Altos costos y procesos burocráticos dejan sin licencia a miles de vendedores ambulantes

El sistema creado para aprobar un permiso de venta de comida en la calle es prácticamente imposible de obtenerlo y hasta el momento solamente 180 personas de potencialmente 10,000, menos del 2% del total son las que han superado la maraña burocrática.

Si la ciudad de Los Ángeles otorga y aprueba un permiso o licencia, el visto bueno final depende del Departamento de Salud Pública del condado.

Si no es aprobado, los vendedores quedan atrapados en un laberinto donde nadie ha encontrado una salida viable para que ellos puedan ganarse la vida libremente y sin el temor que lleguen inspectores con alguaciles, los infraccionen y les tiren su comida a la basura.

Cálculos extraoficiales estiman que hay 50,000 vendedores callejeros en el condado de Los Ángeles, y de estos, aproximadamente 10,000 en la ciudad se dedican a la venta de comida.

En la actualidad, obtener un permiso cuesta $291 y el año próximo aumentará a más de $541.

En el condado, dicho permiso tiene un costo de $772, al que se suman otros $746 por una aplicación llamada “cheque de reclamo”, que se emplea para el pago de los “inspectores” sanitarios.

“El problema más grande es que la ciudad no otorgará un permiso hasta que no se haya obtenido el del condado”, dijo Doug Smith de Public Counsel, una firma de abogados pro-bono para niños y familias

En la actualidad, en la ciudad de Los Ángeles no se están aplicando multas a los vendedores ambulantes que no cuentan con permiso o licencia, después que los concejales aprobaron en junio extender la moratoria hasta que desaparezca la pandemia de covid-19.

¿De dónde vamos a sacar dinero para una licencia si apenas nos quedan $20 o $30 en un día?”, dijo Evencio Rodríguez, un vendedor de tamales, cuyo puesto se localiza en la banqueta de la intersección de la avenida Soto y Cesar Chávez, en el Este de Los Ángeles.

Como medida preventiva para la salud de sus clientes, Evencio guarda los tamales de rajas con queso, de puerco con chile verde o rojo  y de pollo dentro de un contenedor térmico.

Para servirlos, usa guantes de plástico, los coloca en contenedores desechables de cartón y los entrega en bolsas de plástico a los clientes.

“Para nada toco el tamal”, dice a La Opinión. “Es más, cuando llegamos  a vender, mi amigo [Francisco Aguilar] y yo barremos la banqueta y limpiamos toda la basura que tira la gente y dejamos bien limpio”.

Misión imposible

Evencio tampoco tiene $5,000 a $15,000 que les costaría adquirir un carrito móvil para transportar sus alimentos para la venta, un requisito del Departamento de Salud Pública del condado.

“Eso es imposible”, dijo el inmigrante de Guerrero, México, quien trabajo para una compañía de limpieza donde no le pagaban días feriados ni vacaciones hasta que renunció a seguir siendo explotado.

Como forma de protección contra el hostigamiento y arrestos por parte de la policía, en 2018, el exgobernador Jerry Brown firmó la ley SB 946 del exsenador Ricardo Lara, que prohíbe el castigo penal para los vendedores ambulantes.

Sin embargo, los vendedores de comida de Los Ángeles tienen prohibido operar cerca de lugares importantes donde se celebren grandes eventos deportivos y de entretenimiento; solamente se permiten dos vendedores al mismo tiempo en los parques de la ciudad y no pueden impedir el paso de peatones cuando sirven en la acera tamales, tacos o perros calientes.

Para Pablo Flores, ese no es un problema: tiene permiso de la ciudad y vende flores en su puesto del Este de Los Ángeles.

“Cuando estamos ocupados, en un buen día vendemos de $800 a $1,000”, dijo Pablo, oriundo de Puebla.

A poca distancia de él, Ángela Orellana, una mujer salvadoreña vende todo tipo de artículos en la acera: carriolas para bebés, ropa usada y nueva, baterías,  juguetes, mochilas y maracuyás.

“No tengo permiso, pero lo voy a pagar; quiero vender también los fines de semana”,  dijo la mujer a La Opinión. “Un día me puede ir bien y otro mal, pero lo importante es que nos dejen trabajar en paz porque a nadie le pedimos que nos ayude a pagar ni la comida ni la renta”.

