Gobierno de Trump pide al Supremo permitir las deportaciones de inmigrantes a terceros países
El procurador general aseguró que la suspensión de vuelos afecta acuerdos diplomáticos negociados con otros gobiernos para que reciban a miles de no ciudadanos
La controversia central gira en torno a si la Casa Blanca puede expulsar indocumentados basándose únicamente en compromisos genéricos de gobiernos extranjeros de que no torturarán ni perseguirán a los trasladados. Crédito: Juan Pablo Azabache/ Archivo | AP
La administración de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema que intervenga para permitirle continuar con las deportaciones de inmigrantes a países distintos a los de origen, una política que enfrenta nuevos límites judiciales por las garantías que deben recibir quienes podrían ser enviados a lugares donde temen sufrir persecución o tortura.
El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia ante el máximo tribunal después de que el Primer Circuito hiciera efectiva una resolución que bloquea las expulsiones rápidas hacia terceros países cuando los inmigrantes no han tenido una oportunidad suficiente para plantear sus objeciones. El procurador general D. John Sauer solicitó a los magistrados suspender de inmediato la decisión de los tribunales inferiores. Argumentó que las restricciones están afectando acuerdos diplomáticos alcanzados por el gobierno con países dispuestos a recibir a personas que no son sus ciudadanos.
Según Sauer, cerca de 220 deportaciones ya fueron canceladas y otras decenas podrían estar en riesgo. El funcionario advirtió que la interrupción también obliga al gobierno a reabrir negociaciones con gobiernos extranjeros que podrían mostrarse menos dispuestos a colaborar con Estados Unidos.
El fiscal general, Todd Blanche, anunció este jueves en un mensaje en redes sociales que el Departamento de Justicia acudiría inmediatamente al Supremo, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva el miércoles la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceros países.
Horas después, el Gobierno presentó formalmente la petición de emergencia ante el alto tribunal, de acuerdo con medios locales. El litigio se centra en las garantías que deben recibir los inmigrantes cuando Estados Unidos pretende enviarlos a un país que no es el suyo.
La disputa por las garantías antes de una deportación
La política de terceros países se convirtió en una herramienta central de la estrategia de deportaciones masivas de Trump. El gobierno busca expulsar a personas cuyos países de origen no las reciben o que cuentan con protección frente a la persecución o la tortura.
La administración sostiene que puede apoyarse en garantías generales ofrecidas por los gobiernos receptores para asegurar que los deportados no serán sometidos a abusos. Los defensores de los inmigrantes, en cambio, argumentan que cada persona debe tener una oportunidad real de explicar por qué teme ser enviada a determinado país.
La resolución judicial establece que los inmigrantes deben recibir más tiempo que el plazo de aproximadamente un día utilizado por el gobierno para presentar objeciones cuando se les informa de un posible tercer país de destino. La controversia llegó nuevamente al Primer Circuito después de que funcionarios de Seguridad Nacional cuestionaran inicialmente si la resolución ya estaba vigente. El tribunal aclaró esta semana que sus disposiciones sí deben cumplirse.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema también plantea un escenario inusual: que la jueza Ketanji Brown Jackson, a quien corresponde atender inicialmente las apelaciones provenientes del Primer Circuito, remita el caso al pleno si no concede la suspensión solicitada. Jackson ya ordenó que los abogados que representan a los inmigrantes respondan a la petición de emergencia antes de las 4 p.m. del lunes.
Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 25,000 inmigrantes han sido enviados a terceros países desde el inicio de esta política.
Sigue leyendo:
