandemia sólo ha venido a recalcar la alta necesidad de esta ordenanza.

“Con la pandemia el acoso subió en más del 300%”, expresó González.

“Ahora estamos trabajando de cerca con los concejales [Nithya] Raman, [Gil] Cedillo y [Kevin] De León”.
La ordenanza, de ser aprobada, definirá las actividades de acoso ilegal, como la conducta intencionada y consciente de un propietario dirigida a un inquilino sin propósito legítimo y prohibirá el comportamiento de acoso.

También reforzará las sanciones civiles y penales para los propietarios que abusan de sus inquilinos.

Los propietarios que violen la ordenanza estarán sujetos a sanciones civiles y penales, incluyendo el enjuiciamiento por una infracción o un cargo de delito menor.

Para más información sobre protecciones en el tema de vivienda y el alquiler puedes contactar con la organización ACCE en su portal: acceaction.org/