Sobreviviente de violencia doméstica entre el asilo y la deportación

Con los nervios de punta, Marisela Andrade se enfrenta este miércoles 15 de junio a una decisión final sobre su solicitud de asilo. Será un juez en la corte de migración de Aurora, Colorado, quien tendrá la última palabra en la última audiencia de su caso. Si el fallo sale en su contra, tendrá que recurrir a una apelación, sin un abogado que la defienda.

“Este miércoles voy a saber si me darán el asilo, o si me van a deportar. Estoy preparada para ambas decisiones, pero si me niegan el asilo, voy a apelar el fallo, y a luchar hasta el último momento por quedarme en este país”, dijo Marisela, en una entrevista telefónica con La Opinión desde el Centro de Migración de Aurora, Colorado.

Hace seis meses que esta inmigrante mexicana fue transferida de California a un centro de detención en Colorado.

Marisela acudirá a la cita con su destino, sin asistencia legal, y defendiéndose ella misma.

“No puedo pagar un abogado, y por más que he buscado abogados probonos (de forma gratuita), nadie ha querido tomar mi caso”, dice Marisela, quien está luchando por no ser deportada a México.

“Corro el peligro de que me maten porque allá vive el hermano de mi esposo”, comenta.

Marisela es una inmigrante de 44 años de edad, nacida en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, México. Ya era residente de Estados Unidos y tenía 19 años de edad y tres hijas, cuando fue sentenciada a cadena perpetua, tras quitarle la vida a su esposo. 

La tragedia de Marisela comenzó cuando a los 15 años se enamoró de un hombre que prometió amarla; y se casaron cuando ella cumplió 18 años.

“El día de mi boda la violencia doméstica comenzó. Le pregunté por qué las cosas habían cambiado, y él me dijo que porque ya era su esposa. Bebía mucho alcohol y lo único que yo hacía, era obedecerlo y complacerlo en todos los sentidos porque le tenía mucho miedo”.

Relata que perdió un bebé tras una golpiza terrible que le propinó su esposo, pero nunca lo denunció a la policía porque siempre la amenazaba con quitarle a sus hijas.

No mucho tiempo después de su boda, su esposo trajo a Marisela a Estados Unidos, donde – dice – continuaron los abusos.

“Yo era muy ignorante, así que me quedé en silencio sin compartir nada sobre lo que estaba pasando y soportando toda la violencia y el abuso hasta 2008 cuando ocurrió el crimen”. 

Al verse sin salida ante tanto abuso físico y violaciones, relata que en un acto de defensa propia, le quitó la vida a su abusador.

Marisela pasó casi 15 años de su vida encarcelada. En 2018, el gobernador Gavin Newsom le conmutó la pena en reconocimiento a su rehabilitación, a su arrepentimiento y el significativo abuso que sufrió.

En el año 2021, le dieron su libertad condicional, pero como el Departamento de Prisiones (CDCR) coopera con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), Maricela fue transferida y puesta bajo custodia en un centro de detención en Aurora, Colorado en lugar de ser liberada para reunirse con su familia.

Varias organizaciones proinmigrantes han lanzado una campaña para presionar porque a Marisela le den el asilo, debido a que es sobreviviente de tráfico humano y violencia doméstica, y ante el peligro que corre si es deportada a México, ya que la familia de su esposo fallecido, está conectada con el tráfico humano.

Pamela Fadem, activista de la California Coalition for Women Prisoners, dijo que tienen grandes esperanzas de que la jueza de inmigración Elizabeth McGrail reconozca el grave peligro que correrá Marisela a manos de la red de traficantes de su ex esposo, si es deportada a México. 

“No hay justicia, ni mejora la seguridad pública con la deportación de sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas. Si a Mari no se le concede asilo, tendrá que decidir los próximos pasos. Su extensa comunidad en California seguirá apoyándola”. 

Agregó que necesitamos aprobar el proyecto de ley Vision Act, que evitará el doble castigo de las personas que se han ganado su liberación de prisión y que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California facilite el trabajo de ICE.

Marisela es madre de tres hijas: Alondra de 24 años, Anahi de 19 años y Nicole de 16 años. También tiene hermanos y amigas que la esperan en la ciudad de Salinas, California.

“Solo le pido a la jueza que me deje quedarme en este país. Ya soy otra persona y me he enmendado; y por eso estoy suplicando una segunda oportunidad”.

La medida AB 937 (Vision Act) de la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, que se debate en la legislatura de California, protegería a los refugiados e inmigrantes elegibles que salen libres de las prisiones estatales y cárceles locales al haber cumplido sus sentencias, ser transferidas al ICE. 

La campaña para parar la deportación de Marisela, te invita a mandar un correo electrónico y llamar a la oficina de campo de ICE de Denver, Colorado para pedirles que abandonen los procedimientos de deportación contra Marisela y la dejen volver a casa con su familia y comunidad en California. 

Oficina de campo de ICE en Denver, agente Nicole Black: (720) 873-2899

Correo electrónico: Denver.Outreach@ice.dhs.gov

Atención: Agente Nicole Black, RE: Marisela Andrade A# 074-816-783