Deportados: responsabilidad de México y EE.UU.

En Estados Unidos el debate en torno a la inmigración indocumentada se ha centrado en los miles de personas que cruzan a diario la frontera sur en busca de asilo. Los críticos de la administración Biden han denunciado, en particular, la ausencia de una política migratoria clara que advierta a los migrantes sobre las pocas probabilidades que tienen de ser admitidos legalmente en el país, así como la falta de instalaciones adecuadas para recibir a los migrantes.

Aunque la situación dista de ser la ideal, poco a poco el gobierno federal ha empezado a procesar de manera más rápida los casos de los detenidos, especialmente los de los menores no acompañados. A este grupo se le ha dado una atención especial. Se les ha admitido con el propósito de reunificarlos con los familiares que tienen aquí.  Existe, sin embargo, un problema al que se la ha prestado relativamente poca atención en Estados Unidos: el de los miles de centroamericanos que son deportados a México.

Al igual que durante la gestión de Trump, la de Biden ha optado por deportar a la mayoría de los adultos que solicitan asilo, sin importar si vienen con niños, bajo el argumento del riesgo que representan por la pandemia del Covid-19.

Las condiciones a las que se enfrentan los migrantes deportados a México no sólo son deplorables sino altamente peligrosas. Debido a que el gobierno mexicano no ha destinado recursos para albergar a los expulsados, miles de ellos permanecen en refugios manejados por iglesias y organizaciones no lucrativas. Pero como estas instalaciones son insuficientes, cada vez más migrantes se ven obligados a permanecer en tiendas de campaña improvisadas al aire libre, sin alimentos ni acceso a ningún tipo de servicio público. Lo peor, sin embargo, es que están a merced del crimen organizado, de secuestradores y violadores que se aprovechan de su vulnerabilidad, sin que autoridad alguna los defienda.

El problema no se limita a las zonas fronterizas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que más de 150 mil familias están en territorio mexicano con la idea de llegar a Estados Unidos.

La situación es tan grave que no puede ser ignorada por más tiempo. El gobierno mexicano necesita, de manera urgente, diseñar una política específica para atender y proteger a los migrantes, especialmente a los niños. Y necesita también poner el tema sobre la mesa con Washington.

Por ningún motivo se puede aceptar que Washington se desentienda de los miles de migrantes que deporta diariamente a México.

Además de buscar soluciones para aminorar las causas de la migración indocumentada con México y Centroamérica, Biden tiene que colaborar, con el gobierno de López Obrador, en destinar recursos suficientes para dotar a los deportados de lo necesario: techo, comida, ropa y servicios médicos, así como protección contra las mafias criminales. Es un tema de derechos humanos básicos que tanto México como Estados Unidos están obligados a resolver.

(*) María Luisa Arredondo es una periodista mexicana que ha ejercido la profesión en Los Ángeles por más de tres décadas.