Acusan de negligencia criminal a la Policía de Los Ángeles

Al tiempo que se dio a conocer un reporte de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) donde fueron bloqueados los nombres de todos los policías que estuvieron en la explosión del 30 de junio en la calle 27, en el sur de LA, residentes de la zona volvieron a exigir públicamente que se revelen sus identidades, de forma que puedan iniciar reclamos y demandas legales.

Durante una manifestación en el lugar de la explosión de 5,000 libras (2 toneladas) de juegos pirotécnicos ilegales que le costó la vida de dos hombres, lesionó a varias personas y a algunos policías, acusaron al LAPD de “negligencia criminal”.

“La mayoría de las casas del bloque -cuadra- presentan daños estructurales y solamente han venido a pintarlas o cambiar los vidrios rotos”, dijo el activista Ron Góchez, director de Unión del Barrio, la organización que defiende los derechos de los residentes del sur centro de Los Ángeles.

“El LAPD ha cometido negligencia criminal y ellos son los responsables de lo que sucedió aquí”, añadió. “Quienes cometieron esa negligencia criminal debe ser demandados, incluida la ciudad y el LAPD”.

Junto con Góchez, los residentes volvieron a demandar que se publiquen los nombres de los miembros del Equipo de Bombas del LAPD que fueron parte de aquella explosión.

El jefe de policía, Michel Moore no ha revelado públicamente los nombres.

El activista interpretó la decisión como, “el claro ejemplo del por qué la comunidad no cree en la policía”.

Recordó que, desde el primer día que ocurrió la explosión “sí dieron a conocer de inmediato el nombre de la persona que tenía los juegos pirotécnicos ilegales, aunque el caso estaba bajo investigación”.

“Pero ahora borran los nombres del reporte de ATF diciendo que el asunto está bajo investigación”, añadió Góchez. “Esa es la manera distinta de cómo nos tratan a nosotros, y eso es lo que crea la falta de confianza”.

Los manifestantes dijeron que sostuvieron una reunión privada con el jefe del LAPD y unas 40 familias afectadas. Aseguraron que se impidió acceso a activistas comunitarios y a representantes de la prensa.

Pese a la demanda de transparencia, Norma Einsemann, portavoz del LAPD aclaró que, cuando una persona ha sido arrestada por un crimen, por ley pueden dar a conocer públicamente las primeras nueve líneas del reporte policiaco, incluyendo el nombre, dirección donde vive la persona y el número de fichaje.

En cuanto a los policías, ellos “están protegidos por estatutos gubernamentales, cuando son parte de demandas y no podemos dar sus nombres”, declaró Einsenmann a La Opinión. “También están protegidos por la Declaración de derechos del oficial de policía”.

Solicitan investigación independiente

El concejal Curren Price, quien representa el distrito 9 de Los Ángeles, manifestó a La Opinión que, desde el primer día de la explosión “he pedido una investigación independiente y la rendición de cuentas de todos los involucrados”.

Refirió que la publicación del informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) “confirma que el LAPD no solo infligió caos y dolor en esta comunidad, sino que también perdió la confianza de nuestros vecinos. Ahora, le toca al LAPD enfrentar las ramificaciones de este colosal fracaso y responder a los vecinos”.

Desde hace meses, la oficina del funcionario ha sido el centro de ayuda en casos de desastre, ha ayudado a tapar ventanas, limpiar escombros y ahora supervisa la reconstrucción del vecindario utilizando un fondo de ayuda de emergencia de $ 1 millón que también ha ayudado con vivienda y dinero a las familias.

“Para fines de esta semana, habremos completado la instalación de nuevas ventanas en siete casas, así como la pintura exterior de seis casas en esta comunidad”, dijo Price Jr. quien ha exigido que el LAPD pague el costo de $1 millón incurrido por su oficina.

El 1 de septiembre, Price Jr. presentó una moción que irá ante el Concejo de la ciudad la próxima semana y que busca $ 5 millones adicionales como parte de un plan integral para ayudar a las víctimas a recuperarse de la devastación y abordar sus necesidades a largo plazo.

