Ayuntamiento de Los Ángeles contempla solicitar al estado facilitar la operación de los vendedores ambulantes de la ciudad

La resolución presentada por la concejal Nithya Raman contempla pedir al estado cambiar el Código de Alimentos Minoristas de California para establecer un sistema más práctico para regular la operación de los vendedores ambulantes

A cook prepares tacos at a street vending stand in the Pinata District in Downtown Los Angeles on March 23, 2019. - On January 1, 2019, the Safe Vending Act (SB946) went into effect in the state of California prohibiting the arrest or finning of street vendors and leaving to municipalities the power to establish permits, sanitation and security issues. The Los Angeles County has set a year to negotiate with vendors the terms on which the law is going to be applied. Some 50,000 street vendors are estimated to work in Los Angeles, a $504 million industry according to a 2015 study by the Economic Roundtable. The LA County issued a municipal ordinance that designates specific areas where the vendors must operate. The ordinance does not include areas such as Memorial Coliseum, the Staples Center, Dodger Stadium, Rose Bowl Stadium and the Hollywood Walk of Fame. Street vendors have mixed feelings about the legalization of their work. At the same time they feel freed of being against the law and harassed by police giving them tickets and seizing their goods; they are concerned about having to abide to health regulations, permits and limited areas. (Photo by Agustin PAULLIER / AFP) (Photo credit should read AGUSTIN PAULLIER/AFP via Getty Images)

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El Ayuntamiento de Los Ángeles contempla solicitar al estado cambiar el Código de Alimentos Minoristas de California para que se extienda a los vendedores ambulantes de la ciudad y se establezca un sistema práctico para regular sus operaciones.

La concejal Nithya Raman, quien presentó la resolución el 28 de septiembre, declaró que la cantidad de vendedores de alimentos en Los Ángeles a quienes se les ha otorgado permisos (165 de casi 10,000 estimados en la ciudad), dice mucho sobre la naturaleza prohibitiva de las regulaciones alimentarias actuales del estado y del condado.

“Como resultado, nuestros proveedores se ven obligados a operar de manera informal y enfrentan la amenaza de citaciones, multas y la confiscación de carros y mercancías que constituyen su medio de vida. Hacemos un llamado al estado para que promulgue soluciones estructurales que puedan empoderar a los vendedores ambulantes de alimentos para participar plena y formalmente en la economía”, expresó Raman.

La resolución podría ser considerada este martes durante la reunión del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Un informe de la clínica de Desarrollo Económico Comunitario de la Facultad de Derecho de UCLA y el bufete de abogados sin fines de lucro Public Counsel reveló que, pese a la legislación promulgada en 2018 en Los Ángeles y California para legislar la venta ambulante, la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad son presa cada día de amenaza de multas o son multados.

En el informe se menciona que, para solicitar un permiso como vendedor de alimentos en el condado de Los Ángeles, los interesados enfrentan trámites que solo se pueden realizar en inglés y se deben visitar distintas oficinas e infinidad de documentación de requisitos previos; además de que los solicitantes no reciben una asistencia adecuada durante el trámite.

Desde que la ciudad comenzó a expedir permisos, en 2020, solo se han entregado 165. En el informe, se indica que alrededor de 10,000 personas se dedican a esta actividad.

El informe señala que el Código de Alimentos Minoristas de California prohíbe los carritos de frutas y puestos de tacos al no permitir que se rebanen frutas, recalentar o mantener calientes alimentos previamente preparados en un carrito de comida cerrado.

Uno de los autores del informe, Scott Cummings, de la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario de UCLA, inedicó que un problema surge de una red de leyes estatales, del condado y de la ciudad de Los Ángeles que privan a los vendedores ambulantes a tener acceso a permisos para ofrecer comida legalmente, además de socavar los principios de seguridad alimentaria que las leyes aseguran proteger.

La resolución presentada por Raman solicita al estado implementar las recomendaciones del informe de la UCLA para hacer que el cumplimiento de la salud sea más factible para los vendedores ambulantes al proporcionar un proceso simplificado para la inspección y aprobación de carritos de comida, incluir estándares razonables para rebanar frutas, recalentar y mantener caliente de forma segura los alimentos, reducir los requisitos de fregadero y ampliar el acceso a la preparación segura de alimentos.

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