Exigen respuestas al alcalde Garcetti sobre la explosión del 30 de junio en el sur de LA

Después de un mes y medio de la explosión de fuegos pirotécnicos ilegales que cobró la vida de dos personas y lesionó a decenas de personas más, todavía hay respuestas de la alcaldía de Los Ángeles a sus necesidades.

Decenas de adultos, jóvenes y niños de familias que resultaron damnificadas protestaron frente a las oficinas centrales del Departamento de Policía de Los Ángeles y afuera de las oficinas del Ayuntamiento municipal, donde acusaron a los oficiales de LAPD y agentes del Escuadrón de Bombas  de “negligencia criminal”.

“Queremos los nombres de los policías”, dijo a La Opinión Francisco Romero, director de Comités de Resistencia, un organismo defensor de la comunidad. “Lo que hicieron no fue un error humano, sino una negligencia criminal [durante la explosión]”.

El 30 de junio, aproximadamente 42 libras de explosivos que fueron decomisadas estallaron en el bloque 700 al este de la calle 27, en una zona habitada mayoritariamente por afroamericanos y latinos.

“Si la explosión hubiera pasado en Beverly Hills, Santa Mónica, o Culver City, los alcaldes en esas ciudades hubieran respondido de inmediato”, manifestó María Velázquez,  hija de los inmigrantes poblanos, cuyas tres unidades de departamentos en un solo terreno fueron seriamente afectadas por la explosión.

Velázquez, otras familias y activistas de la organización Unión del Barrio marcharon en el centro de la ciudad y depositaron simbólicamente una carta de reclamo a Garcetti, misma que introdujeron por debajo de la puerta principal del lado este del Ayuntamiento.

“Trato de ciudadanos de segunda clase”

En las exigencias de la misiva, los manifestantes exhortan a que el alcalde apoye “de inmediato” la reparación de las casas dañadas para que la gente retorne segura a su hogar; que se den a conocer los nombres de los policías de LAPD o del Escuadrón de Bombas que ordenaron la detonación de los fuegos pirotécnicos ilegales en el vecindario.

También, pidieron asistencia financiera inmediata para cada uno de los afectados, incluyendo inquilinos, dueños de casas y propietarios de negocios.

Para las aproximadamente 25 familias que están hospedadas en el hotel Level, del centro de la ciudad, piden que no se les niegue el acceso a la alberca y el gimnasio, de modo que “no sean tratados como ciudadanos de segunda clase”.

Finalmente, los manifestantes plantearon en la carta, que las autoridades municipales garanticen por escrito que seguirán pagando por la vivienda donde se encuentren  “hasta que la ciudad repare nuestras casas y sea seguro que podamos regresar”.

Desde la intersección de la avenida San Pedro hacia la calle 27 donde ocurrió la tragedia, patrullas de LAPD vigilan la zona las 24 horas del día, para evitar cualquier acto de vandalismo en las casas dañadas.

La zona esta acordonada desde  la intersección  este de la calle 27  y  San Pedro hacia la avenida Stanford,  donde se han colocado letreros de prohibición de entrada, debido a la inseguridad de los inmuebles

“Ahí no se puede vivir; muchas casas han sido abandonadas”, indicó Ron Góchez, director de Unión del Barrio. “Algunas familias han recibido $10,000  de ayuda, pero muchos han perdido ya sus trabajos porque no tienen en que transportarse, sus automóviles también resultaron dañados”.

Información oficial de la oficina del alcalde Garcetti indica que inicialmente, al menos dos docenas de  familias recibieron $2,000 de emergencia, inmediatamente después de la tragedia y otros $10,000 provenientes de un fondo de emergencia de $1 millón que aseguró el concejal Curren Price Jr., representante del Distrito Noveno.

“Estas familias están sufriendo mucho en este momento, y aunque nada puede deshacer el trauma que ha trastornado sus vidas, la Ciudad continuará ayudando a aquellos que se han visto afectados a medida que aceleramos un alivio más sustancial”, expresó Harrison Wollman, portavoz del alcalde Garcetti.

Ello no es suficiente para María Velázquez, quien no sabe cómo se va a arreglar la casa de sus padres[Hilario y Minerva Velázquez], que era el sueño americano conseguido después de 27 años de arduo trabajo en Estados Unidos.

“La aseguradora le ofreció poco dinero a mi padre, y un abogado le dijo que aceptara y, de lo demás que haga falta, que responsabilice a la ciudad”,  dijo a La Opinión.