El Concejo de Los Ángeles debe aprobar un LA Justice Fund permanente 

Establecido en 2017, el LA Justice Fund es un fondo de defensa legal financiado por el Condado y la Ciudad de Los Ángeles junto con California Community Foundation (CCF) y Weingart Foundation.

Su meta es proveer defensa legal a indocumentados en el sistema judicial migratorio, que en esta región suman más de un millón.  

Los servicios que financia están disponibles para cualquier persona arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como cualquier persona en libertad condicional en un proceso con fines de deportación y cualquier persona detenida en un aeropuerto estatal o puerto de entrada al país. 

¿Por qué es necesario este fondo? 

Es que, a diferencia del sistema de justicia penal, donde la Corte Suprema determinó el derecho constitucional de todos los acusados a un abogado independientemente de sus ingresos, los que hacen frente a una orden de deportación no tienen ese derecho a un abogado aunque no puedan pagarlo. 

Pero además, la defensa del inmigrante surgió para contrarrestar las política antiinmigrante y pro deportaciones de la administración Trump en aquel entonces.  

En esta coalición, CCF se ha encargado de entablar contratos con 11 organizaciones sin fines de lucro, asignándoles a su vez bonificaciones para que impartan la ayuda legal tan necesaria de manera gratuita o casi gratuita.  

Ahora bien: las sumas implicadas, aunque no insignificantes, son una gota en los presupuestos de ambas administraciones. Se trata de un total de 11 millonesde dólares de los cuales se desembolsaron, en los primeros tres años del programa, siete millones de la ciudad y el condado y 4.6 millones de CCF y Weingart Foundation. 

Como resultado, unos 750 inmigrantes que de otra manera hubieran comparecido en corte sin defensa tuvieron abogados a su servicio. Esto redundó en una tasa de apelaciones exitosas 10 veces mayor que si las personas no tuviesen defensa. Adicionalmente, mas de 2,000 inmigrantes recibieron consejería legal para sus casos, lo que a veces resulta tan importante como la representación directa. 

La aplicación del fondo ha sido especialmente importante por tratarse de la ciudad y el condado angelino, en donde la población latina es mayoritaria, los inmigrantes son legión y la prosperidad es efectivamente el resultado de la integración de éstos a nuestra sociedad.  

Lo lógico, lo correcto, lo justo, es que en adelante, el programa se convierta en permanente y su financiación, en adecuada.  

Esto no es descabellado. Los Ángeles no sería la primera ciudad y condado en establecerlo. Estos programas para proporcionar representación legal a inmigrantes ya existen en docenas de ciudades, incluyendo, tan solo en California: San Francisco, Sacramento y el condado de San Diego, así como otras urbes como Nueva York, Chicago y Denver.  

Por su parte, la junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha aprobado la extensión del programa.  

Pero la ciudad de Los Ángeles, todavía no adjudicó su parte de los gastos de manera final. Para ello se requiere la aprobación expresa de la comisión de Finanzas y Presupuesto y luego del plenario del Concejo municipal. 

Y eso no está sucediendo. ¿La razón? 

Es que parte de los fondos llegan a personas que fueron condenadas por actos de delincuencia. Esto le otorga al programa un carácter que se ha denominado “universal”, es decir, que el programa ayuda a todo aquel que lo necesite para defenderse.  

Y existe en el concejo reticencia por parte de algunos para financiar la defensa a estos últimos. Temen ser identificados como simpatizantes de criminales y otros tantos insultos tan comunes en nuestros días por parte de quienes solo buscan dividirnos.  

Por ejemplo, en su momento Nury Martínez, concejal por el distrito 6 y actualmente presidenta del concejo municipal, se opuso a esta parte del plan, aunque finalmente votó para aprobarlo. Recordemos que el actual alcalde, Eric Garcetti, ha sido nominado para embajador en la India, por lo que si es aprobado por el Senado dejaría el puesto; se ha hablado de Martínez como alcalde interina, aunque ha declarado que no se postulará como candidata en elecciones para el cargo en este 2022.  

De igual manera ha obrado Paul Koretz, concejal por el distrito 5 y candidato para contralor del estado en las próximas elecciones, fue reticente al programa. Y sucede que Koretz encabeza actualmente ese comité de Finanzas y Presupuesto, el que debe decidir la aplicación de los fondos previo al debate en el plenario. 

¿Qué los detiene? El tema de la representación de personas con prontuarios es delicado, sí. Pero la decisión no es tan difícil si dejamos de considerar a estas personas como principalmente criminales. Porque en muchos casos estas mismas personas son víctimas. Madres solteras sin dinero a quienes las procuradurías les han echado encima una sarta de acusaciones por, por ejemplo, robar comida en un supermercado. O por tomar medidas contra una pareja abusiva, violenta y cruel. No son criminales, pero terminan atrapados en el sistema de justicia penal.   

De manera que excluirlos de defensa legal financiada por el Fondo sería una concesión a quienes criminalizan a los inmigrantes, a los partidarios de la mano dura contra quienes solo quieren vivir y trabajar aquí, a quienes de cualquier manera estarían opuestos a la aplicación del fondo sea para quien fuere.  

Y si buscamos oposición al fondo entre las víctimas de violencia en la comunidad, encontramos precisamente lo contrario.  

En efecto, el 19 de enero, una coalición que representa a mujeres víctimas de violencia en la comunidad publicó una carta abierta dirigida a los miembros del concejo municipal de la Ciudad de Los Ángeles, en la que les pedía aprobar este programa de justicia comunitaria.  

Escriben: “Nuestras organizaciones colectivas representan a un gran número de sobrevivientes de diversas formas de trauma, así como a sus hijos y otros miembros de la familia… provienen de comunidades marginadas y comúnmente se encuentran en posiciones extremadamente vulnerables, a menudo como resultado de la violencia que han experimentado… a veces terminan con condenas penales o arrestos injustos… Por lo tanto, es extremadamente importante que los miembros del Concejo Municipal se aseguren de que el LA Justice Fund sea verdaderamente universal y accesible para todas las personas, incluidas aquellas con condenas penales”.  

Hasta aquí la carta de los representantes de víctimas.  

Finalmente, es hora de que quienes se resisten al concepto universal del LA Justice Fund se declaren como tales, que se lleve a cabo el debate correspondiente y que se lleve a votación la aprobación del fondo permanente a la brevedad posible.  

Porque todos estamos esperando. Un argumento más: por lo general, quienes piden esta ayuda legal para la corte migratoria y tuvieron problemas con la justicia penal ya pagaron su deuda con la sociedad, ya cumplieron las penas que se les adjudicaron. Negarles defensa sería doble castigo.  

No puede ser que estas personas no tengan representación legal y que por eso sean sujetos a deportación cuando hay circunstancias atenuantes suficientes para prevenir esa acción. Cualquier límite a la asistencia legal para inmigrantes sobre la base de una condena previa desnaturaliza el espíritu de la idea básica de LA Justice Fund.   

Gabriel Lerner es editor emérito de La Opinión y fue su director editorial entre 2014 y 2021.