Buscan eliminar trabas para que vendedores ambulantes obtengan permisos de salud

Aunque muchas ciudades a lo largo del estado han legalizado las ventas de los ambulantes, los vendedores de comida en las banquetas siguen operando en la informalidad porque la gran mayoría no han podido obtener sus permisos de salud.

Esta semana fue aprobado en el Comité de Salud Pública del Senado, el proyecto de ley SB 972 de la senadora demócrata de Long Beach, Lena González que propone cambios que resuelvan la compleja red de requisitos que dificultan la capacidad de los vendedores ambulantes para acceder a los permisos y comprar un carrito accesible y liviano, de poco peso.

Básicamente incorporaría a la diversa variedad de vendedores ambulantes en el sistema de permisos de salud y a las economías locales; y crearía la categoría “instalaciones de comida compacta”, lo que autorizaría a las agencias estatales a desarrollar carritos de venta de comida estandarizados para las banquetas, y así sería más fácil que trabajaran legalmente, y de manera segura.

La senadora González es la autora de esta medida que fue aprobada con 9 votos a favor, una abstención de la senadora demócrata de Sanger (Valle Central), Melissa Hurtado y un voto en contra de la senadora republicana Melissa Melendez en el comité de salud pública del Senado.

“Por demasiado tiempo, los vendedores callejeros de comida han sido sujetos de un ciclo de criminalización y pobreza sin fin, debido a requisitos anticuados que hacen que los permisos de venta de comida sean inaccesibles”.

Es tiempo – dijo – de crear una economía alimentaria más equitativa que incluya a los vendedores ambulantes.

Agregó que debemos asegurarnos de crear un camino claro, justo y equitativo para los permisos de comida que proteja la salud pública y seguridad, así como el sustento de miles de individuos de bajos ingresos, gente de las minorías, y mujeres en nuestro estado.

En 2018, fue hecha ley, una medida del entonces senador Ricardo Lara que despenalizó las ventas ambulantes en California para que ya no les aplicara repetidas y cuantiosas multas ni los arrestaran por vender en la calle.

“Lo que esa ley hizo fue evitar que se siguiera criminalizando a los vendedores, pero lo que estamos tratando de hacer ahora con la medida SB 972 es remover las barreras para que los ambulantes puedan obtener sus permisos de salud”, dijo el abogado Juan Espinoza de la organización Public Counsel, quien ha trabajado con el panel de vendedores expertos en el diseño de la ley.

“A varios años de la despenalización de las ventas ambulantes, muy pocos vendedores han logrado obtener sus permisos de salud, y siguen operando en la informalidad”.

Explicó que bajo el código actual de ventas de alimentos, no pueden vender comidas calientes ni cortar frutos en el carrito.

“También se les obliga a preparar sus alimentos en comisarías que son privadas y muy caras”.

Por otra parte, dijo que para obtener un permiso de salud, tienen que mandar a fabricar un carrito que cuesta entre $20,000 y $30,000. “Y tiene que ser aprobado por la secretaría de salud y construido por fabricantes que están en una lista que ellos les proveen”.

Como consecuencia de todos estos requerimientos que fueron más bien creados para restaurantes y hoteles, muy pocos vendedores han obtenido permisos de salud.

“El resultado es que bajo la ley de Ricardo Lara ya no los pueden arrestar, pero si les siguen quitando y decomisando sus mercancías”.

Los vendedores ambulantes Merlin Alvarado y César Benítez fueron al Capitolio a dar testimonio sobre los múltiples desafíos que han experimentado para obtener los permisos para vender comida.

“Esto ha sido una larga batalla. Hemos enfrentado muchos obstáculos a lo largo de los años en un esfuerzo por navegar un proceso burocrático desorientador que fue escrito sin tener en mente a los vendedores”, dijo Merlin Alvarado, quien ha sido una vendedora de frutas y hot dogs en Hollywood por 16 años.

Agregó que el voto aprobatorio en el Senado, significa avanzar hacia el siguiente escalón para legitimar a los pequeños negocios.

“Es un paso adelante para trabajar y proveer a mi familia en un ambiente de paz, sin miedo y con dignidad, porque detrás de cada sombrilla icónica que ven con un vendedor ambulante debajo, hay una familia que se sostiene del trabajo duro”.

César Benítez, quien también dio su testimonio en el Capitolio Estatal, vende aguas frescas en la ciudad de Commerce desde hace 3 años, y ha estado atrapado en el proceso de obtener un permiso; y en un callejón sin salida con el fabricante de su carrito a quien le pagó $3,000 de anticipo.

“Han pasado casi dos años y no he recibido mi carrito. Me hicieron un carrito para venta de raspados y frutas. Yo les dije que no correspondía a los planos del carrito que yo necesita; y a partir de ahí me han traído vueltas y vueltas con la promesa de entregármelo en 15 días. De eso ya ha pasado más de un año”, dijo.

En total, su carrito le iba a costar $14,000. Por ahora, el fabricante no le quiere regresar los $3,000 del anticipo.

“No nos dimos cuenta al firmar el contrato, que en letra chiquita dice que el dinero del anticipo ya no se regresa”.

El problema, explicó, es que los vendedores ambulantes solo pueden mandar fabricar sus carritos con los negocios que les provee el Departamento de Salud.

César dice que ha seguido vendiendo sus aguas frescas sin un permiso de salud, lo que le ha ocasionado que los inspectores lleguen y le decomisen sus aguas frescas. “Ellos nos siguen acosando, sin importar que no sea culpa de nosotros que no exista la capacidad para construirnos los carritos que necesitamos”.

Dijo que bajo el proyecto de ley, están además impulsando que los vendedores guarden sus carritos en sus casas, y puedan cocinar y preparar sus alimentos en sus propias cocinas o en cocinas industriales que no sean necesariamente de las comisarias. “Éstas aparte de ser muy caras, no son suficientes, y quedan muy lejos”.

Por meses, un comité de vendedores ambulantes a lo largo de California, se ha juntado para proporcionar guía sobre la SB 972, sobre todo para que bajo este proyecto de ley, se llenen sus necesidades al tiempo que se protege la salud pública.

Los vendedores han enfatizado la necesidad de asegurarse que las leyes de la comida reflejen la diversidad de la economía alimenticia.

“Estoy muy agradecido y emocionado por la perspectiva de una ley que abarque a las personas que alguna vez fueron castigadas y excluidas de nuestras leyes alimentarias”, dijo Espinoza de la organización Public Counsel.

La SB 972 avanzará ahora al Comité de Asignaciones Fiscales del Senado para su aprobación.