Qué medida tomó la Oficina del Consumidor en Estados Unidos para ayudar a las víctimas de desalojo por no pagar la renta
La regla ordenaría que cualquier tercero cobrador de deudas, incluidos los abogados, que intente cobrar el alquiler adeudado en nombre del propietario, diga a los inquilinos que pueden estar protegidos contra el desalojo según la moratoria de desalojo de los CDC
Los desalojos están prohibidos Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) dio a conocer una regla que ordena a los cobradores de deudas que informen a los inquilinos sobre sus derechos en virtud de una prohibición federal de desalojo si no han podido pagar el alquiler durante la pandemia.
La regla ordenaría que cualquier tercero cobrador de deudas, incluidos los abogados, que intente cobrar el alquiler adeudado en nombre del propietario, diga a los inquilinos que pueden estar protegidos contra el desalojo según la moratoria de desalojo de los CDC.
Los cobradores de deudas tendrían que informar a los inquilinos sobre sus derechos bajo la prohibición de los CDC a más tardar cuando el inquilino reciba un aviso de desalojo.
El presidente Joe Biden extendió la prohibición de desalojo de los CDC hasta fines de junio, millones de hogares aún luchan por encontrar su base financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
Si bien los defensores de la vivienda han elogiado a Biden por extender la prohibición de la era Trump, también han criticado a la administración por no reparar los diversos agujeros existentes sobre el tema.
Los propietarios que violen la prohibición pueden enfrentar una multa de $200,000 y un año de cárcel, ninguno ha enfrentado cargos federales por seguir adelante con los desalojos a pesar de la orden.
Hasta ahora, los tribunales de distrito federales de Ohio y Texas también han fallado en contra de la orden de los CDC, pero sigue vigente en espera de apelaciones.
La regla CFPB, que entrará en vigencia el 3 de mayo, intentaría frenar miles de desalojos de inquilinos protegidos por la prohibición que, de lo contrario, podrían seguir adelante.
La CFPB estimó en diciembre que 9 millones de hogares podrían enfrentar el desalojo una vez que caduque la orden de los CDC, y los hogares afroamericanos e hispanos corren el mayor riesgo.
Por lo anterior, la CFPB estaba considerando más acciones sobre los desalojos y citó el acuerdo de la agencia para trabajar con la Comisión Federal de Comercio para hacer cumplir la prohibición de los CDC.
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