Los inquilinos necesitan un abogado ante un desalojo

Imagínate que un día llegas a casa y encuentras un aviso en la puerta que dice: “A todos los inquilinos se les notifica que debido a que el alquiler del inmueble está pendiente de pago, tienen tres días para cubrir la totalidad de lo que adeudan o su contrato se dará por terminado y serán objeto de desalojo”.

Eso es precisamente lo que va a ocurrir a miles de californianos cuando la moratoria de desahucios del estado termine el 31 de septiembre de 2021. Todos los días, los inquilinos reciben notificaciones exigiendo el alquiler que no pueden pagar debido a la pandemia. Mientras, miles de millones de dólares federales destinados a ayudarles a pagar a los propietarios se quedan en el banco.

La mayoría de los arrendatarios no saben qué hacer o a dónde acudir para pedir asesoría, y menos que haya fondos disponibles para ayudarles. Además, solo algunos pocos afortunados, tiene representación legal.

Antes y durante la pandemia, representé a inquilinos en juicios de defensa por desalojos en la ciudad de Los Ángeles, donde más del 60% de los habitantes renta.

Un día, entré al tribunal y vi al menos a 30 personas, casi todas de color, sin abogado defensor. Los propietarios tenían representación legal. A nivel nacional, sólo el 3% de los inquilinos tienen un abogado en estos casos, contra el 81% de los propietarios.

Un proyecto de ley actualmente en la Asamblea estatal, AB 1487 crearía un fondo para igualar las posibilidades de inquilinos y propietarios.

Proporciona fondos para la representación legal y provee servicios de intervención y mediación previos al desalojo. Los elementos combinados del proyecto de ley son especialmente importantes en este momento cuando la pandemia hace estragos y la gente sigue sin poder encontrar trabajo y pagar el alquiler.

El proyecto de ley AB 1487, promovido por Housing Now, Inner City Law Center, Legal Aid Association of CA y Western Center on Law and Poverty, se someterá a votación en el Senado antes del Día del Trabajo (6 de septiembre).

Si obtiene el apoyo bipartidista, se aprueba y es firmada por el gobernador, daría prioridad al acceso legal de 17 millones de inquilinos.

Hay mucho en juego para ellos sin un abogado que los represente, que perdieron el juicio y tienen que mudarse.

Las afroamericanas con hijos y los inquilinos latinos son quienes corren más riesgo de ser desalojados. Y la mayoría de los propietarios de California son corporaciones que tienen los recursos que necesitan para ganar en tribunales. Su prioridad es hacer felices a los accionistas, y no mantener a las comunidades seguras y estables.

Las consecuencias para los inquilinos, además de la pérdida de su hogar, son la exacerbación de sus problemas médicos, incluyendo COVID-19, estrés, ansiedad y depresión. El juicio de desalojo en el historial, les dificulta conseguir un alquiler en el futuro. Puede impedir que un niño vaya a la escuela si cambia de distrito o incluso hacer que un padre tema que le quiten a su hijopor no tener un lugar en dónde vivir.

Con tanto en juego, es razonable suponer que los inquilinos tienen derecho a ser representados en los tribunales, pero en California todavía no es así.