Cuatro meses más de protección a inquilinos del condado de Los Ángeles

Aunque este 30 de septiembre concluyen las protecciones estatales de la moratoria de desalojos por la pandemia de covid-19, las solicitudes de ayuda para familias documentadas e indocumentadas a través del programa HousingIsKey continuarán hasta que se agoten los fondos de ayuda para el impago de meses atrasados del alquiler de una vivienda.

“En 18 meses, nosotros hemos podido asesorar a más de 34,500 personas a navegar el sistema”, dijo Lupita González, organizadora de la Alianza de Californianos para el Poder de la Comunidad (ACCE) de Los Ángeles. “El covid-19 no se ha terminado todavía  y la ayuda tampoco; pero, para recibir ese apoyo la gente tiene que aplicar lo más pronto posible”.

De acuerdo con González, si alguna familia ha recibido un aviso de desalojo, tiene 15 días hábiles para solicitar alivio de alquiler e informar de ello al propietario de la vivienda que habita. Solamente están protegidos los solicitantes elegibles que presenten una exención de alquiler. Las solicitudes se hacen en http://HousingIsKey.com o llamando al 833-430-2122.

Un reciente estudio realizado y publicado por UCLA y USC reportó que el 49% de 3.5 millones de inquilinos en el Condado de Los Ángeles no pudieron cumplir con el pago de su alquiler durante la pandemia.

UCLA-USC también calcularon que, a través del Condado, los miles de inquilinos tenían en conjunto  una deuda superior a los $ 3,000 millones. El alquiler promedio que debían los participantes del estudio fue $2,800. 

En la ciudad de Los Ángeles, la organización Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) calculó que entre 145,000 y 310,000 hogares estaban retrasados con el pago de alquiler y debían  entre $334 millones y $653 millones hasta enero de 2021.

“La gente debe aplicar, aplicar y aplicar”, repitió el asambleísta Miguel Santiago, quien representa el distrito 53 de Los Ángeles. “No sabemos cuántos inquilinos hay en peligro de desalojo, pero le digo a la comunidad que hay protección para esos individuos que tienen o tuvieron problemas para pagar la renta hasta marzo de 2022”.

Según Marilyn Limón,  directora legislativa de la oficina de Santiago, durante la primera ronda de solicitudes de ayuda, el  Departamento de Vivienda de Los Ángeles hasta abril de 2021 se pagaron $158 millones de una deuda de $236 millones.

En la segunda ronda, el Departamento de Vivienda de California, del 1 de septiembre hasta el dia 29 de septiembre habían recibido 50,000 solicitudes de ayuda y se emitieron pagos por $31 millones.

En el condado de Los Ángeles se han recibido 107,918 aplicaciones y se han pagado $298,340.377 millones durante la pandemia.

Cuatro meses más

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó para extender la moratoria de desalojo temporal del condado de Los Ángeles hasta el 31 de enero del 2022.

Las protecciones, que entraron en vigor el marzo del 2020 y estaban listas a expirar el 30 de septiembre del 2021, proporcionan una defensa contra los desalojos para los inquilinos residenciales y comerciales, y los inquilinos de espacios de casas móviles, si fueron impactados por covid-19.

La política de la Resolución de Protecciones para Inquilinos, debido a covid-19 ampara a inquilinos residenciales contra desalojos por razones sin culpa, que haya habido un ocupante de más en un sitio específico o mascotas no autorizadas que debieron estar en determinado lugar, debido a las consecuencias de covid-19 o también por negar la entrada al dueño de la propiedad por motivos razonables.

“Desafortunadamente, el Condado ya no tiene la autoridad para extender la protección por falta de pago del alquiler a los inquilinos residenciales locales. La moción extiende las protecciones por falta de pago del alquiler para los inquilinos comerciales, y extiende unas protecciones limitadas a los inquilinos residenciales según lo permite la ley”, dijo la Supervisora Sheila Kuehl, la autora primaria de la moción durante una conferencia de prensa virtual.

