Agentes de LAPD no activan sus cámaras corporales de video

Aproximadamente 1,755 agentes de los 9,000 que son parte del Departamento de Policía de Los Ángeles tardan en encender sus cámaras corporales en incidentes de fuerza, lo que les ha ganado fuertes críticas de activistas en contra de la brutalidad policiaca y abogados criminalistas.

Un informe reciente de la Oficina del Inspector General, Mark P. Smith ante la Comisión de Policía señala que, si bien el 96.3 % de los agentes involucrados en incidentes de uso de la fuerza durante un período de un año activó sus cámaras corporales, casi el 20% de ellos lo hizo tarde e inconsistente con la política del departamento.

“Es obvio que este es un asunto preocupante porque los policías están rechazando el uso de las herramientas para que se tenga una mayor vigilancia sobre ellos”, dijo a La Opinión, Hamid Khan, director ejecutivo de Stop LAPD Spying Coalition (Coalición Alto al Espionaje del LAPD).

“Es un claro ejemplo de que el no uso de las cámaras corporales es para reducir responsabilidades y justificar la violencia que cometen contra las personas”, añadió el activista.

“Tiempos para mentir”

El informe de la Oficina del Inspector General analizó 53 incidentes que involucraron a 262 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles entre junio de 2019 y julio 2020.

 El LAPD define el uso categórico de la fuerza como incidentes de fuerza mortal por un oficial.

Los incidentes revisados por la oficina del Inspector General Mark Smith incluyó 33 tiroteos por parte de oficiales, nueve descargas involuntarias de armas de fuego, seis usos de la fuerza que enviaron a alguien a un hospital, dos casos de golpes a la cabeza de un individuo con un arma de impacto, una muerte bajo custodia, una restricción de control carótidea y otro uso de fuerza letal.

Siete de los 53 incidentes que examinó la oficina del Inspector General no fueron registrados en video porque los policías no activaron sus cámaras.

El informe señala, además, que el 13.9% de oficiales que se suponía que debían activar sus cámaras de video digitales en una patrulla no lo hicieron.

“Que no enciendan las cámaras es grave para los casos criminales; es como si regresáramos a los años 1990 cuando la gente pensaba que los agentes de LAPD no cometían abuso policiaco”, declaró el abogado penalista Michael Carrillo. “Estamos regresando a los viejos tiempos de la paliza a Rodney King”.

Michael Carrillo agregó que, junto con su padre, Luis Carrillo, desde 2008 han entablado más de 150 demandas judiciales contra el LAPD.

“Ese reporte [del Inspector General] nos dice que hemos vuelto a los tiempos donde ellos podrían mentir en sus reportes y sus supervisores y la fiscalía estaban siempre de su lado, solo sus reportes eran los que valían”, expuso. “Por eso, es preciso que tengan las cámaras puestas y funcionando, para que haya responsabilidad y sepan que hay otros que están vigilando sus actos y cómo se comportan con la comunidad”.

El Inspector General Mark P. Smith recomendó que el LAPD impulsará el cumplimiento por parte de los oficiales,  “manteniendo un programa riguroso de medidas de responsabilidad, como realizar inspecciones aleatorias y tomar acción correctiva cuando alguien actúa fuera de la política”.

Aplicación del perfil racial

Según Django Sibley, Inspector General adjunto de la policía de Los Ángeles, el LAPD implementó un programa de inspecciones periódicas en agosto de 2020.

El informe también instó al departamento a evaluar la eficacia de los avisos dados a los oficiales como recordatorios sobre el uso de la cámara corporal y políticas de grabación de video digital en la patrulla.

El jefe de policía, Michel Moore, dijo a los comisionados que “daba la bienvenida” al informe y a las recomendaciones.

“Hemos visto fallas en casos en los que ha habido una falta de cumplimiento, se han instituido avisos adicionales, educación, recordatorios y también aumentado el nivel de disciplina progresiva y responsabilidad en esos asuntos”, dijo Moore.

La política del departamento requiere que todos los oficiales activen las cámaras de video antes de iniciar cualquier investigación o actividad de aplicación de la ley que involucre a un civil, como paradas de tráfico y peatones y llamadas de servicio.

“Desde el principio, nosotros dijimos que el uso de cámaras es inútil; quizás en una o dos veces se podrá demostrar la mala conducta de los policías, pero básicamente son una mie…da, porque hacen uso selectivo de las cámaras para aplicar el perfil racial contra las minorías”, dijo Hamid Khan.

“Casi un 20% de policías que no encienden sus cámaras es muchísimo; así no sabremos nada de los incidentes que reportan. El jefe Moore debe responsabilizar a los agentes, porque de lo contrario, nosotros como abogados no tomaremos los casos de quienes han sido víctimas del abuso policiaco”, añadió el abogado Michael Carrillo.

Latino muerto bajo custodia del LAPD

El reporte del Inspector General Mark P. Smith ante la Comisión de Policía incluye la muerte de Daniel Rivera, de 37 años, un sospechoso de robo quien falleció después de ser golpeado varias veces por parte de agentes del LAPD, en agosto de 2020.

En abril, el abogado de derechos civiles, James DeSimone presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles y cuatro policías que participaron en el presunto uso de fuerza excesiva.

La demanda federal fue presentada a nombre de un menor de edad identificado con las siglas M.A.R., hijo de Rivera, su guardián Elisabeth Barran y Silvia Imelda Rivera, la madre del occiso.

La querella indica que los oficiales del LAPD usaron fuerza excesiva y letal sobre Rivera, quien se había rendido y lo sometieron con una pistola paralizante que le provocó un paro cardíaco y que recibió asistencia médica demasiado tarde.

Daniel Rivera, de 37 años, fue declarado muerto el 14 de agosto de 2020 por paramédicos aproximadamente media hora después de que la policía respondiera a una llamada de que un hombre intentaba ingresar a casas en un barrio de la ciudad de Arleta, en el Valle de San Fernando.

Cuando llegó la policía, Rivera trepó una cerca y momentos después se le vio acostado boca abajo en una cañada.

Cuatro agentes de LAPD lo siguieron la cerca y observaron a Rivera inmóvil. Mientras se acercaban, Rivera se rindió y colocó las manos detrás de la cabeza.

A pesar de que el hombre no oponía resistencia, la demanda afirma que los agentes de LAPD se abalanzaron sobre él, uno de ellos aplicando todo su peso corporal arrodillándose sobre su espalda, mientras que otros dos lo esposaron.

Según la demanda, un cuarto oficial electrocutó a Rivera cuatro veces con una pistola Taser, provocando que su cuerpo se convulsionara y se tensara. El video de la cámara del cuerpo de la policía también muestra a un oficial agarrando la nuca de Rivera y empujando su rostro contra el suelo.

Aproximadamente ocho minutos después de la llegada de los paramédicos, Rivera perdió el conocimiento, según un informe del médico forense del condado de Los Ángeles. Él murió en el lugar de los hechos.

“La ciudad de Los Ángeles y el LAPD tienen un historial de alentar y tolerar la fuerza excesiva, innecesaria y mortal”, dijo el abogado DeSimone. “Al no reconocer sus fechorías e investigar e imponer disciplina a los oficiales de manera apropiada, la ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Policía están esencialmente tolerando una cultura de comportamiento brutal”.

En casos de litigios, el LAPD nunca emite comentarios, expresaron las autoridades.