‘No al alquiler de vivienda a corto plazo’

Desde las escalinatas del ayuntamiento, este jueves activistas y candidatos que buscan llegar al puesto de fiscal de la ciudad de Los Ángeles pidieron a la ciudad que rechace la posibilidad de convertir hasta 14,000 viviendas en alquileres a corto plazo.

Esto podría ocurrir si el ayuntamiento aprueba un segmento en la ordenanza de alquileres vacacionales. De hacerlo, se eliminaría la línea de aplicación más fuerte, que es el requisito de residencia principal, de una ordenanza de vivienda compartida aprobada en 2018.

Es decir, que permitiría a los anfitriones comerciales eliminar una segunda casa del mercado inmobiliario y la convertiría en un alquiler a corto plazo.

Los activistas indican que la laguna legal complicaría tanto el proceso de investigación que haría casi imposible para la Ciudad determinar si un alquiler a corto plazo figura de manera ilegal.

En 2018, la ciudad aprobó la ordenanza de vivienda compartida para abordar la escasez extrema de viviendas asequibles y los efectos negativos de los alquileres a corto plazo en los mercados de viviendas a largo plazo.

La ordenanza limita estrictamente el uso compartido de viviendas a las residencias principales y requiere que los “anfitriones” de alquileres a corto plazo se registren para obtener un permiso. Quienes no cumplan podrían estar sujetos a multas diarias.

El cambio a dicha ordenanza no solo afectaría la falta de alquiler pero también a miles de trabajadores de la industria hotelera.

Trabajadores afectados

Roxana Ramírez, quien ha trabajado como recamarera en hoteles por más de 20 años, dice que sería afectada.

La trabajadora, de 40 años de edad, dijo que el tener acceso a viviendas que puedan ser rentadas por corto tiempo impide que los hoteles se llenen de huéspedes.

“Mi trabajo está en peligro cada semana si no llegan huéspedes a hospedarse en los hoteles”, explicó. “Mis ingresos dependen de mi trabajo para mantener a mis hijos”.

Ramírez, al igual que miles de trabajadores en esta industria, celebraron hace tres años la aprobación de la ordenanza de vivienda compartida pero ahora se sienten decepcionados al ver que -según indicaron- el actual fiscal de la ciudad, Mike Feuer, no la ha implementado conforme la ley.

“Si empujamos esta ordenanza [compartida] es porque hay muchos compañeros que dependemos de ella y porque nosotros estamos entrenados en cómo tratar el huésped”, dijo Ramírez.

Otra trabajadora afectada es Judith Abrego, quien ha trabajado poco menos de dos años en la industria hotelera como recamarera y debido a la pandemia del covid-19 fue descansada. Ella espera regresar a trabajar pronto pero con la ordenanza de alquileres vacacionales, duda que puedan regresarle su trabajo pronto si los números en los hoteles bajan.

“Está muy mal lo que quieren hacer porque este es un trabajo muy pesado y no es justo que lo quieran hacer con menos regulaciones”, dijo la residente de Los Ángeles.

Better Neighbors, una coalición de inquilinos del sur de California, activistas de vivienda, trabajadores de hoteles y miembros de la comunidad, indicó que la Ciudad estima que entre 6,000 y 10,000 viviendas han sido retiradas del mercado por sus propietarios para pasar de alquilarlas de manera tradicional a alquilarlas a corto plazo.

Es responsabilidad del fiscal

Los cuatro candidatos a fiscal de la ciudad para reemplazar a Feuer dieron su punto de vista ya que es responsabilidad del fiscal hacer cumplir las leyes de la Ciudad y ellos aseguran que no lo está haciendo.

Teddy Kapur, uno de los candidatos, dijo que Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo una ciudad de desigualdades. Indicó que no se han construido viviendas asequibles para familias, no hay servicios para los más necesitados y no hay protecciones para los trabajadores cuyos salarios han sido robados.

“Ahora el Ayuntamiento propone llevarnos más lejos por el camino de la desigualdad… Esto haría que los alquileres a corto plazo sean más difíciles de regular, reduciría las viviendas y lastimaría a trabajadores de hoteles que trabajan duro y que llevan años ganando beneficios de salud, pensiones y salarios sindicales que merecen”.

El candidato Kevin James añadió que la ordenanza de alquiler vacacional propuesta dañaría la capacidad para hacer cumplir las restricciones escritas en la ordenanza de vivienda compartida de la Ciudad.

“Interferiría con las dos mejores herramientas de cumplimiento que tenemos: el requisito de que los alquileres a corto plazo deben ser una residencia principal y la prohibición de que las unidades con alquiler estabilizado se incluyan como alquileres a corto plazo”, dijo James.

“La Ordenanza de Alquiler Vacacional podría terminar teniendo el resultado no deseado de acelerar nuestra crisis de viviendas asequibles y de bajos ingresos”.

La candidata Hydee Feldstein-Soto, la única que habló en español, dijo que la rendición de cuentas comienza y termina con la exigibilidad.

“Las ordenanzas pendientes de vacaciones y RSO [Ordenanza de estabilización de alquileres] hacen que la oferta de viviendas y especialmente las unidades de renta
estabilizada sean vulnerables a aquellos que eludirían la ley sobre alquileres a corto plazo, ya que la aplicación se vuelve impráctica, si no imposible”, expresó.

El candidato Faisal Gill dijo que la falta de voluntad del fiscal de la ciudad de Los Ángeles para hacer cumplir las protecciones descritas en la ordenanza de vivienda compartida ha dejado a innumerables angelinos vulnerables al desplazamiento y la falta de vivienda.

“La vivienda asequible y accesible es un derecho humano y la Ciudad debe enfocarse en fortalecer, y no debilitar, las leyes de protección al inquilino ”, indicó.
Se espera que el ayuntamiento vote este mes en la propuesta. Aún no se ha determinado una fecha especifica para dicho voto.