Protestan y exigen cargos criminales para el agente que le quitó la vida a la niña Valentina

Activistas latinos, afroamericanos y abogados de derechos civiles demandaron que el fiscal del distrito del condado, George Gascón, presente cargos criminales en contra del agente William Jones, quien disparó y provocó la muerte de la niña Valentina Orellana Peralta.

“Primero, el oficial Jones no tenía por qué matar sin justificación a [Daniel Elena] López y luego a Valentina”, declaró el abogado de derechos civiles, Christian Contreras en una protesta frente al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“El no siguió las reglas de entrenamiento que los agentes tienen respecto al uso letal de las armas”.

El 23 de diciembre, Jones, quien se encuentra bajo licencia administrativa con goce de sueldo, realizó tres disparos en el interior de la tienda Burlington en North Hollywood.

La policía iba detrás de López, un sospechoso que había atacado con un candado para bicicletas a  dos mujeres. Eran aproximadamente las 11:45 de la mañana previa a la Navidad.

El oficial disparó y le quitó la vida a López como a la niña de 14 años, quien se encontraba con su madre Soledad en el interior de un vestidor de ropa que estaba fuera de la vista del agente.

La policía recibió numerosas llamadas contradictorias al 911 sobre las agresiones. Algunos reportaron incorrectamente que López tenía un arma.

La niña murió en  los brazos de su madre. Un certero disparo en el pecho le arrancó la vida, ya que la bala perdida atravesó la pared del probador de ropa.

Acusador, juez y jurado

Si bien el LAPD hizo público un video editado donde se observa al sospechoso que atacaba brutalmente a una mujer en el segundo piso de la tienda, el abogado Contreras dijo a La Opinión que, “está claro que el agente Jones no escuchó a sus propios compañeros que le gritaron “calmado, calmado” varias veces, antes que descargara su pistola”

“No se puede matar a nadie solamente porque López estaba haciendo algo contra la ley; sí, estaba golpeando a mujeres, pero debía ser arrestado y después llevado a la corte”, enfatizó. “Los policías no pueden ser acusadores, jurados y jueces, al mismo tiempo que matan a sangre fría a quien viola ley”.

Añadió que en el video se observa también que López estaba a mucha distancia de la mujer ensangrentada que había agredido. El policía sabía que [el sospechoso] estaba usando una cadena de bicicleta, “la lógica indica que entonces no estaba armado con una pistola”.

‘Matar primero…, investigar después’

El domingo, en el centro de la ciudad, decenas de manifestantes y líderes de organizaciones que luchan contra la brutalidad policíaca, además de pedir reformas a las tácticas del uso de fuerza mortal que emplean los agentes, instaron al fiscal de distrito George Gascón para que presente cargos criminales contra el policía William Jones.

“Jones tiene que rendir cuentas y ser procesado”, comentó Najee Alí, director del Project Islamic Hope, un grupo de abogacía por los derechos civiles de afroamericanos y latinos. “Parece que Jones estaba ansioso de usar su arma”.

Para Alí, “no hay duda de que la policía mata primero y después investiga; mis expectativas son que Gascón ordene el arresto de [William] Jones”.

De acuerdo con Tom Saggau, portavoz de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el jefe del LAPD, Michel Moore será quien decidirá cuándo y si Jones regresa al servicio activo. Por lo pronto, se encuentra bajo licencia administrativa pagada.

Jones es un patrullero en la estación North Hollywood del LAPD. Se ha desempeñado como agente de relaciones comunitarias trabajando con jóvenes en riesgo.

Testimonio sombrío

“No descansaré hasta que el policía que asesino a Valentina sea encarcelado”, dijo Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Ángeles Urban Policía Roundtable. “El asesinato fue injustificado e implicó el uso imprudente de fuerza letal”.

Por décadas, Hutchinson, defensor de derechos civiles de las comunidades afroamericana y latina, quien destacó que ha habido innumerables informes, recomendaciones, cambios de reglas e investigaciones sobre el LAPD e incontables protestas.

“Es como si ninguna de estas cosas hubiera sucedido, o significara poco o nada”, dijo. “El asesinato desenfrenado, imprudente y escandaloso de Valentina, por parte de la policía de Los Ángeles, es un sombrío testimonio de ello”.

El asesinato de Valentina Orellana Peralta se produjo una semana antes de que entrara en vigor la ley SB2 de California, el 1 de enero de 2022, que tiene la intención de aumentar la responsabilidad por la mala conducta de los agentes del orden público.

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, en septiembre de 2021, creará un proceso para que la Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz (POST) revoque las certificaciones de los oficiales del orden público de manera que esas personas sean descalificadas para el empleo como oficiales de paz.

Además, ordena procedimientos estrictos de capacitación, responsabilidad y disciplina para el uso de la fuerza letal y no letal por parte de los policías.

Biden se disculpa

“El LAPD tiene que cambiar las tácticas que utiliza en situaciones donde los sospechosos no están armados”, manifestó José Becerra, director estatal en California para la  Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “No está bien el patrón de matar primero y luego investigar; pienso que el jefe del LAPD, [Michel] Moore, tiene el poder de cambiar las tácticas, aunque eso no sucederá de la noche a la mañana”.

Las repercusiones internacionales de la trágica muerte de Valentina  motivaron un mensaje de condolencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo recién electo en Chile, Gabriel Boric.

Mientras tanto, la recaudación de fondos para el sepelio y posible traslado del cadáver de Valentina a Chile se encontraba en los 50,561 dólares, al cierre de edición.

“Venimos una vez más para exigir justicia especifica y concreta por el uso vicioso e injustificado de fuerza letal”, dijo al final de la protesta, Cliff Smith, miembro de la Coalición para el Control Comunitario de la Policía.

“Lo único que queremos es que fiscal de distrito George Gascón presente cargos penales contra el oficial Jones para responsabilizarlo por sus acciones…”, expresó. “El oficial William Jones es un criminal y necesita ser procesado y Gascón tiene un trabajo que hacer”.