Comunidades indígenas reclaman justicia en Salinas, California

“Tengo tres, pero ya no está otro”, dice en un español básico y con la voz entrecortada, Paulina, la afligida madre de Gerardo Martínez Chávez, quien murió balaceado en la puerta de la cocina de casa, la noche del 16 de julio a manos de la policía de Salinas, California.

Paulina, su esposo Mario y diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles de los inmigrantes e indígenas reclaman justicia por el asesinato de Gerardo, de 19 años, un indígena oaxaqueño que no entendía inglés ni español.

Gerardo fue abatido de tres disparos, por parte del policía Mario Reyes.

El reporte oficial de la fiscalía de distrito del condado Monterey dio a conocer “los hechos” de la balacera.

En el reporte oficial de la fiscalía de distrito del condado de Monterey  se afirma que Gerardo recibió una orden de lanzar al piso un arma que se veía en su mano y que un vecino reportó y asumió que la pistola “podría ser una pistola de balines, pero quién sabe”.

“En la llamada, la persona que hizo el reporte dijo a la operadora que el individuo con la pistola los había atacado antes y vandalizado su propiedad”, señala el comunicado. “La persona que llamó dijo que creía que su vecino se encontraba bajo la influencia de metanfetamina, además de estar realmente borracho”.

La muerte de Gerardo fue grabada en un video sin audio que dio a conocer la oficina de la fiscal Jeannine M. Pacioni.

Las imágenes oficiales captadas por un dron enseñan justo el momento en que Gerardo fue abatido a tiros a la entrada de la cocina de su casa, -justo a la altura de la cerradura- pero no muestra los orificios de bala que se incrustaron por una ventana, aproximadamente a tres pies de distancia donde el joven inmigrante cayó herido mortalmente.

¿Venganza de un vecino?

La familia Martínez Chávez es originaria de San Vicente Coatlán, Oaxaca y hablan la lengua zapoteca.

“Creo que [Gerardo]  andaba tomando cervezas en la casa”, dijo Paulina Chávez.

Ella y su esposo Mario, además de sus otros hijos, Víctor y William, estaban en la ciudad de Oxnard, visitando a amigos de su pueblo que habían tenido un accidente automovilístico de gravedad.

“El no quiso venir con nosotros”, expresó la madre del ahora occiso. “El vecino que llamó a la policía lo  hizo por venganza… Hace un mes, por culpa de un perrito al que [Gerardo] le dio una patada y le sacó sangre cuando lo iba a morder, ese vecino se enojó y golpeó a mi hijo…, desde esa vez nos echaban a la policía”.

En su español limitado, Paulina dijo sentirse “poquito triste” por la muerte de su hijo.

“Tengo tres [hijos], pero ya no está otro. Él hablaba poquito español, pero nada de inglés”, informó. “Hace como dos años y medio estuvo un rato en la escuela de inglés, luego cerró por la pandemia y ya  no fue a aprender”.

La versión oficial…

“A las 8:01 p.m., Comunicaciones del Condado recibió una llamada al 911, en la que la persona que llamó informó que su vecino en Smith Street, que estaba extremadamente borracho, le había apuntado con una pistola negra, unos cinco minutos antes de su llamada. Cuando el operador del 911 le preguntó a la persona que llamaba qué estaba haciendo su vecino con el arma, dijo, “nos apuntó y está realmente borracho”. También dijo: Necesito un oficial aquí A-S-A-P (tan pronto como sea posible)”.

“La persona que llamó dijo más tarde que la pistola podría ser una pistola de aire comprimido y explicó que le parecía pequeña. Dijo que asumió que la pistola era una pistola de aire comprimido, “pero quién sabe”. Sin embargo, comentó además que podría ser solo una pistola de pequeño calibre. En la llamada, la parte informante también le dijo al operador que el individuo que blandía la pistola hacia él “nos había atacado antes” y que había “destrozado su propiedad anteriormente”. La persona que llamó dijo que creía que su vecino estaba bajo los efectos de la metanfetamina, además de estar realmente borracho”.

“Los oficiales intentaron conseguir un número de teléfono para poder comunicarse con él por teléfono, pero no pudieron hacerlo. También desplegaron un dron cerca para proporcionar vigilancia aérea”, indica el reporte oficial.

“Aproximadamente a las 8:36 p.m., el Sr. Martínez salió parcialmente por la puerta lateral de su residencia. Los oficiales de Salinas le dieron órdenes en español para que saliera con las manos en alto. Salió y entró por la puerta lateral de la casa varias veces, mientras ellos daban órdenes.

“A las 8:37 p.m., recuperó la pistola del interior de la casa, salió por la puerta lateral y apuntó con el arma al agente Reyes. En respuesta, el oficial disparó tres rondas de su rifle. Al menos una bala alcanzó al Sr. Martínez en el torso. Murió poco después de recibir el disparo”.

