Opinión: El proyecto de ley SB 9 perjudica a las comunidades latinas

Como alcaldes, nos oponemos firmemente al Proyecto de Ley del Senado 9 e instamos al gobernador Gavin Newsom a vetar esta legislación injusta. De lo contrario, este proyecto de ley silenciará las voces de los residentes locales y exacerbará las desigualdades en nuestras comunidades

Gavin Newsom 5.7 millones de californianos con bajos ingresos se beneficiarían.

El gobernador de California Gavin Newsom enfrentará una elección que busca destituirlo del cargo. (Getty Images) Crédito: PATRICK T. FALLON | AFP / Getty Images

Como funcionarios electos locales que representan a las ciudades del sudeste del Condado de Los Ángeles, entendemos las dificultades que enfrentan muchas familias en nuestra comunidad, particularmente las latinas. Muchos de ellos luchan por pagar el alto costo de vida, que incluye vivienda, transporte, atención médica, alimentos, cuidado de niños y servicios públicos. Es por eso que tomamos en serio nuestra responsabilidad como funcionarios de la ciudad de hacer lo que podamos para ayudar a reducir el alto costo de la vivienda.

Esta responsabilidad es la razón por la que nos oponemos firmemente al Proyecto de Ley del Senado 9 e instamos al gobernador Gavin Newsom a vetar esta legislación injusta. De lo contrario, este proyecto de ley silenciará las voces de los residentes locales y exacerbará las desigualdades en nuestras comunidades en rubros tales como viviendas inasequibles, congestión paralizante, aire insalubre y carencia de servicios públicos críticos como espacios abiertos, parques y transporte público.

Específicamente, SB 9 permitiría a los desarrolladores construir hasta cuatro unidades de vivienda en una sola parcela en vecindarios residenciales tradicionalmente divididos en zonas para viviendas unifamiliares. Si bien la vivienda de alta densidad es parte de la solución a nuestra crisis de vivienda, la legislación otorga a los desarrolladores demasiado control sobre el proceso local de aprobación de vivienda.

La SB 9 prohíbe que las ciudades y los gobiernos locales nieguen o impongan condiciones a los desarrolladores que proponen estos proyectos de alta densidad en lotes unifamiliares existentes, excepto en circunstancias muy limitadas. Este tipo de aprobación “automática” para los desarrolladores elude el importante proceso de revisión del gobierno local que incluye una amplia participación pública. Elimina la democracia local y otorga el control a los desarrolladores, no a los gobiernos locales ni a los residentes locales.

Lo que es peor, no hay requisitos de que las nuevas unidades de vivienda sean asequibles. La SB 9 dará como resultado que los desarrolladores e inversores compren lotes, conviertan viviendas unifamiliares en lotes de unidades múltiples y fijen el precio de esas casas en lo que crean que el mercado pueda sostener. Esto aumentará aún más los precios y desplazará a más familias que ya luchan por encontrar una vivienda que puedan pagar. Nos preocupa que la SB 9 lleve a una mayor gentrificación de nuestros vecindarios al expulsar a las familias de clase trabajadora y de bajos ingresos que buscan viviendas unifamiliares que puedan pagar.

La SB 9 no se aplica en comunidades más ricas, cerradas y planeadas estratégicamente con asociaciones de propietarios, lo que supone una carga adicional para los residentes de ciudades ya densificadas como las que representamos. Una vez más, se pide a nuestras comunidades de menores ingresos que soporten una carga desproporcionada.

En las ciudades del sudeste del condado de Los Ángeles que representamos, ya tenemos algunas de las ciudades más densas y más pobladas del estado, con más residentes por milla cuadrada que cualquier otra región del estado, incluido San Francisco. De hecho, muchas de nuestras ciudades tienen una densidad de población similar a la de la ciudad de Nueva York.

La SB 9 aumentará esa densidad, sin la participación y aprobación local, haciendo que nuestras ciudades estén más pobladas y aumentando la presión sobre los servicios locales, como carreteras y autopistas, seguridad pública, parques, espacios abiertos y transporte público.

Como funcionarios de la ciudad, entendemos nuestro papel al abordar la crisis de la vivienda. Si bien las ciudades no construyen viviendas, somos responsables de planificar, zonificar y aprobarlas, particularmente viviendas asequibles para familias. Como funcionarios electos trabajamos con nuestros residentes y vecinos locales para planificar el tipo de vivienda que necesitamos, ya sea viviendas de alta densidad cerca del transporte público o viviendas unifamiliares. El trabajo más importante como funcionarios electos locales es escuchar a nuestros residentes y realizar una planificación responsable que refleje los valores y las necesidades de nuestras comunidades.

La SB 9 es simplemente el camino equivocado para resolver nuestra crisis de vivienda. Instamos al gobernador a que vete la SB 9 y trabaje con nuestras ciudades en soluciones responsables que no destruyan los derechos de nuestros residentes.

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