La otra rebelión de los pueblos indígenas de México: sus propios gobernadores

MEXICO.- El Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas instauró en cada uno de los 32 estados del país un gobernador de las etnias locales que pretenden ser un poder paralelo a las estructuras políticas. No quieren comprensión, dádivas ni migajas de apoyos sociales, dicen, sino reconocimiento real y acceso directo al prepuesto, sin intermediarios.

Quieren el mismo respeto que se les da a los gobernadores electos por la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) porque nuestros gobernadores también se eligen en asambleas de las comunidades por usos y costumbres”, dijo Rafael Ornelas, indígena huachichil-Wixhrarica, presidente del consejo.

Para ello, sostuvo, cuentan con el fallo que les otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) basados en el artículo II. “Somos el cuarto poder: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el de los Pueblos Indígenas”, agregó.

En México hay 23.2 millones de personas que se consideran a sí mismas indígenas, según el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Eso representa casi uno de cada cinco de los 126 millones de habitantes, la mayor proporción en América Latina.

Están diversificados en 68 etnias, según datos oficiales y cada una con lengua originaria propia, organizadas en 11 familias lingüísticas y 364 variantes.

Las asambleas locales en los pueblos de donde se eligieron a los gobernadores del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas se comenzaron a realizar el año pasado.

La organización se constituyó legalmente ante notario público poco antes de su Asamblea General en julio pasado en San Andrés Larrainzar, Chiapas, como un símbolo de continuidad a las primeras demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pero como un movimiento en todo el país, incluyente y modernizado, explica Alvaro Vizuet, comisionado legislativo.

Para ello cuentan con el fallo que les otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) basados en el artículo II que recientemente ratificó la libre determinación de los pueblos originarios

“Sentimos la necesidad de organizarnos ante la fatiga y el desconocimiento del Estado Mexicano ante nuestras necesidades”, advirtió en entrevista con este diario. “Cada vez que el gobierno se da cuenta de que los intereses de los pueblos originales no coinciden con los propios, independientemente de quien sea, nos hace a un lado: ahora ocurre con el Tren Maya”.

Indígenas que viven en las regiones que atravesará el Tren Maya, uno de los principales proyectos de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se oponen a la construcción y denuncian que las consultas que se hicieron fueron manipuladas y sin la información que ordena el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 69.

En un acto radical, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, colectivo con presencia en los estados de Campeche y Yucatán, rechazó las disculpas ofrecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador  por los 500 años de la caída de Tenochtitlan por considerarlo contradictorio y tomó por unos días la sede federal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Inconformidad similar, se vive actualmente por el Proyecto Integral Morelos, una planta que producirá electricidad con un generador accionado por una turbina de gas, al que se han opuesto nahuas del estado de Morelos, en el municipio de Tepoztlan apoyados por el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN.

Pero el cuento es mucho más viejo. Particularmente en el tema de los gobernadores indígenas, hubo en los años 70 del siglo pasado un primer intento del gobierno de impulsar el tema étnico sin que se le fuera de las manos.

Con este halo nació el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), una organización que algunos grupos indígenas tachaban de títere del gobierno. Veinte años después, con una modificación legal, se buscó impulsar la figura de representantes indígenas en cada uno de los estados.

Alvaro Vizuet y Rafael Ornelas coinciden en que esta etapa fue una de las más oscuras  porque en nombre de los indígenas, algunos de ellos se autonombraban gobernadores, sin asamblea, y, en complicidad con las autoridades locales, desviaban recursos para sus bolsillos particulares.

“Hipólito Arriaga —quien estuvo como representante indígena en el Estado de México durante más de una década— fue un títere de Manlio Fabio Beltrones (ex gobernador de Sonora, ex presidente del PRI, senador y diputado) y Arturo Montiel (ex gobernador mexiquense), le inventaron el grado de Gobernador para que los recursos que estaban se los robara, a él le daban una cantidad y el grueso se lo quedaban los mandatario”, detalla Vizuet.

“Primero lo hizo con Montiel, siguió igual con Enrique Peña como gobernador y luego Eruviel Avila. Además enseñaron la fórmula a otros estados, donde hacían lo mismo: el recurso se lo quedaban los mandatarios y a los indígenas les daban comida el Día de la Raza”.

En mayo pasado, poco antes de la muerte de Hipólito Arriaga, la organización Gobierno Indígena de México denunció a éste por crear 80 empresas para pedir financiamiento nacional e internacional en nombre de los pueblos originarios sin que éstos llegaran a ninguna parte de donde supuestamente tenían que beneficiarse.

“Nosotros queremos evitar ese tipo de dirigencias que no son electas en asambleas populares”, advierte Ornelas.

Largo camino

De acuerdo el Programa Universitario México Nación Multicultural, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México existen alrededor de 75 organizaciones de comunidades indígenas con intereses regionales muy específicas, un hecho que complica la cohesión.

