Trump destina $410 millones a deportaciones de inmigrantes a países que no son los suyos
Documentos internos revelan cómo una oficina de refugiados negoció con 31 países para recibir deportados de EE.UU.
La administración Trump ha comprometido al menos $410 millones para acuerdos de deportación con terceros países. Crédito: Ketlain Difficile | AP
La administración de Donald Trump ha convertido una pequeña oficina del Departamento de Estado en una pieza clave de su estrategia de deportaciones de inmigrantes a terceros países, con al menos $410 millones comprometidos para facilitar acuerdos con 31 gobiernos, principalmente de África y América Latina.
La cifra y el alcance de la operación fueron revelados por The Washington Post en una investigación basada en documentos internos del gobierno y entrevistas con funcionarios actuales y anteriores. El reportaje forma parte de The Deportation Project, una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories.
El centro de esta estrategia es la llamada Oficina de Remigración, una división de aproximadamente 15 empleados dentro de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado.
Su responsable es Christian Ehrhardt, funcionario de carrera de 41 años que durante casi dos décadas trabajó en seguridad diplomática. Según el diario, ahora viaja por África para negociar con gobiernos que acepten vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos, incluso cuando esos inmigrantes no tienen nacionalidad ni vínculos previos con esos países.
$410 millones para acuerdos con terceros países
Los documentos revisados por el periódico muestran que, de los $410 millones comprometidos, al menos $81 millones corresponden a pagos directos a 13 gobiernos extranjeros.
Otros $179 millones fueron prometidos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mientras que $124 millones se destinaron a la Agencia de la ONU para los Refugiados para proyectos relacionados con refugiados e infraestructura en terceros países.
Según funcionarios citados por The Post, estos recursos también funcionan como incentivos para que gobiernos extranjeros acepten recibir deportados.
Uno de los ejemplos señalados es Eswatini, donde Estados Unidos acordó pagar $5.1 millones para aceptar hasta 150 personas. También aparece Guinea Ecuatorial, con un acuerdo de $7.5 millones para recibir hasta 250 ciudadanos de terceros países.
En total, la administración ha deportado a más de 25,000 personas a al menos 28 terceros países, según el análisis realizado para la investigación con información de distintas organizaciones. La mayoría, unas 20,000, fueron enviadas a México.
La estrategia no está exenta de controversia legal. El 18 de septiembre, una corte federal de apelaciones determinó que la política de deportaciones rápidas a terceros países es ilegal porque los inmigrantes no recibían suficiente aviso ni una oportunidad significativa para presentar argumentos relacionados con persecución o tortura.
Una oficina de refugiados con una misión distinta
El cambio representa una transformación profunda dentro del Departamento de Estado. La oficina que históricamente administraba programas de asistencia humanitaria y reasentamiento de refugiados ahora participa en la implementación de la agenda migratoria de Trump.
Andrew Veprek, superior de Ehrhardt, lo explicó durante una intervención en abril: “Hemos cambiado por completo la orientación de la oficina”.
Según Veprek, la Oficina de Población, Refugiados y Migración tenía un presupuesto cercano a $4,000 millones y se enfocaba en “traer personas a Estados Unidos”. Ahora, dijo, está enfocada en “implementar la agenda migratoria del presidente”.
El gobierno sostiene que los terceros países son necesarios para deportar a personas que tienen órdenes finales de expulsión, pero cuyos países de origen no las reciben o a quienes la ley estadounidense impide regresar debido al riesgo de persecución.
La administración también ha defendido la política. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que las personas enviadas a terceros países son principalmente quienes tienen órdenes de expulsión y cuyos países de origen no las aceptan.
Sin embargo, abogados de inmigración cuestionan el mecanismo y sostienen que puede dejar a las personas expuestas a nuevos riesgos.
En uno de los casos descritos por el diario, inmigrantes enviados a Guinea Ecuatorial denunciaron haber sido golpeados por guardias armados, privados de alimentos y mantenidos en condiciones precarias.
La disputa ahora también tiene una dimensión judicial. Reuters informó que la decisión de la corte de apelaciones podría llevar el caso ante la Corte Suprema, mientras el gobierno busca mantener vigente su política de deportaciones a terceros países.
Así, lo que comenzó como una pequeña oficina dentro del aparato estadounidense de refugiados se ha convertido en uno de los mecanismos mediante los cuales la administración Trump intenta ampliar el alcance de sus deportaciones, con acuerdos internacionales respaldados por cientos de millones de dólares.
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