Juez ordena a la Fuerza Aérea pagar $230 millones a las víctimas de un tiroteo en una iglesia de Texas
Un informe de la corte marcial de la Fuerza Aérea reza que Kelley se declaró culpable de muchas especificaciones por agresión, incluido golpear a su esposa
La Fuerza Aérea de Estados Unidos debe pagar más de 230 millones de dólares en daños a los supervivientes y familias de las víctimas en una iglesia en Texas en 2017, al no reportar la condena del atacante que podría haber evitado que el hombre comprar legalmente el arma usada en el tiroteo, sentenció el juez federal de San Antonio.
Casi treinta personas murieron, incluidos 8 menores de edad, cuando Devin Patrick Kelley disparó durante un servicio dominical en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Spring.
El hombre, quien aparentemente se suicidó luego de que dos hombres escucharon los disparos en la iglesia le dispararon y lo persiguieron, había sido integrante de la Fuerza Aérea antes del Ataque.
Asimismo, el juez de distrito federal, Xavier Rodríguez, dictaminó en julio que la Fuerza Aérea era “responsable de un 60%” del ataque porque no presentó la condena por agresión de Kelley durante su tiempo en la Fuerza a una base de datos nacional.
Un informe de la corte marcial de la Fuerza Aérea reza que Kelley se declaró culpable de muchas especificaciones por agresión, incluido golpear a su esposa, asfixiarla con las manos y patearla.
Además, fue condenado por golpear a su hijastro en la cabeza y el cuerpo “con una fuerza capaz de producir la muerte o lesiones graves”.
De acuerdo con las reglas del pentágono, se supone que la información sobre las condenas del personal militar por delitos como agresión debe enviarse a la División de Servicios de Investigación de Justicia Criminal del FBI para que sea incluida en la base de datos del Centro Nacional de información Criminal.
Por razones no especificadas, la Fuerza Aérea no proporcionó la información requerida sobre Kelley.
Los abogados de los sobrevivientes y familiares de los asesinados habían pedido 418 millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia propuso 31.8 millones.
Los aproximadamente 80 reclamantes incluyen familiares de los asesinados y 21 sobrevivientes y sus familias. Las autoridades establecieron el número oficial de muertos en 26 porque una de las 25 personas muertas estaba embarazada.
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