Corte de apelaciones de EE.UU. declara ilegal política de Trump para deportar migrantes a terceros países
La controversia se centra en una guía interna del DHS usada para facilitar la expulsión de personas a países distintos a los que originalmente serían deportadas
Más de 25,000 migrantes habían sido afectados por deportaciones a terceros países bajo esta política. Crédito: Felix Marquez | AP
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró ilegal una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía deportar a migrantes a terceros países sin informarles previamente sobre su destino ni ofrecerles una oportunidad significativa para cuestionar la medida.
El fallo fue emitido este viernes por un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, y confirmó en gran medida una decisión dictada en febrero de 2026 por el juez federal Brian E. Murphy.
La controversia se centra en una guía interna del DHS utilizada para facilitar la expulsión de personas hacia países distintos de aquellos a los que originalmente serían deportadas. De acuerdo con el tribunal, esa política entraba en conflicto con las leyes y reglamentos que protegen a las personas que puedan enfrentar persecución o tortura en el país de destino.
Migrantes deberán tener oportunidad de objetar
La decisión establece que el gobierno no puede realizar una deportación a un tercer país sin proporcionar una notificación efectiva y una oportunidad significativa para que la persona pueda presentar sus argumentos.
En particular, los migrantes deben poder plantear un temor razonable de persecución o tortura en el país al que serían enviados. El tribunal consideró que el derecho a impugnar una deportación pierde sentido si la persona no conoce previamente cuál será su destino.
El Primer Circuito también rechazó el argumento del DHS de que las garantías generales ofrecidas por los países receptores eran suficientes para proteger a los deportados.
Según la resolución, los procedimientos previstos por la legislación estadounidense para este tipo de reclamaciones no establecen una excepción para las deportaciones a terceros países.
Una política implementada durante la administración Trump
La política cuestionada comenzó a utilizarse en 2025 y permitió al gobierno enviar migrantes a países con los que no necesariamente tenían vínculos, incluso cuando esas personas tenían restricciones para ser deportadas a sus países de origen.
Según las fuentes consultadas, algunos migrantes recibieron avisos con muy poco tiempo para cuestionar su traslado. De acuerdo con Univision, entre los afectados se encuentran ciudadanos cubanos enviados a países africanos como Esuatini, República Centroafricana y Liberia.
En tanto, Reuters reportó que más de 25,000 migrantes habían sido afectados por deportaciones a terceros países bajo esta política.
El fallo no resuelve todos los aspectos
Aunque el tribunal confirmó en lo esencial que los migrantes deben recibir aviso y una oportunidad para impugnar su deportación a un tercer país, también modificó una parte de la decisión del juez Murphy relacionada con el orden de preferencia de los países de destino.
El tribunal consideró que los demandantes principales no habían presentado una reclamación suficiente sobre ese aspecto específico, por lo que no correspondía resolverlo en ese procedimiento.
El caso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. La disputa ya había generado intervenciones anteriores de tribunales federales y de la propia Corte Suprema respecto de las deportaciones a terceros países.
Por ahora, el fallo del Primer Circuito establece un límite importante a la aplicación de esta política: antes de enviar a una persona a un tercer país, el gobierno debe darle información sobre el destino y una oportunidad real para plantear que podría enfrentar persecución o tortura allí.
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