Tribunal declara ilegal el cierre de armerías por COVID en California
Dos condados de California violaron el derecho constitucional a poseer y portar armas cuando cerraron tiendas de armas en 2020 como negocios no esenciales durante la pandemia de coronavirus
Se revisarán pertenencias de estudiantes ante amenaza de tiroteos. (Getty Images) Crédito: Scott Olson | Getty Images
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este jueves que los condados de Los Ángeles y Ventura en California actuaron inconstitucionalmente al cerrar las tiendas de armas durante la pandemia de COVID, considerándolas establecimientos no esenciales.
Según un escrito judicial difundido a los medios de comunicación, la medida aplicada durante los primeros 48 días de crisis sanitaria habría violado la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos norteamericanos a poseer y portar armas.
“La Segunda Enmienda no significa nada si el gobierno puede prohibir que todas las personas adquieran un arma de fuego o municiones. Pero eso fue lo que sucedió”, alegó el juez Lawrence VanDyke en dicho escrito.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó así dos fallos previos de tribunales de menor instancia en los que se determinaba que las armerías no estaban exentas de la orden de cierre general motivada por la propagación del coronavirus.
Las instrucciones de las autoridades prohibían a todos los ciudadanos salir de sus hogares, a menos que fueran por razones sanitarias o previamente aprobadas, lo que no contemplaba el desplazamiento a tiendas de armas, municiones o campos de tiro.
“Se evitó por completo que ciudadanos de estos condados, respetuosos con la ley, ejercieran su derecho a tener un arma de fuego”, aseveró VanDyke.
Mientras, “las tiendas de bicicletas pudieron permanecer abiertas como negocios esenciales”, añadió el juez reforzando su posición.
En el estado de California solo se puede comprar armas acudiendo presencialmente a una armería.
Es por eso que el cierre de tiendas de armas y de campos de tiro ha causado cierta controversia, y grupos como la Asociación Nacional del Rifle llegaron a demandar al Estado en marzo de 2020.
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