Los indígenas kumiay logran por primera vez un lugar en el congreso mexicano, pero…

MEXICO.-  María de los Ángeles Carrillo tomó posesión de una diputación de congreso de Baja California como un símbolo. Mujer, indígena kumiay, una etnia que hasta hace siete años desconcía su estado, representa directa e indirectamente una lucha de siglos que ha costado muchas vidas. Dos de ellas del 2020 a la fecha.

“Es momento de hacer leyes para evitar que se sigan aprovechando de nosotros”, precisa en entrevista con este diario.

El inconveniente es que deberá trabajar en tres semanas una agenda larga. “Lo que urge en primer lugar es que no se sigan adueñando de nuestras tierras”.

No se trata de una invasión del crimen organizado como en otras partes de México, aclara. Es gente de todo tipo que ha visto en la vulnerabilidad indígena una oportunidad para robarles tierras, recursos naturales, agua…

Los kumiay fueron expulsados poco a poco de su territorio desde tiempos de la conquista. Al final la etnia quedó relegada al sur de California (San Diego) y el norte de Baja California en los municipios de Tecate y Ensenada. Fue separada por la frontera que pasa por su cerro sagrado: el Cuchumá.

En tiempos recientes el despojo sigue. Cerca de 15 mil hectáreas arrabatadas pedazo a pedazo en un escalada de invasiones. Ahora les quedan 3,000 hectáreas de bienes comunales que aún poseen. Aunque no se las quieren reconocer.

La diputada Carrillo tomó fuerza como activista, entre otras cosas, por revelar a los medios de comunicación locales los nombres y apellidos de quienes orquestan la posesión ilícita de sus tierras desde hace una década.

Se trata de empresarios y funcionarios públicos en complicidad para “repartirse el botín”.

“Ahora los kumiays ya no podemos ni cortar leña para cocinar porque se adueñaron de todo”, lamenta.

El municipio más afectado es San José de la Zorra. La invasiones empezaron en 1954 con el mismo modus operandi: los interesados llegan al lugar y cercan. En adelante nadie los puede sacar, nadie puede entrar.  

Levantar la voz en los municipios donde habitan los kumiay es un asunto mortal. En San José La Zorra no hay víctimas, pero en otros sí.

No importa que ahí vivan los “Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2021”, reconocidos por la Secretaría de Cultura. No importa que ahí habiten algunos de los mejores maestros artesanos como Aurelia Ojeda, galardonada con el “Premio Especial por mejor pieza de rescate antigua: Maija awi tipay pchow”.

A mediados de marzo pasado asesinaron a Patricia Rivera (61 años) de un tiro en la cabeza. Era abogada y defensora de los derechos indígenas, principalmente de los kumiays.

Estaba en una reunión en su casa de Tijuana cuando tres hombres encapuchados entraron y sometieron a los asistentes. Exigieron a todos que entregaran sus pertenencias y cuando la activista reclamó que le devolvieran su teléfono móvil, uno de los delincuentes se giró hacia ella y le disparó.

Dos años atrás, Óscar Eyraud, activista indígena kumiay de los pueblos originarios del municipio de Tecate, cayó también a balazos.

Durante los meses anteriores al crimen denunció la falta de agua en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de empresas. Entre ellas, la cervecera Heineken por consumir millones de litros de agua de pozos de Tecate con el aval de la Comisión Nacional del Agua.

El modus operandi del crimen fue similar al de Patricia Rivera. Un grupo armado irrumpió en la casa del activista de 34 años y atacó con armas largas y cortas, según el reporte del representante federal de  Seguridad y Protección Ciudadana en Baja California, Isaías Bertín. Aún no se esclarece el asesinato.

Óscar Eyraud era también promotor de la autonomía de la población indígena local. Y eso es meterse con los duros.

La autonomía y el poder

“La autonomía indígena implica que los pueblos originarios pueden ejercer el presupuesto directo en lugar de que lo maneje el municipio y eso no gusta a los partidos políticos porque les resta poder”, obsevó Alvaro Vizuet, comisionado legislativo por el Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes.