“Mi enfoque seguirá estando en satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, mientras se embarcan en este largo camino hacia la recuperación”, expresó, y, a la vez que se solidarizó, destacó que exigirá justicia “y mantendré la presión al LAPD para asegurar que cumplan con los cambios de política, así como para administrar el castigo apropiado a las personas responsables de este desastre “.

10 años de prisión federal a Arturo Ceja III

El 30 de agosto, Arturo Ceja III, de 26 años, alias “autron” se declaró culpable de transportar ilegalmente fuegos artificiales de Nevada a Los Ángeles.

Agentes del LAPD le confiscaron unas 5,000 libras de fuegos artificiales que compró a un traficante en Pahrump, Nevada, y los almacenó en su residencia en camionetas de alquiler.

El 30 de junio, después de recibir un aviso de que se estaban almacenando juegos pirotécnicos ilegales en el patio trasero de Ceja, los agentes de policía de Los Ángeles acudieron a su residencia en East 27th Street. En la casa, los oficiales encontraron más de 500 cajas de fuegos artificiales ilegales de calidad comercial en grandes cajas de cartón.

La investigación inicial de las autoridades locales estimó que se encontraron aproximadamente 5,000 libras (2.5 toneladas) de fuegos artificiales ilegales. Pero la policía determinó más tarde que Ceja estaba almacenando aproximadamente 32,000 libras (16 toneladas) de fuegos artificiales en la propiedad.

Dependiendo de los cargos finales, incluido la transportación ilegal de fuegos artificiales comerciales, Arturo Ceja podría recibir una sentencia estatutaria de 10 años en una prisión federal, informó a La Opinión, Ciaran McEvoy, portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California en Los Ángeles.

‘Vivir en una jaula de oro’

María Velázquez y su hija Madelyne; su padre Hilario y Minerva, además de su hermana Nereida, el esposo de ésta, José Arroyo la hija de ambos, Dalila, están a punto de cumplir dos meses viviendo en un hotel que, consideran, “es una jaula de oro”, porque prefieren su privacidad.

“Mis padres y todas las familias que estamos viviendo en un hotel de lujo preferimos la privacidad de nuestros hogares y no estar viviendo en un cuarto”, dijo a La Opinión, María, quien trabaja en un centro de atención para personas discapacitadas en la ciudad de Atwater.

Velázquez, de 54 años, y sus familiares vivían en una casa dividida en tres secciones, en el 2714 de la calle 27th., en el sur centro de Los Ángeles, misma que fue dañada severamente en su estructura por la detonación errónea de juegos pirotécnicos ilegales que estaban en poder de agentes del LAPD.

Expresó que el valor  de su casa rondaba en 1.5 millones antes de la conflagración.

La familia Velázquez y al menos otras 10 familias están albergadas en el lujoso hotel Level, en el centro de Los Ángeles, donde la gerencia les impidió inicialmente hacer uso de la piscina, el gimnasio y la sauna.

“Después de la protesta que hicimos hace un mes cambiaron de parecer y ahora si podemos usar esos servicios”, indicó. “Pero esto no es un juego; nosotros no teníamos necesidad de estar ahí porque teníamos nuestra casa y lo que más extrañamos es nuestra privacidad… Mis papás se sienten como extraños en ese lugar”.

Un inspector privado del seguro de su casa y otro más de la ciudad de Los Ángeles le han dicho que la estructura física de los pisos, paredes y techo tendrán que ser demolidos.

“Las casas quedaron muy dañadas y no se puede caminar en ellas; cuando lo haces, sientes que se va a quebrar la madera”, indicó. “La mayoría no han sido arregladas; a algunas solamente las pintaron por fuera, pero no hubo inspección alguna en el interior”.

Entre las penas que vive, María agradeció que el concejal Curren Price Jr. haya ayudado inicialmente con $2,000 y después $10,000 a algunas familias.