Joven hondureño al filo de la deportación por falta de asistencia legal

A Yordy Gámez Escobar, lo despertaron de madrugada en su celda del Centro de Detención de Adelanto, para avisarle que se preparara para ser deportado. Había llegado gente del Consulado de Honduras para subirlo a un avión rumbo a su país.

“Yo les dije a los del ICE (Servicio de Migración y Aduanas) que fueron por mí, que no me podían hacer eso, porque me habían dado 30 días para presentar la segunda apelación a la negativa de asilo”, dijo.

Fue así como Yordy logró parar de momento su deportación, pero saber que está en riesgo de ser expulsado en cualquier momento, lo ha puesto muy mal.

“Me siento deprimido, preocupado de solo pensar que regresar a Honduras, significa ya no ver a mi madre, mis hijas, mis hermanos”.

La única salida que le queda a Yordy es la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Sin embargo, está contra la pared porque su familia no tiene con qué pagar un abogado que presente su apelación en ese tribunal.

Yordy tiene 23 años de edad, hace 6 años que llegó a Estados Unidos para reunirse con su madre y sus hermanos en Los Ángeles. Es padre de una niña de 3 años y una hijastra de 5 años.

Trabajaba en mudanzas y en la construcción antes de ser arrestado por el ICE.

La pesadilla para Yordy comenzó en 2017 cuando se vio involucrado en un pleito y acusado de un delito mayor que lo llevó a la cárcel del condado de Los Ángeles.

Aunque salió con fianza, el 16 de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de covid-19 en California, los agentes de ICE se presentaron en la casa de Yordy y se lo llevaron arrestado, por ser indocumentado y tener en sus antecedentes un delito mayor por el pleito en el que participó.

“Entraron a mi casa y me llevaron detenido”.

Yordy lleva 2 años y 2 meses recluido en Adelanto. “En este lugar se viven muchas injusticias”, dice lleno de tristeza.

Cuando lo detuvieron contaba con la visa T que se da a las víctimas de tráfico humano, y estaba a meses de aplicar para la residencia.

Katherine Gámez, la hermana mayor de Yordy, dice que tienen mucho miedo a la deportación de su hermano. 

“Nos sentimos frustrados, impotentes. Todas las puertas se nos han cerrado”.

Desafortunadamente, menciona que se han quedado sin fondos para seguir pagando a un abogado para la defensa legal de su hermano.

“Hemos tocado una puerta tras otra, y no encontramos una salida”.

Cuenta que su hermano la llamó a las 4 de la mañana el martes 23 de mayo para decirle que un oficial del ICE había ido por él para deportarlo.

“Nos preocupa mucho que lo deporten a Honduras por la inseguridad y porque no hay nadie que lo acoja allá”.

Agrega que el tema del arresto donde lo condenaron por golpear a un muchacho en una pelea, fue muy injusto porque no pudieron conseguir un abogado que lo defendiera apropiadamente.

“Casi no conocíamos las leyes. Él fue culpado prácticamente sin asesoría legal. La abogada que contratamos solo fue dos veces a verlo y siempre andaba ocupada con otros casos”.

Dice que su hermano vino siendo un menor de edad, y casi no conoce Honduras.

“¿Qué le espera si lo deportan? Él tiene muchas metas por cumplir en este país”.

Y critica el trato recibido en Adelanto. “Mi hermano entró sano, y dos años después lo diagnostican con prediabetes, colesterol alto y tiene mucha presión en el corazón y la cabeza. Además de que sufre de ansiedad y depresión”.

Hace un llamado al Consulado de Honduras para que le ofrezcan asistencia legal y a su hermano.

“Yo he acudido por ayuda a muchas organizaciones proinmigrantes, pero no he tenido respuesta, y estamos desesperados”.

La organización UnitedWeDream ha denunciado en su sitio web, que bajo la administración Biden-Harris, a diario se llevan a cabo aprehensiones, deportaciones y expulsiones, a pesar de la promesa de parar las deportaciones.

Hasta el 23 de mayo, reportaban 2,348,803.

“Esta administración debe dar prioridad a la seguridad y a la sanación de las comunidades migrantes, y eso significa parar las deportaciones y expulsiones. También garantizar el derecho a buscar el asilo a los individuos que llegan a la frontera sur”.

De acuerdo a un reporte del ICE de marzo, en el año fiscal 2021, las deportaciones bajaron a 59,000, el número más bajo desde el año fiscal 2007. En el año fiscal 2020, fueron deportados 186,000 inmigrantes.

Antes de esa fecha, el ICE deportaba entre 226,000 y 410,000 inmigrantes cada año fiscal.

Según el ICE, bajo la administración Biden solo se enfocan en arrestar a gente con condenas por delitos agravados; y el año pasado, el 66% de los deportados eran criminales convictos.

El director interino del ICE, Tae Johnson, dijo en un comunicado al revelar el reporte, que los datos reflejan que los oficiales y agentes especiales de ICE se enfocaron en los casos que generaron el mayor impacto en las comunidades de todo el país mientras defienden los valores de la nación.

La Opinión contactó al Consulado de Honduras en Los Ángeles en torno al  caso de Yordy, pero no tuvo respuesta.

Katherine, hermana de Yordy, pidió al Consulado de Honduras que se ponga la mano en el corazón y ayude con asesoría legal a los inmigrantes hondureños para que no sean deportados.

“Queremos también que las organizaciones ayuden a los inmigrantes a llevar casos legales y a las personas que están en proceso en el Noveno Circuito, como mi hermano para darles una nueva oportunidad en este país“.