El arma que empuñaba Gerardo, en realidad era una pistola de balines.

Fiscal de distrito no responden

La oficina de la fiscal de distrito del condado Monterey, Jeannine  M. Pacioni, declinó responder a La Opinión cuáles son los protocolos del Departamento de Policía de Salinas con respecto a la desescalada de incidentes similares al que le costó la  vida a Gerardo Martínez Chávez.

Tampoco respondieron  si tenían o no un programa de capacitación para que sus agentes puedan comunicarse con los inmigrantes monolingües que desconocen el idioma inglés o tienen limitaciones con el español.

De la misma manera, guardaron silencio si el fallecimiento de Gerardo Martínez Chávez fue el resultado de la falta de comunicación por parte del oficial que disparó o si influyó la barrera del idioma; si había alguien más en peligro cuando Gerardo tomó la pistola de aire comprimido en sus manos o si el policía tenía otras alternativas antes de matar al muchacho.

“Por favor, tenga en cuenta  que la investigación está en curso. No se proporcionarán más comentarios en este momento”, dijo en un correo electrónico, Sherri L. Hall, asistente administrativa de la Fiscalía de Distrito del condado Monterey.

“Deberían cuidar a la gente, no matarla”

Jesús Estrada, coordinador de California para el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), dijo a La Opinión que, luego de la muerte de Gerardo Martínez Chávez, es necesario evaluar cada interacción de los migrantes indígenas, específicamente con la policía.

“Este caso era cuestión de vida o muerte y que ellos [los policías] no sepan cómo trabajar y comunicarse con nuestra comunidad. Eso pudo haberse evitado. Estamos en un momento de cambio estructural desde la muerte del afroamericano George Floyd y sabemos que hay una línea muy fina en donde estos asesinatos vienen siendo raciales, y eso necesita cambiar”.

Odilia Romero, directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO) indicó que la muerte del joven zapoteca “no es la primera vez que ocurre y es sistemática porque los asesinos son policías que desconocen nuestra existencia”.

Por su parte, Airam Coronado, asistente de programas de liderazgo y César Lara, director de políticas y programas del colectivo MILPA, una organización de activistas hijos de migrantes están auxiliando directamente a la familia Martínez Chávez con la apertura de una cuenta en GoFundMe para repatriar a México los restos mortales de Gerardo.

“Esto es muy triste; por muchos años la policía de Salinas no ha tenido las mejores relaciones con la comunidad inmigrante”, manifestó Cesar. “Tan solo en 2014 mataron a cinco personas”.

“Desde 2013, en total han matado a nueve”, añadió Airam Coronado.

Ellos fueron: Juan Luis Acuña, Ángel Ruiz, Osman Hernández, Carlos Mejía Gómez, Frank Alvarado, Jaime García, Marlon Joel Rodas, Brenda R. Mendoza y Gerardo Martínez Chávez.

Mientras tanto, un padre también exige justicia.

“Quiero que pague la policía. Lo que hicieron no debe ser así”, declaró Mario Martínez, el padre de Gerardo. “Ellos deberían cuidar a la gente, no matarla así”.

Piden reabrir el caso

Un portavoz no identificado de la oficina del Fiscal General del Estado de California, Robert Bonta no negó ni desmintió que estén investigando la muerte de Gerardo Martínez Chávez.

“Si bien no podemos comentar sobre quejas específicas enviadas al departamento, revisamos las quejas enviadas a nuestra oficina y nos tomamos muy en serio las preocupaciones de la comunidad”, dice la respuesta enviada a este diario.

“Dicho esto, podemos confirmar que nuestra oficina no está involucrada actualmente en este asunto. Para aclarar, las autoridades locales, en línea con el proceso existente en California, serían las principales agencias de respuesta en estos casos y estarían mejor posicionadas para proporcionar actualizaciones”.

El 30 de septiembre de 2020, el gobernador Gavin Newsom promulgó el Proyecto de Ley de la Asamblea 1506, que requiere que el Departamento de Justicia investigue los incidentes de un OIS (Oficial Involucrado en una Balacera) que resulte en la muerte de un civil desarmado.

“El Departamento de Justicia de California (DOJ) se negó a investigar este tiroteo porque el Sr. Martínez estaba armado de acuerdo con la interpretación del estatuto del DOJ”, manifestó la fiscalía del condado Monterey. “El estatuto establece que un “arma mortal” incluye, pero no se limita a, cualquier arma cargada de la cual se pueda disparar un disparo, fácilmente capaz de producir la muerte u otra lesión física grave. El DOJ informó a las partes interesadas en todo el estado que una pistola de aire comprimido entra dentro de esta definición”.

“Tenemos una parte de la historia y queremos conocer todos los hechos reales”, opinó Sarait Martínez,  directora ejecutiva del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO), con sede en Fresno “Nadie merece perder la vida como nuestro hermano Gerardo”.