Tres mujeres que investigaron asesinatos y desapariciones en México fueron perseguidas por la PGR

CIUDAD DE MÉXICO .- Varias ONG mexicanas expusieron este miércoles que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por los Zetas en 2011.

Las tres mujeres han pasado años investigando los casos de los aproximadamente 93,000 “desaparecidos” de México, en su mayoría personas que se cree que fueron asesinadas por cárteles de la droga, sus cuerpos arrojados en tumbas poco profundas o quemados.

En 2011, las autoridades encontraron 48 fosas clandestinas que contenían los cuerpos de 193 personas en el estado fronterizo norteño de Tamaulipas. A la mayoría les aplastaron el cráneo con mazos, y muchos eran migrantes centroamericanos.

Más tarde se reveló que las víctimas habían sido sacadas de autobuses en tránsito por el viejo cártel de los Zetas y obligadas a pelear entre sí con martillos o morir si se negaban a trabajar para el cártel.

En un comunicado, las ONGs expusieron que la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.

Entre 2015 y 2016, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 193 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)” sino “para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista”, denunciaron.

En concreto, persiguieron a familiares que denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia; a Marcela Turati, periodista que investigó los hechos, y a Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.

Alegando una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó, sin autorización judicial, a las compañías telefónicas “acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”.

El Ministerio Público “equiparó el trabajo de Delgadillo, Turati y Doretti con la delincuencia organizada, y las colocó en una condición de riesgo y en un estado de indefensión”, denunciaron.

Así lo revelan copias del expediente que obtuvo el pasado mayo la Fundación para la Justicia tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, si bien todavía no cuentan con la totalidad del expediente.

“A 10 años de ocurrida la masacre correspondiente a las 48 fosas de San Fernando, no se cuenta con una sola persona sentenciada. Indebidamente se han cremado cuerpos, se han enviado a la fosa común a pesar de ser identificables, se han entregado a los familiares cuerpos equivocados”, reprocharon.

Por contra, “el aparato y la maquinaria de la Fiscalía se utilizó para entablar una persecución y criminalizar a quienes exigían verdad y justicia”, expusieron.

Las ONG, entre las que están la Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional o Quinto Elemento, solicitaron al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que cese toda investigación adicional” contra las víctimas y contra Delgadillo, Turati y Doretti.

También pidieron “investigar todas las estructuras que integran” la actual Fiscalía e instalar una comisión con el apoyo de la ONU para “investigar lo ocurrido en San Fernando”. 

Te pueden interesar:

A 10 años de la masacre de San Fernando instalan antimonumento por los 72 migrantes asesinados

Masacre en Tamaulipas: qué es la “frontera chica” de México, la zona clave para todo tipo de tráfico ilegal a Estados Unidos

México 2010-2019: Desde la guerra contra el narcotráfico al ascenso de la izquierda