A regañadientes Trump tuvo que pagar multa de $110,000 por desacato y todavía podría enfrentar más cargos
Donald Trump pagó una multa por $110,000 dólares después de que un juez de Nueva York lo declaró en desacato por no entregar documentos financieros que probarían un posible fraude y probablemente enfrentará mayores multas
Donald Trump pagó la multa de por $110,000 dólares impuesta después de que un juez de Nueva York lo declarara en desacato, según un portavoz de la fiscal general de la ciudad, Letitia James.
Un abogado de Trump también presentó más de una docena de declaraciones juradas que vencen el viernes en un esfuerzo por revocar el fallo por desacato.
Trump fue declarado en desacato el 25 de abril después de no cumplir con una citación que requería que entregara documentos a los investigadores que realizaban una extensa investigación civil por fraude financiero para la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La citación buscaba documentos relacionados con las finanzas personales de Trump, así como información relacionada con el financiamiento de varias propiedades.
Trump recibió una multa de $10,000 dólares por día hasta el 6 de mayo, la fecha de su intento más reciente de satisfacer las demandas del juez Arthur Engoron.
En respuesta a la presentación del 6 de mayo, Engoron detuvo la multa y suspendió el fallo de desacato, pero dijo que aún no estaba satisfecho con la explicación de Trump sobre cómo él y sus abogados lograron encontrar cero documentos que cumplieran con la citación.
Engoron le dio a Trump hasta el 20 de mayo para presentar una larga lista de declaraciones juradas adicionales que detallan la búsqueda de registros y dispositivos electrónicos por parte de sus abogados, y explicaciones de las políticas de retención y destrucción de documentos de la Organización Trump.
Trump y su compañía también debían cooperar con un esfuerzo de descubrimiento ordenado por un tribunal y largamente demorado por parte de una empresa externa encargada de clasificar años de registros corporativos.
La firma completó su descubrimiento el jueves, el mismo día en que se entregó el pago de Trump.
Engoron decidirá si las declaraciones juradas presentadas el viernes cumplen con los términos de la citación por la cual Trump fue declarado en desacato.
Si no son satisfactorias, el fallo de desacato puede restablecerse con carácter retroactivo al 7 de mayo, lo que significa que Trump deberá pagar $130,000 dólares adicionales.
La oficina de James había exigido documentos y datos de ubicaciones específicas de archivos y personal de la Organización Trump, pero también había notado que Trump no entregó varios teléfonos que había usado.
En la declaración jurada del 6 de mayo, Trump dijo que no “sabe el paradero” de esos teléfonos, incluido un Samsung que usó en la Casa Blanca que, según dijo, “me fue quitado en algún momento mientras era presidente”.
Trump dijo en la presentación del 6 de mayo que actualmente tiene dos teléfonos, un iPhone “que he tenido durante varios años y es para mi uso personal” y un nuevo teléfono que utiliza exclusivamente para publicar en redes sociales con el que tiene un acuerdo de licencia.
A Trump y dos de sus hijos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, se les ordenó el 17 de febrero que comparecieran para declarar en la larga investigación de fraude civil de James. Apelaron el auto de comparecencia y están a la espera de una decisión sobre ese recurso.
Trump no impugnó una parte separada de ese fallo del 17 de febrero en el que se le ordenó cumplir con la citación de documentos de James.
Engoron ordenó a Trump que cumpliera antes del 3 de marzo y luego extendió ese plazo hasta el 31 de marzo, una fecha acordada por ambas partes en ese momento.
Trump no entregó documentos ese día y planteó objeciones que, según Engoron y la oficina de James, deberían haberse abordado meses antes, lo que llevó al fallo de desacato.
La oficina de James afirmó en un comunicado de prensa de febrero que su amplia investigación ha recopilado evidencia “que demuestra que Donald J. Trump y la Organización Trump usaron declaraciones financieras fraudulentas y engañosas para obtener un beneficio económico”.
El enfoque inicial de la investigación se centró en si la Organización Trump infló las valoraciones de los activos mientras buscaba préstamos y cobertura de seguros y redujo su valor para reducir la obligación tributaria.
Trump ha negado repetidamente todas las acusaciones de irregularidades personales y de la empresa.
Los abogados de la oficina de James han indicado durante múltiples audiencias en el último mes que la investigación está llegando a su fin y que puede conducir a una “acción de ejecución”. No han dado más detalles sobre lo que podría ser la aplicación.
“Claramente se ha acumulado una cantidad sustancial de evidencia que podría respaldar la presentación de un procedimiento de ejecución, aunque aún no se ha tomado la determinación final sobre la presentación de ese procedimiento”, dijo Andrew Amer, litigante de la oficina de James, durante una audiencia la semana pasada.
Dos abogados de la oficina de James siguen asignados a una investigación criminal separada del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump y su compañía, para la cual expiró recientemente un gran jurado especial.
Esa investigación condujo en julio de 2021 a cargos de fraude criminal y evasión de impuestos contra la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg.
Presentaron una moción para desestimar en febrero, y se espera que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, responda a esa moción este mes.
Dos importantes fiscales, Carey Dunne y Mark Pomerantz, renunciaron en febrero, menos de dos meses después de que el recién elegido fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, asumiera el cargo. Bragg sucedió a Cyrus Vance Jr., quien inició la investigación en agosto de 2018.
En su carta de renuncia publicada en el The New York Times, Pomerantz escribió que Vance “concluyó que los hechos justificaban un enjuiciamiento”, pero que Bragg había “tomado la decisión… de no presentar cargos penales en este momento”. Bragg dijo en un comunicado del 7 de abril que la investigación criminal “continúa” y que sus investigadores y fiscales están “explorando evidencia no explorada previamente”.
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