Para disminuir sentencias crueles, activistas abogan por reformas al sistema judicial

Las estrictas leyes contra la criminalidad que fueron adoptadas en 1980 y 1990 en California, poblaron las cárceles y prisiones de jóvenes latinos y afroamericanos a quienes el sistema judicial les aplicó duras sentencias, que hoy activistas y reformistas consideran “crueles e injustificadas”.

“Fue Hillary Clinton la que etiquetó a los jóvenes afroamericanos como súper depredadores”, recordó Alex Sánchez, director ejecutivo de Homies Unidos, una organización de Los Ángeles que trabaja con pandilleros y expandilleros. “Fue en el tiempo que había muchos asesinatos y balaceras”.

En aquellas décadas, la preocupación por la violencia callejera, el comercio y contrabando de crack y cocaína llegó a comunidades urbanas y suburbanas.

“Aplicaron la mano dura y cruel como herramienta de aplicación de la ley”, recordó Sánchez. “También incluyeron sentencias más severas como la ley de Tres Delitos y Fuera [promulgada por el exgobernador republicano Pete Wilson] y aumento de los castigos”.

En efecto, los llamados “enhacements” o penalidades más severas en las sentencias, han resultado en penas tan largas que prácticamente resultan en cárcel de por vida.

Uno de estos casos lo representa David Monterrosa, un salvadoreño que pertenecía a una pandilla. Él y otros tres cómplices planearon un robo a mano armada, en diciembre de 2007.

Durante el juicio, Rafael López —agente del Departamento de Policía de Los Ángeles— testificó que los cuatro involucrados en el asalto a Porto’s Bakery, eran
pandilleros.

“A Monterrosa le aplicaron los ‘enhancements’ y le dieron una sentencia de 39 años y ocho meses”, dijo Alex Sánchez. “Él ha dicho que no estaba con los otros en el momento del robo, pero como ya había cometido otros delitos le aplicaron mano dura”. Monterrosa tenía 30 años cuando fue encarcelado.

Otro ejemplo fue un joven centroamericano que era drogadicto, y que Alex Sánchez conocía.

“A él, por vender dos piedras de cocaína le querían dar 24 años de cárcel. Los alegatos de la fiscalía eran que él vendía la droga para beneficio de una pandilla, lo cual no era cierto… Cuando yo testifiqué a favor del muchacho, la jueza me creyó y el fiscal se enojó tanto que hasta quería traer de regreso al jurado. Al final solamente le dieron 10 años, pero con su buen comportamiento podría salir en cinco años”.

En California, dependiendo de las circunstancias del delito, el código penal podría establecer castigos de dos a 15 años adicionales, o incluso de 25 años a cadena perpetua, aún si el individuo no es miembro de una pandilla.

Según datos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, tan solo en agosto de 2019, un 6% de 11,484 individuos recibieron sentencias más punitivas. De ellos, el 92% eran afroamericanos o latinos.

“Estos números me dicen que las comunidades negras e hispanas están siendo extremadamente vigiladas… Que sin importar si tienen afiliaciones a pandillas o no, son marcados con la etiqueta de pandillero y procesados [bajo esta categoría] aun si no han cometido algún delito relacionado con pandillas”, dijo, Earl Ofari Hutchinson, líder de derechos civiles y director de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles.

Destacó que, si bien los ‘enhacements’ contra las pandillas aparecieron por primera vez en la Ley de Aplicación y Prevención del Terrorismo Callejero de 1988 (STEP), cuando el tráfico de cocaína crack y el mercado clandestino de drogas alimentaron la violencia callejera sobre la lucha por el territorio entre las pandillas en California, ya han desaparecido los tiroteos desde automóviles en movimiento y las guerras entre pandillas.

“El crimen y la violencia de las pandillas han caído a mínimos históricos a pesar de los titulares de miedo de los medios de la derecha como Fox News y la policía”, dijo Hutchinson a La Opinión.

“Esto se hace únicamente para hacer retroceder la reforma progresiva en el sistema de justicia penal”, añadió. “Su objetivo es solo uno: mantener el estándar racial sistémico en cómo se trata a afroamericanos e hispanos pobres dentro de ese sistema”.

El abogado criminalista, Michael Carrillo consideró que las sentencias aplicadas a latinos y afroamericanos “es un tema muy difícil”.

“A veces los fiscales agregan esos años solo para darle tiempo al acusado de aceptar o no una oferta de castigo… A veces no es merecido, sobre todo cuando no hay evidencia de que el acusado cometió un delito en apoyo a una pandilla”, dijo.

“Para mí, a veces eso es injusto… Lo que hacen los fiscales es para agregar más tiempo a una condena; yo tengo un cliente latino al que le iban a dar 14 años, y al final solo sirvió cinco”.

Ante ello, indicó que, con las reformas sobre este tema que ha liderado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, “muchos” de sus clientes tienen problemas con la póliza, “porque muchos han sido víctimas y quieren que [los criminales] reciban una sentencia adecuada, pero, en mi opinión creo que se debería analizar caso por caso”.

En los primeros 100 días de su mandato el fiscal Gascón y sus reformas al sistema de justicia penal han conllevado a dejar la práctica de enjuiciar a niños como adultos, ha retirado 77 mociones pendientes para transferir a losmenores a un tribunal de adultos, dando prioridad al apoyo y a la rehabilitación de los menores.

Con relación al aumento de penalidades, “en las reformas a las sentencias hemos eliminado más de 8,000 años de cárcel a que estaban expuestas muchas personas en los casos que revisamos”, dijo Alex Bastian, portavoz de la Fiscalía del condado a La Opinión.

“Ese número es apenas una cifra conservadora de los años de cárcel que le quitamos a las personas”.