3 exigencias a ‘La Migra’ sobre acciones contra indocumentados en carta a Biden firmada por 100 congresistas
La Administración Biden ha hecho ajustes a los procesos de detención de indocumentados, pero un grupo de 100 congresistas lanzan tres preocupaciones sobre la nueva dirección de 'La Migra', al tiempo que organizaciones civiles cuestionan el sistema alternativo a la detención, ya que contemplaría una especie de "toque de queda" para inmigrantes
ICE está modificando sus políticas de detención de indocumentados, pero hay preocupaciones sobre la nueva dirección. Crédito: ICE
En una carta dirigida al presidente Joe Biden y al director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tae Johnson, 100 demócratas de la Cámara de Representantes pidieron detener la expansión de arrestos de inmigrantes, reducir los contratos con empresas privadas y revisar las prisiones migratorias y sus políticas.
“Escribimos para expresar nuestra preocupación por lo que parece ser una expansión de [ICE] en la detención y le solicitamos respetuosamente que suspenda cualquier negociación para un espacio de detención nuevo o ampliado con contratistas de prisiones privadas o cárceles en condados“, indica la carta. “También le pedimos que aclare las políticas de detención civil de la Administración, que esperamos reflejen un compromiso para poner fin al encarcelamiento masivo de inmigrantes“.
La carta impulsada por los representantes Pramila Jayapal (Washington), Raúl Grijalva (Arizona) y Jason Crow (Colorado) establece tres prioridades:
1. Suspender la expansión de planes de detención: Se pide emitir una directiva para detener cualquier negociación entre ICE y empresas privadas o gobiernos locales para lograr nuevos acuerdos o extender los contratos de detención existentes.
2. Terminar la detención privada con fines de lucro: Los representantes piden a Biden honrar sus propia Orden Ejecutiva de enero de 2021, sobre implementar políticas para eliminar gradualmente los contratos de detención de inmigrantes con empresas de prisiones privadas y gobiernos locales.
3. Revisar las instalaciones y políticas de detención: Ante reportes de abusos, los congresistas piden hacer una revisión exhaustiva de todas las instalaciones y políticas de detención “con el objetivo de eliminar gradualmente la detención masiva sistemática de inmigrantes”. Agregan que esa revisión debe incluir “aportes de grupos comunitarios, proveedores de servicios legales, personas afectadas por la detención y otras partes interesadas relevantes”.
La carta inicia con un agradecimiento a las autoridades por algunos cambios implementados a favor de inmigrantes indocumentados, incluidas las decisiones de finalizar los contratos con la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol y el Centro de Detención del Condado de Irwin.
Le recordaron a Johnson que en mayo de 2021 expresó su preocupación ante el Congreso “por el uso excesivo de la detención de inmigrantes”.
“Los estudios muestran consistentemente que la mayoría de las personas están mejor preparadas para completar con éxito sus procedimientos de deportación cuando tienen pleno acceso a la
apoyo de sus familias, comunidades y representación legal”, indicaron los representantes. “Lo instamos a adoptar alternativas comunitarias a la detención”.
Además de las tres acciones básicas, los congresistas piden reportes sobre cualquier solicitud o propuesta de adquisición para acuerdos de detención entre ICE y terceros, así como revisar el proceso de detención de indocumentados, para tener más transparencia sobre los estándares y si se toman en consideración los comentarios de defensores de inmigrantes.
También se pidieron copias de los contratos de detención de la agencia y otras negociaciones con gobiernos locales pendientes.
Aunque ICE ha bajado la detención de indocumentados busca implementar nuevas medidas de alternativas a la detención (ATD, en inglés), incluido el aumento del uso de aplicaciones en celulares con BI SmartLink, una especie de arresto domiciliario que también ha desatado otras preocupaciones, sobre todo por la cantidad de datos biométricos de los inmigrantes que la agencia tendría a disposición y el llamado “toque de queda”.
El investigador del TRAC, Austin Kocher, destacó que cuando el presidente Biden asumió la presidencia había 90,000 inmigrantes bajo ATD, pero ahora hay más de 182,000, pero destacó que la videovigilancia podría representar un nuevo problema.
“Estamos siendo testigos de un cambio profundo en las formas geográficas de vigilancia y control de los migrantes“, escribió Kocher.
En el presupuesto de $1.5 billones aprobado por el Congreso a fines de la semana pasada, ICE fue de las agencias que tuvo un incremento de fondos, dedicados a esas alternativas de detención con $443 millones, además de $15 millones de dólares para un programa piloto no especificado.
