EE.UU. pide extradición de Rubén Rocha Moya; México advierte que la solicitud carece de pruebas

México acusa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por lo que señala una violación

México enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la información.

México enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la información. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

El Gobierno de México confirmó la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra diversas personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un caso que ha elevado la tensión bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los documentos fueron recibidos este 28 de abril y que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, se turnaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.

En un posicionamiento oficial, la Cancillería subrayó que, tras una revisión jurídica inicial, las solicitudes carecen de sustento probatorio suficiente.

“Los documentos no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, indicó la SRE.

Aun así, precisó que será la FGR la instancia encargada de determinar si existen elementos que permitan avanzar conforme al sistema jurídico mexicano.

Las solicitudes derivan de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, incluyendo la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y agencias como la DEA, que vinculan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con estas imputaciones, los señalados habrían participado en conspiraciones para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, así como en delitos relacionados con armas, lo que podría implicar penas de hasta cadena perpetua.

Entre los señalados en la querella se encuentra el senador Enrique Inzunza Cázarez, junto con el fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra. También figura Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas en la entidad, así como Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.

A la lista se suma Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, quien también ocupó un cargo dentro de la Policía de Investigación; además de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal. Asimismo, aparecen José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual presidente municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de esa misma ciudad.

Así, se escribe un nuevo capítulo de tensión bilateral, dado que el Gobierno mexicano enfatizó que el proceso debe apegarse al tratado vigente de extradición, el cual establece criterios claros sobre la presentación de evidencias, por lo que la ausencia de pruebas impide, por ahora, determinar responsabilidades.

Además, la SRE anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la difusión pública del caso, al considerar que podría violar las cláusulas de confidencialidad del tratado.

Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que son infundadas: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones… carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Por ahora, la evolución del caso dependerá ahora de si la Fiscalía encuentra elementos que respalden las solicitudes estadounidenses o si, por el contrario, se determina su improcedencia bajo el marco legal mexicano.

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