“Esto está garantizado en el Artículo 2 de la Constitución y en el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que México firmó)”.

Esto implica que las comunidades reconocidas como indígenas pueden regirse por usos y costumbres, determinar cómo quieren elegir a sus gobernantes e implementar sus propios sistemas de seguridad y de justicia.

Pueden elegir también sus sistemas educativos, medios de comunicación, salud, vivienda, empleo, bienestar social, gestión de tierras, medio ambiente y hasta el acceso de personas que no son miembros a su territorio.

La ejecución del autogobierno lo conocen muy bien en el sur del país. Han peleado por él incluso con movimientos armados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En el norte, es muy distinto porque las etnias son menos numerosas y la resistencia institucional una constante.

El historiador Horacio Gonzalez, presidente del Semianrio de historia de Baja California, recuerda que fue hasta el 2015 que el congreso local reconoció oficialmente a las cinco etnias indígenas en su territorio: Kumiay, Cucapá, Paipai, Kiliwa y Chochimí.

“Aquí eran prácticamente invisibles. Estaban ahí, como si fueran mestizos, sin estar sujetos a derechos como pueblos originarios. Pasaron 13 años para que les dieran el reconocimiento después de que se hiciera en la constitución federal”, precisa.

“El gobierno de Baja California ha sido omiso para atender a las comunidades que son su raíz. La llegada de la diputada kumiai es un hecho inédito”.

La antigüedad de la etnia Kumiay tiene en una exposición del Museo del Hombre de San Diego un respaldo histórico. Petroglifos, pinturas rupestres, mapas astronómicos que documentan su arribo a California y Baja California como ecolectores y cazadores antes de asentarse en la zona costera hace 12,000 años.

Kumiay significa “los que ven el agua desde el acantilado”.

La legisladora Carrillo resalta que a pesar de su historia en la región “siempre los quieren hacer a un lado”.

En las elecciones de 2021, los partidos políticos registraron como candidatos indígenas a puestos de elección popular a militantes y ciudadanos que obtuvieron una constancia de identidad étnica sin ser indígenas. ¡Y las autoridades electorales aprobaron sus registros!

Fue una trampa para hacerse del poder con trampas para simular que se cumplía con la ley. Una reforma electoral aprobada a nivel federal y local obliga a  los partidos políticos a incluir en sus listas plurinominales a candidatos indígenas con el fin de que éstos impulsen leyes a su favor.

Para cumplir este requisito, militantes mestizos y blancos de las instituciones políticas se hicieron pasar por kumiays , cucapás, paipais, kiliwas y cochimís.

El Grupo Académico Asesor del Instituto Estatal Electoral de Baja California se dio cuenta e hizo un escándalo. Acusó a varios candidatos del delito de usurpación.

“Quienes usurpan los puestos de elección destinadas a los pueblos indígenas y la falta de acción de los órganos electorales consolidan el racismo que histórica e institucionalmente ha permeado en la relación con estas poblaciones”, advirtieron en una carta pública.

El documento lo firmaron 16 investigadores, académicos y expertos de la Universidad Autónoma de Baja California y el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, entre otros.

Los denunciantes exigieron sanciones contra quienes se postularon como indígenas sin serlo. Pidieron el retiro de las candidaturas y penalizaciones a los partidos y coaliciones que incurrieron en la “acción de usurpación”.

La demanda incluyó además un exhorto a las autoridades de las etnias que “obsequiaron o vendieron cartas” de reconocimiento a quienes no eran indígenas. “Deben tomar conciencia del daño que le hacen a sus comunidades y retirarlas”.

En los pueblos originarios dijeron que habían falsificado sus firmas.

Al final, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California  canceló la candidatura a Rigoberto Campos y Adrián Gildardo González al cargo de diputación por mayoría de representación proporcional del Partido Encuentro Social.

