Por cada ataque, más se fortalece el apoyo a los Dreamers

El nuevo ataque contra los Dreamers el fin de semana pasado puede considerarse una muestra más de la ineficiencia intelectual de quienes se oponen a la inmigración de esos miles de jóvenes que no conocen otro país más que Estados Unidos y al que llaman hogar desde hace mucho tiempo.

En efecto, la baja capacidad de raciocinio, ya sea de jueces conservadores o de políticos republicanos antiinmigrantes, les impide darse cuenta de que con cada decisión que tomen en contra de este segmento de la población, más aumenta el apoyo a estos jóvenes y sus miles de familias trabajadoras.

Es como una especie de reacción benévola, lógica y moral ante una acción malévola, ilógica e inmoral. Tan sencillo como eso.

Es difícil creer que el juez federal Andrew S. Hanen, quien dictaminó por enésima vez la “ilegalidad” del programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron en la Infancia (DACA), no se dé cuenta de que los artilugios con los que la ley quiere desaparecer a los Dreamers del mapa demográfico estadounidense no sirven más que para contentar momentáneamente a los sectores más antiinmigrantes de este país. Porque después de eso no cuentan con mejores herramientas, ni legales, ni intelectuales, ni históricas, ni mucho menos económicas.

Es, para ellos, un simple ardid político con el que pretenden volver a fortalecer las diezmadas políticas antiinmigrantes del anterior gobierno de Estados Unidos, durante el cual no solo los Dreamers, sino millones de familias inmigrantes indocumentadas, padecieron la más atroz realidad a la que una persona que ha dejado su país por diversas razones se puede enfrentar en la nación que imaginaba como salvadora.

Pero esta vez las cosas tienden a tomar otros cauces, necesariamente. Es cierto que este nuevo obstáculo, por llamarlo de algún modo, profundiza cierta desesperanza entre los más afectados, sobre todo ahora los más jóvenes y que estaban por solicitar por primera vez la protección de DACA, pues la orden del juez indica que esta opción queda cerrada; mientras que quienes ya están protegidos, al menos tienen la posibilidad de respirar tranquilos mientras dura dicha protección, dada la temporalidad del programa.

En esa situación momentánea han quedado miles de seres humanos que ya han dado muestras irrefutables de sus múltiples aportaciones a este país, desde el ámbito laboral hasta el académico, pasando por el empresarial creando empleos, o el médico enfrentando una de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad en la primera línea de combate. Sin olvidar, por supuesto, sus millonarias aportaciones fiscales.

Sí, porque si hay que hacer justicia habría que empezar por ahí, poniendo en la balanza claramente lo que los Dreamers y sus familias han hecho por Estados Unidos, y lo que potencialmente harán cuando su situación migratoria se regularice.

Pongamos en contexto, una vez más, las aportaciones de los Dreamers: estudiosos del tema estiman que los jóvenes con DACA agregan más de $42 mil millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos cada año, lo que significa que sus contribuciones son seis veces más que lo que el programa le cuesta al país, calculado en unos $7 mil millones. ¿Alguien en su sano juicio quiere perder esos ingresos? De hecho, se estima también que si el programa DACA se cancelara definitivamente, la economía estadounidense estaría perdiendo más de $21 mil millones. ¿Le alcanza al juez Hanen y a los políticos republicanos con sus sueldos para cubrir esa suma? Seguramente no.

En esa perspectiva se coloca ahora lo que el Congreso puede y debe hacer, especialmente la parte demócrata. No solo porque fue una promesa de campaña, sino sobre todo porque tiene el poder de hacerlo: las dos cámaras y la Casa Blanca. Solo falta demostrar que se tiene la voluntad, la inteligencia y la eficacia política para lograr los votos necesarios, y convertir de ese modo a 2021 en un año histórico logrando una reforma migratoria más que necesaria para todos.

Es ahora o nunca.

En efecto, si en el lado antiinmigrante se insiste una y otra vez de una manera simplista que los Dreamers están en el país “ilegalmente” y que por esa razón hay que “castigarlos” (como si ellos hubieran sido responsables de su situación), del otro lado se tiene que insistir también, una y otra vez, que tanto los Dreamers como sus familias y el resto de los 11 millones de indocumentados que viven, trabajan y aportan en este país, han sido capaces de mantener con su esfuerzo una de las economías más poderosas del planeta.