Reportan desorden en primer día de política contra migrantes ‘Permanecer en México’ en la frontera

El reinicio del programa Permanecer en México generó desconcierto y estuvo marcado por desinformación de los agentes de CBP; la estrategia obliga a no ciudadanos a quedarse en México a esperar una cita en un tribunal estadounidense

Los oficiales migratorios desconocen detalles del programa Permanecer en México.
Los oficiales migratorios desconocen detalles del programa Permanecer en México.
Foto: Manuel Ocaño / EFE

En medio de las críticas de grupos defensores de inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reinició la aplicación del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Permanecer en México este lunes, pero los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) parecen tener poca información, lo que generó desorden y desconcierto.

“Hasta esta mañana el programa no ha reiniciado. Todavía no tenemos ninguna información”, dijo un oficial a las familias de migrantes que comenzaban a reunirse en el paso peatonal de San Ysidro.

En ese punto que separa las ciudades de Tijuana, México, y San Diego, California, inició en 2019 el polémico programa impuesto por el expresidente Donald Trump, que presionó a México para aceptar a inmigrantes que solicitaban asilo, mientras esperaban una cita en tribunales. El programa originalmente causó problemas a casi 70,000 extranjeros, quienes, literalmente, se quedaron en el limbo legal.

Este cruce fronterizo, el de mayor tránsito del mundo, es uno de los siete designados por el Gobierno federal la pasada semana para retomar desde este lunes el programa, donde los oficiales impedían el paso desde el amanecer a desconcertados migrantes del cercano campamento La Esperanza en Tijuana que se acercaban a pedir informes para inscribirse en este MPP.

“Les dijeron (a los migrantes) que la información que tenían es que no tenían información”, dijo el mexicano con visa Alejandro García, una vez que cruzó a California, según un reporte de la agencia Efe.

La Casa Blanca, a través de la portavoz Jen Psaki, indicó que reinicia el programa bajo protesta, siguiendo una orden judicial.

Primero les diría a todas estas personas que no es de nuestra preferencia reimplementar y reinstaurar el programa de Protección al Migrante… Lo estamos haciendo debido a una orden judicial y un requisito legal para hacerlo“, indicó.

Afirmó que se hicieron cambios “sustanciales”, a fin de mejorar la atención a inmigrantes que piden asilo, pero el reporte de este lunes es que no había dicha atención, además de que organizaciones civiles rechazan ser parte del plan.

“Todavía sentimos que el programa es ineficiente, inhumano… no lo volvimos a implementar con entusiasmo, debería decir”, agregó Psaki. “Pero en lo que respecta a las personas escépticas, estamos absolutamente comprometidos a hacer todo lo que podamos, como nos exige una orden judicial, para implementar esto, para tomar medidas para garantizar que existan… consideraciones humanitarias adicionales y brindando la asistencia que les hemos prometido a las personas que están participando en el programa”.

Activistas rechazan ayudar

Grupos de activistas se sumaron al Gobierno del presidente Joe Biden para intentar ayudar a las familias que fueron puestas durante la Administración Trump bajo este programa, pero ahora rechazan ser parte del reinicio.

“Nosotros no vamos a apoyar porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal”, dijo la directora de la organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado, Nicole Ramos. “Vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo”.

Ramos cuestionó los argumentos en los que desde su origen se basa este polémico programa que, según reportes de grupos de derechos civiles, ha puesto en peligro la vida de los solicitantes de asilo en México.

Al Otro Lado ganó el mes pasado en San Diego una demanda que obliga a CBP a recibir a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de la frontera.

Sin embargo, de acuerdo con Ramos, esa resolución de un tribunal federal sigue sin cumplirse “con el argumento de que CBP no tiene capacidad” para cumplirla, el mismo motivo, en su opinión, “sin sentido” en que se basa MPP.

“Cómo es que la agencia más grande del Gobierno de Estados Unidos (CBP), con más de 60,000 oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes”, acusó la abogada.

“Cómo es que el país más poderoso en el mundo, que gasta miles de millones de dólares en ir a una guerra por petróleo, no pueda destinar recursos para proteger a familias pobres que buscan su refugio al huir de la violencia”, cuestionó.

Ramos dijo que otras organizaciones similares en la frontera del estado de Texas confirmaron que no apoyarán en el reinicio de MPP.

En San Diego, mientras tanto, por lo menos 60 organizaciones en la coalición Grupo de Trabajo de Bienvenida a California también expresaron conjuntamente su rechazo al reinicio de ese programa.

La coalición pidió a la Administración Biden “terminar MPP y negarse, bajo todas las circunstancias, a implementar nuevamente ese programa”.

“Exigimos terminar inmediatamente todas las políticas que obstruyan el acceso al asilo en la frontera”, dijo el vocero de la coalición, Alex Mensing, sobre este programa que fue restaurado por orden judicial después de la Casa Blanca lo cerrase a principios de año y tras una denuncia de los estados de Texas y Misuri.

La negativa a colaborar de las organizaciones podría afectar los planes del Gobierno mientras busca la forma de suspender el programa de manera definitiva, dado que en estos grupos recae en buena medida el del peso del día a día del programa en el lado mexicano de la frontera.

El DHS ha dicho que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.

“Desastre humanitario”

En opinión de la directora de protección de refugiados de Human Rights First, Eleanor Hacer, MPP fue un “desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a volver a serlo”.

Esa organización documentó por lo menos 1,500 casos de secuestros, violaciones sexuales, asaltos y homicidios de migrantes que esperaban en la frontera mexicana procesos de solicitudes de asilo bajo MPP cuando se implementó la primera vez en el 2019.

Con información de EFE