Illinois, ante la posible prohibición de centros de detención de ICE en su territorio

A fines de agosto, J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, firmó el Way Forward Act, una ley que prohibía a ciudades y condados del estado alquilar lugares en las prisiones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y exigía a quienes ya tenían estos contratos que los rescindieran para el 1 de enero del año próximo.

Se trata de un hecho que resultaba relevante a todas luces: hasta hace unos días el ICE tenía casi 22,000 inmigrantes y personas en busca de asilo en más de 130 cárceles privadas y públicas en el país.

Esa rúbrica colocó al estado como representante de un movimiento contra el amplio sistema de detención de migrantes del gobierno federal.

Con ello, activistas y defensores de derechos humanos pensaron que se trataba de una gran victoria en el camino al desmantelamiento del sistema de detenciones de ICE

“Lo consideramos algo parecido al movimiento por la igualdad matrimonial, por el que los estados comenzaron a aprobar leyes hasta llegar a un punto en el cual la actual administración ya no podía ignorar el tema y las necesidades de la comunidad”, cita The Associated Press a Luis Suárez, de la Detention Watch Network, o Red de Monitoreo de Detenciones, una organización a favor del cierre de estos centros de detención.

No todo estaba dicho

Sin embargo, pasó poco tiempo después de que el gobernador promulgara el Illinois Way Forward Act para que dos condados –Kankakee County y McHenry County— radicaran una demanda en un juzgado federal para cuestionar la constitucionalidad de la ley. Y no era porque sí: en los últimos años ganaron millones de dólares en contratos por alojar a detenidos de ICE.

Luego, el estado pidió que la acusación fuera ignorada, pero los condados pidieron una orden que los autorizara a mantener sus contratos con ICE mientras que el caso se resuelve.

El triunfo de los condados pondría en entredicho la viabilidad de la estrategia que pretende terminar con los centros de detención de inmigrantes cárcel por cárcel.

Los activistas aseguran que esta demanda deja al descubierto los perversos incentivos financieros de condados conservadores, recursos obtenidos de detener migrantes y también de separar familias y causar daños profundos. Añaden que los servicios de las cárceles son malos a grado tal que hay denuncias de falta de agua y pésimas condiciones sanitarias, como el caso de un brote de paperas por el que no fueron atendidos médicamente de manera adecuada.

Consideran que, de acuerdo con las estadísticas, el 75% de los inmigrantes que ICE detiene no han sido condenados por ningún delito y se presentan a sus citas, lo que hace de sus arrestos medidas innecesarias, costosas y abusivas.

Según la demanda, de 2016 a 2020, el condado de McHenry cobró más de $8 millones de dólares cada año por sus contratos con ICE; el condado de Kankakee cobró por su parte casi $4 millones al año de 2017 a 2020. Ambos condados vieron sus ingresos disminuir con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pues se redujo la cifra de detenciones de ICE.

Con información de The Associated Press.

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