Ordenó dar vista a las fiscalías General y de Delitos Electorales por hacerse pasar por indígenas con rasgos blancos.

La única candidata auténticamente indígena que se quedó fue María de los Angeles Carrillo, por Morena. Pero solo en la suplencia.

El 16 de marzo tomó posesión de la curul pero solo por unos días. La titular Dunnia Montserrat Murillo pidió una licencia para ausentarse hasta el 10 de abril, para apoyar la consulta los asuntos sobre revocación de mandato a nivel nacional.

La revocación de mandato es un asunto de prioridad máxima para el partido Morena porque se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga o no en el cargo.

Larga agenda

De cualquier modo, los kumiais deben resolver sus problemas con una representación en el congreso o sin ella. Sus necesidades son tan variadas como ancestrales. La educación bilingüe, por ejemplo.

La ley dice que el Estado debe garantizar la preservación de las lenguas originarias con la enseñanza en las aulas. Pero en los hechos no ocurre, dice la diputada Carrillo. “Sólo se les da español”.

El resultado de la simulación ha sido catastrófico. Actualmente sólo hablan el kumiay 14 personas en San José La Zorra por lo que en el municipio está al borde de la desaparición.

Los kumiay están conscientes de que la muerte de una lengua es el fin de una cultura y para evitarlo buscan a jóvenes para que la aprendan. Ahora mismo tienen un grupo de 60 muchachos interesados.

Pero quieren más. Tienen presupuesto que lograron bajar del Estado y ya están en la primera etapa de creación de contenidos educativos con material audiovisual en las escuelas.

Mientras tanto, atienden a la par asuntos de salud. En primer logar porque no los quieren recibir en los hospitales sin ser derechohabientes de seguridad social.

El problema no es exclusivo de los kumiai, pero ahí está. A mediados del año pasado, la diputada local Evelyn Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Indígenas, contabilizó 2,000 integrantes de diversas etnias que murieron por covid o enfermedades asociadas al coronavirus.

No estaban integrados al programa de vacunación como grupo vulnerable y los médicos los enviaban a casa aunque tuvieran cuadros complicados en Tijuana, Valle de San Quintín y en el poblado de Maneadero, en el municipio de Ensenada.

El historiador Horacio González observa una disociación en los bajacalifornianos entre la realidad de los indígena y cómo los miran. “Ven a los pueblos originarios como algo lejano o como una  manera de lucrar con ellos”.

Pone dos ejemplos: la cerveza cucapá y la venta de salvia.

En el primer caso, los cucapás no ganan nada por las ventas de una de las cervezas artesanales más populares del país. Por tanto, explica, el uso del nombre de la etnia es una apropiación cultural.

La escasez de la salvia es más complicada. La hierba ancestral utilizada en las ceremonias de los kumiay se está agotando. La razón es la mercantilización de la planta, dice.

“Se promueve entre los grupos new age como un auxiliar espiritual. Los intermediarios la compran a 20 pesos (alrededor de un dólar) el manojo y lo venden en 600 pesos (30 dólares) en las páginas web”.

Los retos de los kumiay abarcan todo lo largo  de la frontera. La división geopolítica tras la invasión estadounidense en el siglo XIX los dividió. A unos los hizo estadounidenses; a otros, mexicanos. A ellos les daba igual  porque iban y venían de un lado a otro sin dificultad.

Pero esos permisos de entradas y salidas se revocaron en tiempos recientes a la par de que arrancó la construcción del muro con Donald Trump y siguió Joe Biden.

En el 2020, los kumiay se plantaron frente a las máquinas que removían el terreno en la zona del municipio de Tecate. Intentaron detenerlas mientras los trabajadores estadunidenses colocaban tramos metálicos del muro y hacían mediciones topográficas.

Entonaron sus cantos ancestrales al ritmo de los instrumentos tradicionales. Así invocan el derecho sobre ese territorio, sus plantas, su indigenismo, su no frontera y sus derechos políticos.

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