¿Cómo la Corte Suprema puso a 1.3 millones de inmigrantes con TPS en riesgo de deportación?
El fin del TPS para Haití y Siria abre la puerta para terminar con la misma protección a inmigrantes de varios países, indican expertos
El TPS para Haití fue creado tras un terremoto en 2010. Crédito: Lynne Sladky | AP
Aunque la decisión de la Corte Suprema sobre abrir la puerta al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) fue para casos de Haití y Siria, su determinación pone en riesgo a 1.3 millones de inmigrantes de otros países que tienen tal protección, revelaron organizaciones que defienden a inmigrantes.
Por ahora, los TPS que pueden ser cancelados en 32 días son los de Haití y Siria, cuyas personas protegidas quedarán sin el ‘parole’ o “perdón a la deportación” correspondiente y perderán el Documento de Autorización de Empleo (EAD).
En comentarios con reporteros en la Casa Blanca, Stephen Miller, el subjefe de gabinete y asesor en políticas migratorias de Donald Trump, dijo que las personas que ya no tengan TPS podrían ser deportadas a su país.
“Si ya no tienen estatus legal en este país, entonces deben ser deportados”, dijo escuetamente.
La decisión fue sobre los casos consolidados Mullin v. Dahlia Doe y Trump v. Miot, por lo que en 32 días podrían ser detenidos y deportados, indiço la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
En el caso de los haitianos, se trata de más de 340,000 personas con TPS, aunque el impacto por familia es mayor; en tanto unos 6,000 sirios serían impactados por la decisión avalada por los seis jueces conservadores del Máximo Tribunal.
La campaña ‘Welcome with Dignity’, que integra varias organizaciones de derechos civiles y defensa de inmigrantes, calificó de devastadora la decisión sobre el caso Mullin contra Al Otro Lado, que reclamó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no presentó argumentos válidos –y sustentados– sobre la terminación del TPS.
“La administración está atacando a los beneficiarios del TPS por la misma razón por la que ha atacado otras protecciones humanitarias. Despojar a las personas de su estatus legal facilita la implementación de la injusta y cruel campaña de deportación de Trump”, declaró Robyn Barnard, vicepresidenta de Derechos de Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First y codirectora de la campaña Welcome With Dignity.
La coalición abordó también la decisión que limita la petición de asilo en la frontera, impidiendo que una persona que llega al borde entre México y Estados Unidos solicite asilo, debido a que no “ha llegado” a territorio estadounidense.
“Las decisiones de hoy tendrán consecuencias humanas devastadoras para las familias que buscan seguridad, para los miembros de larga data de nuestra comunidad y para nuestro país durante los próximos años”, agregó Barnard.
¿Y por qué 1.3 millones de personas afectadas?
La protección de TPS –creado por el Congreso en 1990– aplica para varios países, incluidos El Salvador, Ucrania, Honduras, Afganistán, Burma, Etiopía y Sudán. En el caso de Venezuela, el programa terminó en 2025, aunque el permiso de trabajo fue extendido hasta octubre de 2026.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, advirtió porqué la decisión de la Corte Suprema impacta a 1.3 millones de personas.
“Esto no es el final. Como inmigrantes, todos sabemos que las cosas nunca han sido fáciles, ni lo son. Seguiremos luchando por un futuro mejor para los 1.3 millones de personas que merecen mantener a sus familias unidas y seguir viviendo en Estados Unidos”, expresó.
Ahilan Arulanantham, profesor y codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Familia Miñana en la Facultad de Derecho de UCLA expuso que, en los últimos años, la Corte Suprema ha fallado en contra de los derechos de las comunidades inmigrantes en casos importantes.
“La decisión otorga a la administración, y a la extrema derecha del movimiento antiinmigrante, una importante victoria que no han podido obtener a través del Congreso durante años”, dijo el experto. “Miembros de esta administración han querido eliminar las protecciones del TPS mediante legislación. Esta victoria les permite lograr prácticamente el mismo resultado sin tener que pasar por el Congreso”.
¿Y las expresiones racistas?
En nombre de la mayoría, el juez Samuel Alito escribió la decisión sobre el TPS y afirma que sus reglas prohíben la revisión judicial del DHS, entonces liderado por Kristi Noem. La Corte también dictaminó que es probable que los beneficiarios haitianos del TPS pierdan su demanda, en la que alegaron que Noem puso fin al TPS de Haití, porque la mayoría de los ciudadanos del país son negros. Para Alito y los otros jueces no hubo expresión discriminatoria.
“La decisión de la Corte Suprema también determina que ni siquiera es ‘probable’ que las declaraciones del presidente [Donald Trump] y de la secretaria Noem sobre los haitianos estuvieran motivadas por discriminación racial. Esta conclusión es profundamente preocupante no solo para los casos de inmigración, sino para el estado de la justicia racial en este país en general”, agregó Arulanantham.
La jueza Elena Kagan emitió un voto disidente, al que se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
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