Tienda de Beverly Hills admite que reclutó narcotraficantes como clientes para lavar dinero en cajas de seguridad

La compañía que operaba una tienda en Beverly Hills que alquilaba cajas de seguridad aceptó declararse culpable de conspirar con clientes para lavar dinero de drogas.

Según el acuerdo de culpabilidad con la empresa U.S. Private Vaults Inc., la oficina del fiscal federal en Los Ángeles acordó no presentar cargos penales contra sus dos propietarios.

La decisión va en contra de una política reciente del Departamento de Justicia que requiere que los fiscales sean más agresivos a la hora de responsabilizar a las personas por malas acciones corporativas.

La empresa admitió que reclutó a narcotraficantes como clientes y usó las ganancias ilícitas para administrar el negocio.

También reconoció que la gente de la empresa vendía cocaína, organizaba tratos con drogas en la tienda e instruía a los clientes sobre cómo estructurar las transacciones en efectivo para eludir los requisitos de declaración de divisas.

Thom Mrozek, portavoz de la oficina del fiscal federal, se negó a comentar sobre el acuerdo, que se firmó en noviembre y se presentó ante el tribunal el miércoles.

El gobierno se verá en apuros para cobrar las multas que puedan imponerse en el momento de la sentencia; U.S. Private Vaults prácticamente no tiene activos, según Michael Singer, el abogado de Nevada, quien negoció el trato para la empresa.

La tienda US Private Vaults en Olympic Boulevard cerró en marzo de 2021, cuando agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento y se llevaron todas sus cajas de seguridad, junto con al menos $86 millones de dólares en efectivo y millones de dólares más en joyas y objetos de valor. que los clientes escondían dentro de ellos.

El asistente del fiscal de EE.UU. Andrew Brown, quien dirige la investigación, calificó a la mayoría de los aproximadamente 800 clientes de la tienda como “delincuentes” en documentos judiciales. Pero el gobierno no ha acusado a ningún cliente de ningún delito.

El juez que aprobó la orden de allanamiento prohibió explícitamente al gobierno realizar cualquier “registro criminal o incautación del contenido de las cajas de seguridad”, y ordenó a los agentes que identificaran a los propietarios y devolvieran sus pertenencias.

Sin embargo, el FBI y la oficina del fiscal federal han intentado confiscar el contenido de 369 de las cajas incautadas, alegando que el dinero, los metales preciosos, los relojes y otros bienes que contenían eran fruto de una actividad delictiva no especificada.

Después de una serie de demandas que acusan a los fiscales de pisotear los derechos de los titulares de las cajas, el gobierno ha devuelto decenas de millones de dólares en efectivo y objetos de valor a los clientes que dijeron haber sido acusados ​​falsamente de irregularidades.

Algunos dijeron que sospechaban del sistema bancario estadounidense y preferían guardar sus ahorros en efectivo y guardarlos bajo llave.

Otros clientes eran traficantes de marihuana con licencia estatal y acceso limitado a los bancos.

Para justificar las órdenes de allanamiento y los casos de decomiso contra los poseedores de cajas, los fiscales se han basado en gran medida en alertas de perros sobre el olor a marihuana en gran parte del dinero incautado, un método ampliamente desacreditado por expertos en pruebas de narcóticos que dicen que la mayor parte de la moneda de la región tiene rastros de olor a marihuana.

Los propietarios de U.S. Private Vaults son Mark Paul y Michael Poliak. Cada uno poseía la mitad de la empresa y eran sus únicos dos directores, según Singer.

La abogada de Paul, Sara L. Caplan, se negó a comentar.

Mark Werksman, quien representa a Poliak, dijo que su cliente era “un hombre de negocios legítimo y exitoso que invirtió en USPV porque pensó que era un negocio lícito que se administraba adecuadamente y atendía a una clientela legítima”.

Poliak y su hija, Gabrielle Poliak, impugnaron el intento de decomiso del gobierno el año pasado por $1.5 millones de dólares en efectivo encontrados en una caja de la tienda.

En noviembre acordaron permitir que el gobierno confiscara el dinero, pero ni admitieron ni negaron las acusaciones de los fiscales de que el dinero provenía del narcotráfico o del fraude.

En los documentos judiciales presentados el año pasado para respaldar una solicitud de orden de allanamiento, el gobierno alegó que Michael Poliak estaba involucrado en un fraude de atención médica y un fraude de préstamo de alivio de COVID-19, pero nunca fue acusado de ninguno de los delitos.

Los abogados de los tenedores de cajas han denunciado la operación contra las bóvedas como una “apropiación de dinero”.

Sugirieron que la parte más reveladora del acuerdo de culpabilidad fue el acuerdo de U.S. Private Vaults de retirar su objeción de junio de 2021 a la persecución de los fiscales del decomiso de 369 cajas de seguridad, una exención que podría facilitar que el gobierno confisque el contenido.

Benjamin Gluck, un abogado que recuperó más de $25 millones de dólares para los tenedores de cajas, dijo que el acuerdo expuso “la bancarrota constitucional y moral de la oficina del fiscal federal al demostrar que están dispuestos a otorgar inmunidad a un criminal admitido siempre que no lo haga. no interfiera con su plan ilegal para confiscar dinero de los poseedores de cajas inocentes”.

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