Entra en vigor en Texas ley contra el aborto que Biden califica de “extrema”

La ley contra el aborto que impide la interrupción del embarazo después de seis semanas y es calificada como la reforma conservadora más restrictiva en el país entró en vigor este miércoles en medio de severas críticas de expertos en derechos civiles, además del presidente Joe Biden, quien la calificó de “extrema”.

Aunque enfrentó distintos desafíos en tribunales, la Corte Suprema no actuó a una solicitud para bloquear la norma, aunque podrían tomar una determinación de último momento, para luego abrir una discusión más a fondo, sobre todo porque expertos indican que la legislación viola los preceptos impuestos por Roe v. Wade.

Según los expertos, la nueva ley equivale a una prohibición casi completa del aborto en Texas.

“(La ley) reduciría inmediata y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, excluyendo la atención de al menos el 85 por ciento de las pacientes”, reclaman los activistas en una petición al Máximo Tribunal.

Las normas nacionales en entidades donde el aborto es legal siguen un lineamiento impuesto por la Corte Suprema, que prohíben a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, generalmente entre las 22 y 24 semanas de embarazo, aunque cada congreso local puede implementar criterios sin violar esa especie de “guía”.

El punto complicado en la ley de Texas se enfoca en los proveedores de servicios de asesoría o médica, quienes podrían ser perseguidos penalmente por procedimientos, es decir, organizaciones que orientan a las mujeres o las clínicas que las atienden enfrentarían complicaciones.

El presidente Biden criticó la norma, conocida como la SB8 y aprobada en mayo pasado, la cual establece que no se podrá abortar al momento que se escuche “el latido” del producto.

“La ley de Texas afectará significativamente el acceso de las mujeres a la atención médica que necesitan, particularmente para las comunidades de color y las personas de bajos ingresos“, afirmó el mandatario. “Escandalosamente delega a los ciudadanos privados para que entablen demandas contra cualquier persona que crean que ha ayudado a otra persona a abortar, lo que incluso podría incluir a familiares, trabajadores de la salud, personal de recepción en una clínica de atención médica o extraños sin conexión con el individuo”.

El gobernador republicano Greg Abbott firmó la ley en mayo 19.

“En Texas trabajamos para salvar esas vidas… Y eso es exactamente lo que hizo la Legislatura de Texas en esta sesión”, afirmó.

Jamille Fields Allsbrook, directora de Salud y Derechos de la Mujer en el Center for American Progress, criticó la decisión sobre la ley y consideró que será “casi imposible” para una mujer recibir atención segura de proveedores capacitados.

“Aproximadamente el 85 por ciento de quienes obtienen un aborto en Texas tienen al menos seis semanas de embarazo, lo que significa que la ley prohibirá efectivamente casi todos los abortos“, señaló. “Esta ley misógina y racista también permite que cualquier ciudadano particular demande a cualquiera que ayude a alguien a acceder a servicios de aborto, incluidos los proveedores de este servicio, así como familiares y amigos que apoyan a su ser querido”.