Inmigrantes en detención temen que vacuna COVID-19 sea usada para retrasar su liberación

Aunque desde mediados de marzo, se consiguió que empezaran a vacunar contra COVID-19 a los inmigrantes bajo custodia en los centros de detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) con sede en California, persiste una gran desconfianza hacia la vacuna, ya que los detenidos temen que su aplicación sea usada como excusa para retrasar su liberación.

“Si bien se ganó que los inmigrantes en custodia fueran incluidos en el plan estatal de vacunación de California, no hay un plan consistente que realmente asegure que están recibiendo la vacuna de parte de una fuente médica confiable“, dijo Jackie Gonzalez, directora de políticas de la organización Immigrant Defense Advocates.

“Es realmente horrible pensar que han sido innecesariamente detenidos durante la pandemia, y que cuando tenemos por fin acceso a mitigar la propagación de la pandemia y proteger vidas, nos hayamos atrasado por tanto tiempo con la vacuna”.

González recordó que cuando se dio a conocer el plan de vacunación para las poblaciones vulnerables, se dejó por fuera a los centros de detención de inmigrantes porque son operados por corporaciones privadas.

“Tenemos una de las más altas poblaciones y capacidades en camas para inmigrantes del país entero, y en 6 de los 7 centros de detención operados de manera privada se han registrado brotes horribles de COVID”.

Así que fue toda una lucha para conseguir que se incluyera en la vacunación a los inmigrantes en detención, dijo

“Mientras los defensores de inmigrantes presionábamos por claridad en la vacunación para los inmigrantes en custodia, el gobierno estatal y federal se pasaban la responsabilidad uno a otro. Finalmente en marzo nos dijeron que los inmigrantes serían incluidos en el plan estatal de vacunación, pero al mismo tiempo salió un artículo a nivel nacional diciendo que el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) no tenía planes de vacunarlos”.

¿Cuál es el plan?

El asambleísta demócrata de Fresno Joaquín Arámbula y líderes de grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes se unieron en una conferencia de prensa para exigir claridad en la manera como el estado vacuna a los inmigrantes en los centros de detención privados, con un calendario preciso de vacunación y quieren saber quién administra las vacunas.

“Aunque los centros de detención de inmigrantes están bajo el control del gobierno federal, hay requisitos claros para la operación de estas instalaciones, lo que incluye coordinarse con los funcionarios de salud pública locales y estatales y cumplir con sus órdenes”, dijo el asambleísta Arámbula.

Pero a pesar de esos requerimientos, señaló que los operadores de dichos centros han fallado repetidamente en cumplir con esos estándares, al grado que han declarado explícitamente que no quieren proveer las vacunas de COVID-19 a los inmigrantes en detención.

“La Asociación Médica de Estados Unidos adoptó recientemente una política que deja en claro que los inmigrantes en detención deben tener prioridad para recibir las vacunas de COVID-19 en las fases iniciales de distribución”.

También reconoce que los inmigrantes albergan miedo y desconfianza hacia los operadores de sus centros, y como resultado puede que no se sientan seguros de recibir las vacunas.

“Dados estos serios desafíos, es claro que los funcionarios de salud pública y la comunidad pueden jugar un papel vital para llevar información sobre las vacunas a esos centros de inmigrantes y asegurar que las leyes y órdenes de salud pública sean cumplidas”.

Arámbula ha presentado el proyecto de ley AB 263 enfocado en asegurar que los centros de detención cumplan con las órdenes de salud y los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

A mediados de marzo comenzaron a aplicarse vacunas en los centros de detención de Adelanto, Mesa Verde, Golden State, Imperial Regional, Otay Mesa, Desert View y en el del condado de Yuba en el norte de California. Pero no se tiene el número exacto de cuántos las han recibido y cuántos las han rechazado.

Muertes por COVID

Edwin Carmona Cruz, director de la organización Community Engagement, California Collaborative for Immigrant Justice, dijo que durante este año fiscal, a partir del 1 de octubre de 2020, se han registrado más de 5 muertes a causa de COVID-19 incluyendo la muerte más reciente de Martin Vargas y la primera muerte relacionada a este virus de Carlos Ernesto Escobar Mejía en el Centro de Detención de Otay Mesa.

“A sabiendas de todo lo que conocemos acerca de ICE y las corporaciones con fines de lucro como GEO group y su trato hacia los inmigrantes, ¿cómo el estado de California puede confiar en ellos para que apliquen la vacuna contra COVID-19?”

Hizo ver que como consecuencia, hay gente en detención que no se está poniendo la vacuna porque no confían o no tienen la información.

“No es solo la desinformación lo que está en juego sino que temen que la vacunación sea usada como justificación para no liberarlos. No se debe forzar a los detenidos entre escoger una vacuna que salva vidas o la probabilidad de salir libre”.

Carmona Cruz dijo que esperan que la vacuna no permita la repoblación de los centros de detención que han probado una y otra vez ser letales.

“Estamos llevando proveedores de cuidado médico confiables para contestar preguntas de los detenidos con relación a la vacuna de lunes a jueves de 11 a.m. a 1 p.m. como parte de un programa piloto, porque queremos que regresen con seguridad a sus familias, ya vacunados y sin el riesgo de propagar el virus”.  

Los centros de detención donde se ha puesto en marcha el programa piloto son: Golden State, Yuba County y Mesa Verde.

Programa piloto

El doctor Daniel Turner Lloveras, cofundador de la Coalición Latina contra COVID-19, dijo que es crítico llevar la información a la comunidad latina que ha sido afectada de manera desproporcionada por COVID-19 y en particular a quienes están detenidos. 

“El país entero está en peligro si mantenemos esas zonas de riesgo como los centros de detención de inmigrantes”, señaló.

Según un estudio reciente de UC Davis, los centros de detención de ICE están en gran riesgo de COVID-19 debido a que muchos de los inmigrantes bajo custodia tienen condiciones preexistentes de salud.

“En un sondeo a 529 individuos, 42% al menos tenían una condición crónica de salud y 20% experimentaron interrupción en su cuidado de salud“, explicó el doctor Turner Lloveras.

Dejó en claro que la desconfianza en la vacuna es muy profunda, por lo que no se podrá superar sin la ayuda de miembros confiables de la comunidad.

“Realmente tenemos que contar con un plan en el que podemos tener una conversación abierta para que la gente exprese sus preocupaciones y se contesten sus preguntas”.