Fiscal de Texas retirará cargo de asesinato a mujer que se realizó un aborto
Un fiscal del estado de Texas retirará los cargos penales en contra de una mujer que fue detenida por un aborto autoinducido en un caso que causó revuelo en el ámbito nacional
Los defensores nacionales de los derechos reproductivos manifestaron que Herrara nunca debió haber sido arrestada. Crédito: Montinique Monroe | Getty Images
Un fiscal del estado de Texas retirará los cargos penales en contra de una mujer que fue detenida por un aborto autoinducido en un caso que causó revuelo en el ámbito nacional y que llevó a los defensores por el derecho al aborto a manifestarse en su nombre.
Tras la acusación del jurado el pasado 30 de marzo, Lizelle Herrera, de 26 años, fue detenida el jueves por la oficina del Sheriff del condado de Starr, de acuerdo con Valley Central. Una portavoz del alguacil dijo que ella “causó intencionalmente y con conocimiento la muerte de una persona por sí misma”. Fue puesta bajo fianza de 500,000 en la cárcel en Rio Grande City.
Gocha Allen Ramírez, fiscal de distrito del condado de Starr, expresó este domingo que su oficina presentaría una moción para desestimar los cargos en su contra este lunes.
“Al revisar la ley aplicable de Texas, está claro que la Sra. Herrera no puede ni debe ser procesada por la acusación en su contra”, determinó Ramírez en un comunicado.
Hasta el momento, ni el fiscal de distrito, ni el departamento del sheriff informaron cuándo sería liberada la mujer.
Asimismo, Ramírez dijo que los oficiales hicieron bien en detenerla porque “ignorar el incidente había sido un incumplimiento de su deber”. No obstante, dijo que los fiscales de distrito tienen discreción procesal y que su juramento es “hacer justicia”.
“Después de ese juramento, el único resultado correcto de este asunto es que se desestime inmediatamente la acusación contra la señora Herrera”, dijo el fiscal.
El caso de Herrera reavivó también la controversia sobre la ley de aborto en Texas, que fue apoyada en su mayoría por la Corte Suprema de Estados Unidos en diciembre pasado.
Denominada como el Proyecto de Ley 8 del Senado, esta legislación prohíbe a las mujeres abortar tras las seis semanas de gestación, algo complicado porque muchas mujeres no saben que están embarazadas en ese entonces, así que tampoco exime a las mujeres que hayan quedado embarazadas por violación.
El fiscal no detalló qué estándar legal específico aplicó en el caso de Herrera y, en cambio, indicó como la acusación “afecto” directamente a la mujer y a su familia.
“Los temas relacionados con este asunto son claramente polémicos, sin embargo, según la ley de Texas y los hechos presentados, no es un asunto penal”, zanjó Ramírez.
Por otro lado, un pequeño grupo de manifestantes se concentraron frente a la oficina del alguacil el sábado, liderado por La Frontera Fund, un grupo que respalda el aborto.
“Tuvo un aborto espontáneo en un hospital y supuestamente le confió al personal del hospital que había intentado inducir su propio aborto y la administración o el personal del hospital la informaron a las autoridades”, dijo el sábado Rickie González, el fundador del grupo.
Rio Grande Valley y los defensores nacionales de los derechos reproductivos manifestaron que, en primer lugar, Herrara nunca debió haber sido arrestada.
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