Por qué EE.UU. pidió la extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández
La petición del gobierno de EE.UU. ocurrió este lunes, aunque desde hace algunos meses señalamientos de la justicia estadounidense lo relacionan con varios delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2-i) esposado en la sede de la Policía de Honduras. Crédito: STR | AFP / Getty Images
Esposado de pies y manos.
Así fue detenido este martes el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, luego de ser solicitado en extradición por EE.UU.
Este miércoles se confirmó su prisión preventiva tras la primera audiencia judicial.
El arresto el martes, con un amplio dispositivo de seguridad, siguió a la petición de extradición, que será aprobada o denegada por la justicia hondureña más adelante.
Imágenes de medios locales mostraron el momento en el que el martes Hernández abandonó su residencia en Tegucigalpa para entregarse a los agentes de la Policía Nacional, quienes además le colocaron un chaleco antibalas antes de trasladarlo a una sede policial donde fue sometido a una evaluación médica.
En un comunicado, la Policía Nacional de Honduras informó que la captura del expresidente fue el resultado de un trabajo en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.
“En coordinación con agencias estadounidenses, en especial la Administración de Control de Drogas (DEA), en las últimas horas se ha realizado una operación policial, que conlleva la captura del expresidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado”, indica el texto.
Este miércoles en la mañana el exmandatario fue llevado ante Corte Suprema de Justicia, que es la que debe valorar su extradición.
Allí fue notificado de los cargos en su contra y se ordenó que permanezca en prisión provisional. Su próxima audiencia quedó fijada para el 16 de marzo.
La Justicia estadounidense vincula a Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, con delitos del narcotráfico.
Y aunque el pedido de extradición tomó por sorpresa a algunos hondureños, los señalamientos y sospechas sobre el exmandatario no son nuevos.
En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En marzo de 2021 fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia EE.UU. y condenado a cadena perpetua.
Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente. Sin embargo, Hernández ha rechazado estos señalamientos en el pasado y ha asegurado que durante su gobierno se dedicó a combatir el negocio ilegal de drogas.
El propio Hernández señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que quedaba a disposición de las autoridades.
“Mis representantes han recibido el mensaje para que sea llevado a las autoridades de que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente en el momento en que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, dijo este martes por la mañana antes del arresto.
Pero ¿de qué acusan realmente a Hernández y por qué EE.UU. pide su extradición?
Los cargos
En la nota enviada por la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa al gobierno hondureño, se específica la razón por la que se hace la petición de extradición: “Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”.
Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, las cosas comenzaron a complicarse mucho antes de que dejara el cargo de presidente, el pasado 27 de enero.
Aunque su salida del cargo, que lo dejó sin inmunidad presidencial, fue el detonante de la medida judicial.
Apenas días después, el 9 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció que a Hernández se le retiraría su visa para ingresar al país por “comportamientos antidemocráticos y actos de corrupción”.
The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 7, 2022
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debido a acciones de corrupción”, escribió Blinken en su cuenta de Twitter.
Hace una semana, el mismo Blinken indicó en un comunicado que, de acuerdo con “reportes creíbles de prensa” e investigaciones locales, Hernández “se había involucrado para cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar los ingresos de actividades ilícitas para apoyar campañas políticas”.
Estas acusaciones se referían a los señalamientos de algunos narcotraficantes ante distintos tribunales estadounidenses, que habrían confesado pagos ilícitos al círculo más cercano de Hernández para poder traficar la droga por territorio hondureño.
A esto se sumó el juicio contra su hermano Juan Antonio, más conocido como Tony Hernández, que era diputado nacional cuando fue capturado.
Durante el juicio al hermano se puso en evidencia cómo los grupos de narcotráfico infiltraron casi todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial pasando por la fuerza pública hasta llegar al poder ejecutivo.
De hecho, los propios fiscales del caso señalaron directamente a Juan Orlando Hernández, acusándolo de “facilitar el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad” para los narcotraficantes.
Otro de los casos que salpicó a Hernández, y que finalmente disparó el proceso contra el exmandatario, fue el de Geovanny Fuentes Ramírez, también juzgado por un tribunal de Nueva York y hallado culpable a principios de febrero de este año.
Fuentes fue condenado a cadena perpetua por el tráfico de cinco toneladas de cocaína y a otros 30 años de cárcel por el porte ilegal de armas, al considerar que protegía su mercancía con el uso de ametralladoras.
Durante el procedimiento judicial en contra de Fuentes Ramírez se indicó, a través de varios testimonios, que uno de sus socios sería Juan Orlando Hernández.
Uno de los testigos de ese caso indicó que escuchó a Hernández decir que quería meter drogas “en las narices de los gringos” inundando Estados Unidos con cocaína.
Ahora, según los medios locales, los cargos formales que se le presentaron fueron:
- Conspirar para traficar una sustancia controlada a EE.UU. desde un lugar fuera del país, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos
- Usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno.
- Conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
Inmunidad
Por su parte, el abogado de Hernández dijo este lunes que Hernández tiene inmunidad diplomática por pertenecer al Parlamento Centroamericano, o Parlacen, con sede en Guatemala.
Hernández juramentó como miembro del Parlacen una vez que entregó su mandato a su sucesora, Xiomara Castro, el 27 de enero.
Aunque es cierto que el Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, esa protección puede ser cancelada o suspendida si así lo solicita el país de origen de la persona en cuestión.
Además, al conocerse la noticia, decenas de personas se hicieron presentes frente a la residencia de Hernández para celebrar la decisión tomada por el gobierno estadounidense.
Sin embargo, altos funcionarios del actual gobierno -que es opositor a Hernández- le dijeron al diario The Washington Post que el expresidente podría estar moviendo sus influencias dentro del órgano judicial para evitar la extradición.
“Los jueces de la corte son personas designadas por Hernández, por lo que es difícil saber qué tipo de decisión van a tomar”, señaló uno de ellos.
El vocero del Poder Judicial, por su parte, dijo en conferencia de prensa que el proceso de extradición de Hernández, en caso de que la Corte dé el voto favorable, podría demorarse si la defensa presenta un recurso de amparo.
“Una de las variables es que si la defensa presenta o no recursos, normalmente recursos de amparo ante la Sala Constitucional, habrá que esperar la resolución de esos recursos”, dijo.
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