De Jalisco a Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Puebla…; zapotecos, huites, nahuas, mayas, mixtecos; mujeres, cafetaleros, maestros, campesinos; en defensa del agua o del territorio como el más famoso del todos: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El reto es poder articular agendas. El Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas cree que se puede. Apuestan por la unidad, la inclusión y están contra el caudillismo y la imposición de agendas desde el gobierno.

Consideran que la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), un órgano colegiado empujado por la actual administración, no ayuda a dar a conocer la problemática real de los pueblos originarios y, en cambio, posiciona los intereses oficiales sobre el tema: actualmente  una Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, entre el 19 de junio y el 25 de julio pasados, consultó a más de 20,000 autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos para construir una iniciativa que garantice sus derechos colectivos, que los reconozca como sujetos de derecho público y que haga valer su autonomía y libre determinación.

Esta reforma busca modificar 15 artículos de la Constitución, a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, “como un acto de elemental justicia y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México”.

Pero para algunos grupos esta Reforma es un doble juego y, detrás del discurso progresista, dicen, lo que en realidad quiere el gobierno es seguir controlando el presupuesto —a través de sus instituciones— que le corresponde por ley a los pueblos originarios.

“Ya lo han hecho antes”, insistió Ortega.

Los gobernadores

Para los gobernadores electos del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, hay cinco puntos básicos que guían su actuar, y van más allá de la política.

Desde decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Pero, el objetivo principal, de acuerdo a sus estatutos, es impulsar la economía, productividad, educación, salud y los derechos humanos con el correcto manejo ambiental de nuestros ecosistemas.

“Defenderemos la valiosa diversidad biológica de nuestro país la cual está estrechamente relacionada con su gran diversidad cultural”.

Este reto no es menor. Tan sólo en la actual administración federal, que arrancó en 2018, suman 64 defensores del agua a y de la tierra asesinados, 42 de ellos, indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, principalmente.

Además, cinco en Chiahuahua, tres en Sonora; dos en Michoacán y dos en San Luis Potosí; uno más en cada uno de los siguientes: Baja California, Baja Califroania Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas.

Carmen Cariaga, vicepresidenta del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas explica que el trabajo de los gobernadores será también garantizar la seguridad alimentaria a través de métodos ancestrales de los pueblos originarios y la vivienda de las comunidades indígenas para dar una vida más digna.

“Se trata de vivienda autosustentables que llegue a más gente y con respeto a la ecología sin sacrificar los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, drenaje.

Sus pretensiones intentan también el rescate de las lenguas  a través de escuelas y universidades porque del total de los 23.2 millones de indígenas, sólo siete millones hablan alguna lengua, según INEGI.

Otro de los estatutos del Gobierno Nacional Indígena es que no participarán en la política tradicional de los partidos aunque no pueden prohibirlo a quienes deseen algún cargo por la vía democrática normal. “Queremos ser un gobierno paralelo, no parte del otro”, advierte Camacho.

De manera local, cada uno de los gobernadores tendrá sus propios retos. Omar Terrones, gobernador en Puebla de la etnia chichimeca, dice que el próximo año, su gobierno tendrá una

Secretaría de Cultura para impulsar las lenguas indígenas de la región.

Por otro lado, pretenden erradicar el uso de agroquímicos tóxicos para el ser humano, una de las principales denuncias de los grupos ecologistas y activistas indígenas por la contaminación del agua. Para lograrlo, dice Terrones, deben de controlar la cadena de producción, el abasto, transportación y comercialización ahora en manos de intermediarios que se quedan con la ganancia de los campesinos indígenas.

Otro asunto prioritario para el gobernador indígena de Puebla (y la mayoría de ellos) está relacionado con una batalla contra la apropiación cultural. “Ahora cualquiera hace ceremonias y lucra con ellas como lucran con los textiles, el barro y muchas artesanías”.

En los últimos años, a petición de organizaciones indígenas, el gobierno mexicano ha acusado a dos internacionales de la moda, Zara, Anthropologie y Patowl y Carolina Herrera de “apropiación cultural” en su última colección.

A través de la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, escribió una carta a la compañía reclamando el uso de patrones y dibujos exclusivos de ciertas regiones del país y sus pueblos indígenas y pidió que por las ganancias de las respectivas colecciones debería de haber una parte para las etnias creadoras.

“Nos ha faltado ser más firmes para defendernos en contra de la apropiación cultural”, dijo Terrones. “Vamos a trabajar en ello”.

Para la excandidata de Morena en Durango, Sandra Vázquez, la misión primordial será la gestión de apoyos desde el gobierno federal  o estatal, un propósito casi imposible porque desde 2020, el gobierno de López Obrador recortó alrededor de 125 millones de dólares al presupuesto dedicado para la atención a indígenas.

Alvaro Vizuet considera que, en adelante,como gobernadores será mucho más fácil obtener presupuesto de organismos internacionales que del Estado mexicano. “Por eso queremos tener esa independencia como autoridades paralelas no subordinadas”

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