Hay avances migratorios, pero las trabas al asilo permanecen

Mientras grupos pro inmigrantes mantienen la presión sobre el presidente Joe Biden para que elimine el Título 42 —que impide a solicitantes de asilo a hacerlo en Estados Unidos—, su administración ha ido anunciando algunas medidas migratorias en otros rubros que pueden ser interpretadas como un intento de paliar la falta de progreso en otros temas.

Cabe aclarar que al escribir estas líneas diversos medios informaron que el gobierno de Biden pondera poner fin al Título 42 a partir del 23 de mayo. De hecho, muchas de las medidas contenidas en el presupuesto del año fiscal 2023 parecen preparar el terreno para el fin del Título 42.

Entre esas medidas figura un plan para reducir el rezago en el procesamiento de las solicitudes de ajuste migratorio, incluyendo la residencia legal y la ciudadanía, que al momento superan los 9 millones de peticiones en espera. De hecho, el presupuesto de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) casi se duplica este año fiscal con respecto al año fiscal 2022, y según el plan presupuestario de Biden se destinarían a esta dependencia unos $765 millones de dólares, mientras que a la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados unos 6,300 millones de dólares.

Ese mismo presupuesto, aunque incluye alzas en los montos para el Servicio de Inmigración (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP), establece que la idea es lograr que el sistema sea seguro, ordenado y humano. Así, por ejemplo, pide mayores inversiones en tecnología en la frontera, mientras, por ejemplo, se reduce la cifra de camas en centros de detención. Dicho de otro modo, el presupuesto intenta complacer a todos los sectores involucrados en este tema, aunque al final nadie quede del todo satisfecho.

En ese punto, precisamente, está la encrucijada en la que se encuentra la actual administración, que se llenó de compromisos y promesas desde una perspectiva humanista, pero que enfrenta obstáculos en el terreno de la realidad política, que ahora incluso se ha contaminado por la guerra en el continente europeo.

Y ello se debe en gran medida, al menos en el bando pro inmigrante, primero a la imposibilidad de avanzar una reforma migratoria amplia a nivel legislativo; y, en segundo lugar, a mantener medidas migratorias ideadas e implementadas por el gobierno del antiinmigrante Donald Trump y su xenófobo lugarteniente, Stephen Miller. Tal es el caso del Título 42, que no solo ha venido a afectar a esos miles de seres humanos que veían con esperanza la posibilidad de un trámite legal de asilo, sino que ha empantanado hasta la contradicción a un gobierno demócrata que se suponía acabaría con toda esa zozobra.

En ese sentido, en su reporte anual sobre derechos humanos, presentado este martes, Amnistía Internacional concluye, por ejemplo, que aunque “el gobierno del presidente Biden manifestó su intención de restaurar el historial de Estados Unidos en materia de derechos humanos, los resultados obtenidos en las políticas y prácticas fueron desiguales”. Agrega que “no adoptaron políticas de asilo e inmigración respetuosas con los derechos humanos respecto a la frontera entre Estados Unidos y México, ni materializaron su programa de derechos humanos en el ámbito nacional”.

En efecto, todavía se recuerda con estupor el maltrato recibido en la frontera a miles de solicitantes de asilo, especialmente de Haití, un espectáculo bochornoso que confirma que en Estados Unidos la cuestión migratoria, pero sobre todo el aspecto racial, son temas inconclusos.

Agrega el informe de Amnistía Internacional: “Los funcionarios de control fronterizo llevaron a cabo la devolución ilegal e innecesaria de casi un millón y medio de personas refugiadas y migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, tanto en los puertos de entrada oficiales como en las zonas situadas entre ellos, utilizando como pretexto las disposiciones de salud pública del Título 42 del Código de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19. Las personas devueltas eran expulsadas sumariamente sin acceso a un procedimiento de solicitud de asilo ni a recursos jurídicos o a una evaluación individual de riesgos”.

Si a eso agregamos que la situación en los países de origen de los expulsados no solamente no ha mejorado, sino empeorado, la ecuación se torna aún más complicada. Por ejemplo, en su reciente informe sobre las tendencias de emigración en América Latina y el Caribe, reportado por Telemundo, el Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt, halló que violencia, inseguridad, pobreza y los efectos de la pandemia de Covid-19 siguen obligando a miles de personas a preferir la salida de su país en busca de mejores condiciones de vida. Para Centroamérica los datos son contundentes: 56% de la población hondureña dice preferir dejar su nación, mientras que el porcentaje se ubica en 36% para los guatemaltecos y 32% para los salvadoreños.

Para paliar de algún modo esa situación, el presupuesto de Biden para 2023 incluye un monto total de $987 millones de dólares en relación con su proyecto de desarrollo en el llamado “Triángulo del Norte” de Centroamérica, que comprende precisamente Honduras, Guatemala y El Salvador, y que es parte de su plan de cuatro años de destinar 4 mil millones de dólares en la región. Pero esto aún depende de aprobación.

Por otro lado, según Amnistía Internacional, “el gobierno del presidente Biden eximió a niños y niñas migrantes no acompañados de las expulsiones practicadas en aplicación del Título 42, pero la Patrulla Fronteriza estadounidense hizo uso indebido de una ley contra la trata de personas para seguir repatriando de manera sumaria a miles de niños y niñas mexicanos (más del 95% de los aprehendidos) sin proporcionarles acceso adecuado al procedimiento de asilo ni evaluar de manera efectiva los perjuicios que podrían sufrir a su regreso”.

En conclusión, si bien algunas de las iniciativas que está tomando el gobierno del presidente Joe Biden son un paso en la dirección correcta, ese avance se ve severamente interrumpido por el lastre de medidas nefastas como el Título 42 que siguen implementándose, Su eliminación, de concretarse tal y como se ha reportado, es sin duda otro paso en la dirección correcta.