Fin del TPS golpea a hospitales y asilos: temen grave escasez de trabajadores inmigrantes
La escasez de personal amenaza la atención en hospitales, asilos y cuidados paliativos
Hospitales y residencias para adultos mayores advierten que perderán miles de trabajadores tras el fallo sobre el TPS. Crédito: Jeff Chiu | AP
El reciente fallo de la Corte Suprema que permite al gobierno retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de inmigrantes de Haití y Siria ya comienza a generar consecuencias en uno de los sectores más sensibles del país: la atención médica y el cuidado de adultos mayores.
Hospitales, residencias de ancianos, centros de cuidados paliativos y agencias de atención domiciliaria advirtieron que podrían perder a miles de trabajadores con experiencia, lo que agravaría la escasez de personal que desde hace años enfrenta el sistema de salud estadounidense.
Organizaciones del sector aseguran que el problema no es únicamente migratorio. También representa un desafío para millones de pacientes que dependen diariamente de enfermeros, auxiliares, cuidadores y otros profesionales nacidos en el extranjero.
Los sectores que resentirán más el impacto
Entre los más afectados se encuentran las residencias para adultos mayores, los hogares de ancianos, las unidades especializadas en demencia, los centros de cuidados paliativos y los servicios de atención domiciliaria.
Según un análisis de KFF, en 2023 los inmigrantes representaban aproximadamente el 24% de la fuerza laboral en residencias para personas mayores, el 21% en centros de enfermería especializada y entre 32% y el 40% en los servicios de atención en el hogar.
La preocupación es inmediata porque muchos beneficiarios del TPS cuentan con autorización legal para trabajar y desempeñan funciones esenciales que han sido difíciles de cubrir durante años.
Para Katie Smith Sloan, presidenta y directora ejecutiva de LeadingAge, el fallo coloca al sector en una situación crítica.
“El personal que apoya diariamente a los adultos mayores ahora puede perder sus empleos de la noche a la mañana. No existe una reserva de trabajadores capaz de reemplazar relaciones construidas durante años”, afirmó.
La organización advirtió que algunos centros podrían verse obligados a limitar nuevos ingresos, reducir servicios e incluso cerrar unidades hasta conseguir reemplazos.
Más presión para un sistema que ya enfrenta escasez de personal
Diversas asociaciones del sector coinciden en que el impacto irá mucho más allá de los trabajadores afectados.
La American Seniors Housing Association (ASHA) alertó que los proveedores podrían enfrentar mayores costos laborales, incremento en el pago de horas extras y una creciente dependencia de agencias de contratación temporal.
“El impacto más significativo será la pérdida de cuidadores experimentados y personal de primera línea“, explicó Jeanne McGlynn Delgado, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de ASHA.
Por su parte, Argentum, organización que representa a comunidades de vivienda para personas mayores, recordó que los trabajadores nacidos en el extranjero constituyen una parte fundamental de la fuerza laboral del sector.
El envejecimiento de la población agrava el panorama
El desafío llega en un momento especialmente complejo para Estados Unidos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) proyecta que la demanda de asistentes de enfermería crecerá un 44 % entre 2023 y 2028, impulsada por el rápido envejecimiento de la población.
A ello se suma que, según la American Business Immigration Coalition (ABIC), alrededor del 15% de todos los trabajadores sanitarios no ciudadanos cuentan con algún tipo de protección migratoria como el TPS, mientras que más del 20% de los haitianos que viven en Estados Unidos trabajan en el sector salud.
Durante una conferencia organizada por ABIC, Rob Liebreich, presidente y director ejecutivo de Goodwin Living, resumió la preocupación de los proveedores.
“Tenemos un problema matemático. Cada vez habrá más adultos mayores que necesitarán cuidados y menos personas disponibles para brindarlos”, señaló.
Especialistas coinciden en que la decisión judicial no solo afecta el futuro laboral de miles de inmigrantes. También amenaza con incrementar los tiempos de espera, elevar los costos de atención y dificultar el acceso a servicios para una población estadounidense que envejece rápidamente y demandará cada vez más cuidados especializados.
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