Proceso complicado

Teresa Villegas, comisionada de la Junta de Obras Públicas de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que “lamentablemente el proceso es muy complicado” para que los vendedores de comida ambulantes trabajen bajo la legalidad.Agregó que “cuando –los vendedores- pasan a jurisdicción del condado no saben las reglas; vender hot-dogs, tacos, tamales, eso sí tiene complicaciones porque deben tener permiso de la ciudad y permiso del Departamento de Salud Pública del condado, y como dice  Cantinflas, ahí está el detalle”.

Quienes deseen obtener un permiso de venta de comida en la calle deberán contar con: un certificado de registro de impuestos comerciales (BTRC), permiso de venta de California, el pago del trámite y permiso del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Hay ayuda y apoyo financiero

“El condado está comprometido [para] asegurar que todos los residentes tengan acceso a oportunidades económicas que mejoren la calidad de vida y el bienestar general. Es por eso que ha instituido un proceso para formalizar la venta ambulante que puede ayudar a reforzar el apoyo a los vendedores,  garantizar la salud pública y la seguridad de los residentes que entran en contacto con ellos”, dijo a La Opinión, la presidenta de la Junta de Supervisores, Hilda Solís.

La funcionaria manifestó que “se entiende que haya algunos obstáculos para navegar en este proceso, por lo que, bajo mi dirección, el condado ha obtenido recursos que apoyan directamente a los microempresarios. Esto incluye $3.5 millones de dólares del American Rescue Plan que se destinarán a un programa de embajadores de venta ambulante”.

Solís indicó que este programa será responsable de lanzar información lingüística y culturalmente competente  para educar a los proveedores sobre la salud pública y otros estándares regulatorios, incluidas las medidas de seguridad para prevenir la propagación de covid-19, y conectar a los proveedores con el apoyo financiero necesario para obtener productos que cumplan con los códigos [sanitarios] y sean asequibles.

El año pasado, se asignó una inversión inicial de $1 millón para carritos que cumplieran con el código de salud, alcance, educación y asistencia técnica para ayudar a los vendedores ambulantes a operar con éxito.

“Además, bajo mi liderazgo, el Condado lanzó el primer Centro de Emprendedores en el Este de Los Ángeles que brinda apoyo en forma de talleres mensuales sobre el desarrollo empresarial, cómo obtener fondos, comunicaciones y más”, añadió la supervisora.

“Durante la pandemia, mi oficina ha adoptado un enfoque comunitario para llegar a los microempresarios directamente por medio de organizaciones comunitarias como Inclusive Action”, enfatizó Solís.

Agregó que el objetivo es “asegurar una distribución equitativa de los fondos de emergencia que proporcionó el Condado para abordar las dificultades financieras entre los microempresarios”.

Vende frutas y emplea a otras

Glenda Díaz, una mujer salvadoreña nacida en el Departamento de Morazán, que es propietaria de tres carritos para la venta de fruta picada y, aparte de ser dueña de su negocio, emplea a otras dos personas.

“Comencé a vender fruta desde 2008; tenía un buen patrón, pero después llegó una señora a la que solamente le importaba el dinero, y yo tenía varios tickets [multas] de la policía”, dijo. “Yo sentía que, aunque me moviera de un lado a otro, en cualquier momento me arrestaría ese policía”.

Sin embargo, Glenda, de 37 años y madre soltera de tres hijos se superó gracias a un buen samaritano que le ayudó con suficiente dinero para comprar sus carritos para la venta y conseguir los permisos del Departamento de salud Pública del condado de Los Ángeles.

“El permiso más importante es el de salubridad; con mis permisos yo puedo vender fruta, comida y mercancía, menos cerveza, alcohol ni cigarros”, dijo. “Desde hace cuatro años yo pago mis permisos y por eso no tengo problemas”.

Glenda trabaja de 5 a.m. a 9.00 p.m., seis días a la semana para poder reunir entre $3700 y $4,000 para poder pagar su renta mensual, el salario de sus dos empleadas, el pago y seguro de sus carritos, entre otros gastos.

“Ellas vendieron solamente $80 en un día; les di $50 a ellas y me quedé solamente con $30, así que imagínese cual ganancia, ese dinero es el total que yo pagué solamente por el hielo”, comentó.