Donde se vive no se perfora

Más del 65% del condado de Los Angeles, unas 2,500 millas cuadradas, no está incorporado, no pertenece a ninguna ciudad. Son 120 localidades. Un millón de personas viven en esas áreas, donde la Junta de Supervisores del condado es su “concejo municipal” y el supervisor que representa el área es el “alcalde”.

Ahí mismo operan 1,600 pozos de petróleo, Por la carencia de regulaciones uniformes a lo largo de los años, una gran cantidad de estos pozos están cerca de viviendas habitadas por comunidades de color – latinos y afroamericanos – y de bajos ingresos.
Vivir cerca de un sitio activo de extracción de petróleo es peligroso, y por ende son ellos quienes más lo sufren.
Los químicos resultantes de la operación de los pozos provocan “náuseas, dolores de cabeza, asma, enfermedades pulmonares y cardíacas, defectos de nacimiento, cáncer y más”. Según un estudio reciente de la Universidad de Harvard 34,000 californianos murieron prematuramente en 2018 por la contaminación por combustibles fósiles.

La evidencia científica es abrumadora. Estos pozos enferman y matan. Sin embargo, siguen funcionando en el condado. La extracción de petróleo continúa y nuestra gente enferma y muere.
Es una situación que no puede continuar.
Este miércoles 15, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, tendrá la oportunidad de decidir si finalmente comienza el proceso de eliminación gradual de la perforación de petróleo y gas en las áreas no incorporadas.
Los pozos se reparten especialmente en estas localidades. En el distrito 2 (supervisora Holly Mitchell) West Athens, West Carson y West Rancho Domínguez-Victoria. En el 4 (supervisora Janice Hahn), North Whittier y Rowland Heights. Y en el 5 (Kathryn Barger), con las comunidades de Castaic, Oat Mountain, el Valle de Santa Clarita y Val Verde.
Si los miembros de la Junta adoptan en buena hora este martes las mociones, convertirán al condado en el primero del país en prohibir nuevas perforaciones y decidir eliminar de manera gradual las ya existentes.
Las propuestas, son: primero, declarar la perforación petrolífera no conforme con la ley en zonas no incorporadas y el campo petrolífero de Inglewood, el mayor del mundo en zona urbana, una moción de las supervisoras Holly Mitchell y Sheila Kuehl. Segundo, expandir el Grupo de Trabajo de Transición Justa, que ayudará al paso de los trabajadores de combustibles fósiles a empleos bien remunerados, propuesto por la supervisora Hahn.
Esperamos que la supervisora Solís, presidenta de turno del consejo y cuya lucha por la justicia ambiental es conocida e importante, lleve adelante la propuesta.
En medio de la pandemia de COVID-19, una enfermedad viral que precisamente ataca las vías respiratorias, promulgar estas regulaciones es, si cabe, aún más importante para proteger a la población.
Gabriel Lerner es editor emérito de La Opinión.