Urgen al gobernador Newsom a ampliar protecciones para evitar tsunami de desalojos

Ramón Toscano, padre de 6 niños, incluido un bebé, perdió sus ingresos al estallar la pandemia y comenzó a retrasarse con el pago del alquiler. 

Aunque solicitó asistencia para la renta a través del estado y fue aceptado, solo fue aprobado por un período de tiempo parcial, por lo que no fue posible pagarle todo el adeudo al arrendador. 

Como consecuencia, el casero lo ha estado acosando sin parar.

Ramón teme que tan pronto como expiren las protecciones de desalojo el 31 de marzo, su familia se quede sin hogar.

En solo 10 días, el programa Asistencia de Emergencia para la Renta (ERAP), dejará de aceptar nuevas solicitudes de alivio mientras que al mismo tiempo llegarán a su fin, las protecciones que prohíben que los propietarios de casas entablen solicitudes de desalojo contra los inquilinos que no han pagado la renta debido al impacto económico de covid-19.

Por esa razón, líderes de fe, de salud pública y vivienda, que apoyan a los inquilinos, urgieron al gobernador Gavin Newsom y a los líderes estatales a ampliar las protecciones para evitar los desalojos y el aumento del desamparo en California.

Y es que a partir del 1 de abril, los caseros podrán comenzar a archivar los avisos de desalojos a las personas que han perdido sus ingresos debido a covid y no han pagado la renta.

Los líderes indicaron que solo una fracción de quienes han solicitado alivio al programa de Asistencia de Emergencia para la Renta, han recibido sus pagos.

Un estudio reciente del National Equity Atlas (Atlas Nacional de Equidad), y de las organizaciones Western Center on Law & Poverty, y Housing Now, reveló que más de 366,000 de los 534,666 solicitantes al programa de alivio para la renta, aún están esperando la asistencia.

Dado los largos tiempos de espera, es muy probable que un alto número de inquilinos enfrenten desalojos antes de que finalmente reciban la ayuda, dijeron los líderes en un comunicado.

Y consideraron que dejar a los californianos expuestos al desalojo, será una barrera hacia la recuperación total de la economía de California.

Dijeron que es inconcebible que por un lado los líderes estatales se esfuerzan por abordar la crisis de personas sin hogar, pero a la vez permiten que los programas actuales de prevención de desalojos por covid y las protecciones para los inquilinos, expiren el 31 de marzo.

Los desalojos provocan desamparo, y hay una clara relación entre los desalojos y la salud de quienes son expulsados de sus hogares, expusieron.

Los inquilinos – dijeron – no deben ser penalizados por el lento proceso del programa de asistencia de alquiler.

“El estado no puede dejar vulnerables al desalojo, a los más de 534,000 solicitantes que siguieron los procedimientos correctos para permanecer en la vivienda, solo porque tardan demasiado en recibir los pagos. California no puede darse el lujo de exacerbar su crisis de personas sin hogar de esa manera”.

Jenise Dixon, líder de inquilinos de la organización no lucrativa Alliance of Californians for Community Empowerment de Los Ángeles (ACCE LA), ha estado esperando durante meses para que su solicitud de asistencia para el alquiler se procese correctamente, y se ha visto atrapada en una pesadilla burocrática, ya que no ha podido presentar su aplicación, porque no puede proporcionar una copia de su contrato de arrendamiento. 

“No puede hacerlo porque aunque he vivido en el mismo edificio durante 19 años, el propietario se niega a darme el contrato”. 

De hecho, dijo que el arrendador la ha estado acosando para que se vaya y está tratando de presionarla para que firme un nuevo contrato de arrendamiento que le exige pagar mucho más dinero de renta; y si no le gusta, le pide que se vaya.

Ningún residente de California, sin importar su estatus migratorio debe ser desalojado; o ser sujeto a años de deuda por la renta que no pudo pagar durante la pandemia, indicaron los líderes.

La organización Housing NOW pidió a los líderes estatales que se aseguren de parar el tsunami de desalojos que se ve venir, al cumplir con las siguientes demandas:

• Extender el período de solicitud de ERAP hasta finales de agosto y permitir que los inquilinos soliciten asistencia de alquiler para cubrir el alquiler adeudado hasta el mes de agosto.
• Permitir que los inquilinos soliciten hasta 23 meses totales de asistencia a través de una combinación de alquiler atrasado y futuro.
• Comprometerse a financiar todas las solicitudes elegibles recibidas para fines de agosto, utilizando fondos estatales para cubrir los cinco meses adicionales de asistencia, así como cualquier brecha que quede una vez que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. complete las reasignaciones de los fondos federales de asistencia de alquiler de emergencia.
• Prohibir que los propietarios presenten avisos de desalojo a cualquier persona que tenga una solicitud de alivio de alquiler pendiente.
• Ampliar protecciones adicionales para inquilinos, como prohibiciones a largo plazo de desalojos sin culpa, incluidos los desalojos de la Ley Ellis, y limitaciones en los aumentos de alquiler.
• Asegurar que las pequeñas familias y los propietarios con dificultades sean los primeros en la fila para el pago, y que los inquilinos tengan las protecciones previstas por los $2.6 mil millones en Fondos Federales.
• Detener cualquier otra acción de la autoridad local. Las jurisdicciones deben tener la máxima flexibilidad para diseñar soluciones adaptadas localmente. Las leyes estatales deben complementar los esfuerzos locales de alivio de la renta, no limitarlos.