Por lo anterior, la funcionaria aconsejó lo importante que es que los inquilinos que se atrasaron en sus pagos de alquiler  durante la pandemia soliciten ayuda a través del programa del estado en www.HousingIsKey.com

“Las protecciones de emergencia temporales del Condado de Los Ángeles han servido como una red de seguridad para los inquilinos residenciales y comerciales de las mismas comunidades que han sido más afectadas por la pandemia de Covid-19. Por eso nosotros tenemos que seguir proporcionado protecciones para individuos que están luchando para pagar el alquiler y están a punto de caer en la indigencia”, manifestó la presidenta de la Junta de Supervisores Hilda Solís, Supervisora del Primer Distrito.

Ancianos enfrentan aumento de alquiler hasta del 60%

Decenas de hombres y mujeres mayores de edad se armaron de valor para protestar por incrementos del 30% al 60% a la renta mensual en el edificio Coronel Village Senior Apartments, en Boyle Heights, lo cual consideraron como una “amenaza cruel e inmoral de intento desalojo” por parte del propietario, Albert Otero.

“¡Vivienda sí, desalojo no! gritaron al unísono los ancianos, frente al inmueble ubicado en el 935 al sur de la avenida Boyle, en el vecindario de Boyle Heights.

Con pancartas denunciaron: “Albert Otero, no aumentes la renta 60%. Es demasiado”, y clamaron por la intervención y respaldo del concejal del Distrito 14, Kevin de León y de la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís.

El edificio de apartamentos está catalogado como vivienda asequible para personas mayores, pero está exento de la ley SB 1482.

El 1 de enero de 2020, el gobernador Gavin Newsom aprobó el Proyecto de Ley 1482 de la Asamblea de California, una ley de control de alquileres en todo el estado que permitía a la mayoría de los propietarios residenciales tener solo un aumento anual del alquiler del 5%, más el precio de la inflación.

“Nos quejamos con el concejal que estaba antes y nos dijo que no podía hacer nada porque Albert Otero era su amigo”, dijo Irma Macedonio, de 75 años.

“¿De dónde vamos a sacar más dinero para pagar si no tenemos?”, dijo. “Ahora pago $1,500 y me han aumentado a $1,800”.

Los aumentos de alquiler entrarían en vigor el próximo 1 de noviembre.

Los ancianos, respaldados por la Unión de Vecinos han solicitado de manera infructuosa una reunión con el dueño, Albert Otero y con los administradores del edificio, Genessy Management & Development.

“Él [Albert Otero] quiere sacarnos a como dé lugar y eso es una violación contra las personas mayores”, expresó Cristina Cologne, de 64 años. Actualmente, ella paga una mensualidad de $1,103 que aumentaría a $1,545.

“Este señor quiere desplazarnos y que acabemos en las calles con otros desamparados”, dijo. “No tiene compasión de nadie, solo le interesa su negocio; vivo con mi hija Guadalupe que tiene una discapacidad”.

Juntas reciben una mensualidad del seguro social de $1,949.14, por lo que les quedaría menos de $400 al mes para comida, vestido, medicinas, electricidad y gas.

Ningún representante de la compañía administradora de Coronel Village Senior Apartments respondió a un pedido de entrevista con La Opinión.

Elizabeth Blaney, codirectora del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (SILA), dijo a La Opinión que un promedio de 80 personas  que viven en aproximadamente 48 unidades corren peligro de ser echados a la calle, por no poder pagar la renta.

“Los incrementos no tienen una lógica más que al dueño no le importan las personas mayores; saben que ellos tienen un ingreso fijo y lo que hace es cruel e inmoral, pero nosotros estamos dispuestos a pelear hasta el final y, de ser necesario, lo haremos también en una corte”.

Por su parte, Ofelia Arias, de 75 años, dijo que ella ha vivido en los apartamentos por nueve años consideró “injusto” el aumento de su renta, de $650 a $715.

“Somos personas de la tercera edad y en cualquier momento nos vamos a morir y a este señor [Albert Otero] ahí se le van a quedar sus apartamentos, pero él tampoco nada se va a llevar a la tumba”, dijo.