Organizaciones proinmigrantes demandan a ICE por sus alternativas de vigilancia

Marco José Topete González se alegró apenas supo que las organizaciones de defensa de los inmigrantes Just Futures Law, Mijente Support Committee y Community Justice Exchange demandaron al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para saber cómo están usando los datos colectados de los inmigrantes que son puestos bajo las alternativas de detención digital.

“Yo salí del Centro de Detención de Adelanto hace dos años. Por un año y medio me tuvieron con un brazalete de monitoreo electrónico en el tobillo; pero hace 6 meses, me lo quitaron y me hicieron bajar una aplicación en mi teléfono a través de la cual me están vigilando todo el tiempo”, afirma Topete.

Enfatiza que se trata de una aplicación muy invasiva.

“Nunca puedes apagar el teléfono. Siempre tienes que tener prendida la sección del teléfono que indica donde estás; una vez a la semana, te piden que te tomes una foto con el teléfono y se la envíes”.

Comenta que por momentos la aplicación se descontrola y empieza a hacer sonidos alarmantes o simplemente se desaparece del teléfono, o no quiere abrir.

“Es una verdadera tortuga y un dolor de cabeza. Uno no sabe, si por una falla de la aplicación, vayamos a terminar de nuevo en detención”.

Pero además dice que él ya salió libre, y le ha cumplido con todo a migración, por qué habrían de tenerlo bajo vigilancia y monitoreo día y noche por medio de una aplicación de teléfono.

A partir de la pandemia, las autoridades de migración pusieron en marcha el uso de aplicaciones en los smartphones para que los inmigrantes liberados de la detención reciban por esta vía sus citas en la corte y mantenerlos ubicados.

El programa es conocido formalmente como Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (en inglés Intensive Supervision Appearance Programa/ISAP), y es manejado por un contratista privado B.I. Incorporated, una subsidiaria del Grupo GEO que administra las cárceles de detención de inmigrantes como el Centro de Adelanto.

De acuerdo a los demandantes, el programa sujeta a los inmigrantes a una vigilancia invasiva a través del uso de tecnología facial y de voz, así como a un seguimiento de monitoreo electrónico por el GPS.

“El ICE ha expandido agresivamente su programa de encarcelamiento electrónico en los años recientes sin vigilancia o debate público”, dice Jacinta González, directora de campaña de la organización Mijente.

“Hay ya 200,000 personas en este programa, y muy pronto llegarán a 400,000; y si la administración actual se sale con la suya, todos estarán intensamente vigilados”, señala.

“Como mínimo, merecemos saber cómo el ICE conduce este programa y que datos está recabando”.

En su lucha para obtener información sobre las crecientes prácticas de detención digital, que incluyen el uso de la aplicación SmartLink y otras extensiones digitales de detención, las organizaciones de inmigrantes están siendo representadas por Samuelson Law y la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“La resistencia de ICE para compartir los datos que obtienen y cómo los usan, deben darnos qué pensar a todos”, dice Sejal Zota, director legal de Just Futures Law. 

“Sabemos que ICE no ha cambiado sus prácticas, solo las ha fortalecido a través del encarcelamiento digital. Y estamos preocupados acerca de cómo y con quién el ICE y B.I. comparten estos datos, o si los venden. Es cada vez más preocupante dado el creciente número de personas bajo este tipo de vigilancia de ICE”.

Hasta marzo, el número de personas bajo el programa ISAP había aumentado a 216,000. El presidente Biden solicitó en su presupuesto para el año 2023, que le den  $527 millones más para las prisiones digitales de ICE y para continuar ampliando las herramientas de encarcelamiento electrónico.

“Dada la historia de vigilancia del ICE y los abusos en los datos que alimentan la maquinaria de detención y deportación, no es una sorpresa que la agencia resguarde a puertas cerradas, el programa de encarcelamiento electrónico”, dice Aly Panjwani de la organización Just Future Law.

“El ICE debe entregar estos expedientes ahora y poner fin al programa con B.I. Incorporated, la cual está sacando provecho económico del encarcelamiento de las comunidades inmigrantes”.

En febrero, 25 miembros del Congreso enviaron una carta al secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas para manifestarle su preocupación sobre el incremento drástico del programa ISAP del ICE.

La carta fue firmada por 176 organizaciones.

“Las prácticas de creación y recopilación de datos de ICE están envueltas en un halo de secrecía”, dice Ana María Rivera-Forastieri, directora de organización de justicia migrante de Community Justice Exchange.

“El SmartLink y el programa ISAP son las más recientes manifestaciones de la larga historia del ICE en el uso de datos y tecnología para vigilar e intentar controlar a nuestras comunidades, y esto tiene que parar”.

La Opinión se encuentra a la espera de ICE sobre la demanda interpuesta.