México podría salir beneficiado con reforma contra armas en Estados Unidos al tiempo que avanza con demanda contra productores

La demanda del Gobierno de México contra las productoras de armas en Estados Unidos espera una decisión del juez de Distrito Dennis Saylor, en Massachusetts, pero la reforma bipartidista revelada por el Senado podría significar un cambio sustancial en la lucha contra el tráfico de armas, que afecta seriamente a los mexicanos.

“[Ayudaría a México] que se redacte una ley que condene el tráfico ilícito de armas, esto es muy revelador, en los Estados Unidos no existe un delito de tráfico ilícito de armas“, dijo en entrevista Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien coordina la demanda presentada por México en 2021.

El plan bipartidista suma sanciones para detener el tráfico de armas al hacer enmiendas en normas sobre el tráfico de drogas y terrorismo, a fin de que los productores y distribuidores eviten vender armamento a quienes compren grandes cantidades.

“Será ilegal que cualquier persona compre a sabiendas, o conspire para comprar, cualquier arma de fuego en o que afecte de otra manera el comercio interestatal o extranjero”, indica la Sección 12004, titulada “Ley para Detener el Tráfico Ilegal de Armas”.

Hace referencia a que haya “motivos razonables” de que esas transacciones sean para beneficiar al narcotráfico o terroristas, que tengan “la intención de usar, portar, poseer o vender o disponer de otra manera del arma de fuego para cometer un delito grave, un delito federal de terrorismo o un delito de tráfico de drogas”.

El periodista Ioan Grillo, autor del libro “Blood, Gun, Money: How America Arms Gangs and Cartels”, reconoció que incluir esas enmiendas en el proyecto bipartidista ayudaría a reducir “significativamente” el tráfico de armas en Estados Unidos y hacia México.

“Esto incluye endurecer las sanciones a los compradores de recurrentes [que compran a cuentagotas] y a aquellos que venden armas sin licencia”, celebró Grillo.

Celorio comparó las preocupaciones en EE.UU. sobre las armas y lo que ocurre en México, explicando que al final todo resultaba en el mismo problema: la falta de control en la venta.

“El reto común es la disponibilidad de armas“, expresó Celorio. “Entonces mientras en Estados Unidos nos preocupa la disponibilidad de armas y su uso en contra de niños y civiles en lugares ordinarios como son supermercados, iglesias y hospitales y escuelas, pues para nosotros [en México] nos preocupa esa misma accesabilidad o acceso a armas por parte criminales”.

Agregó que es la misma negligencia, la misma falta de cuidado en la distribución de armas el permitir que una persona sin la madurez necesaria compre armas y después mate niños o que un criminal la adquiera para cometer sus delitos.

La demanda de México

El Gobierno mexicano estima que entre 500 y 800 mil armas ingresan en forma ilícita a México desde los Estados Unidos. Alrededor del 20 por ciento son producidas en Europa, pero llegan por la frontera norte mexicana.

“La mayoría de las armas provienen de Estados Unidos y no sólo es fácilmente comprar las armas, si no que a las empresas a las que estamos demandando que son las más grandes Smith & Wesson, Glock, Colt estas empresas sabiendo que sus productos los utilizan criminales y organizaciones del crimen organizado en México no hacen algo para evitarlas”, lamentó Celorio.

La demanda del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que esas empresas se hagan responsables con acciones concretas.

“Podrían evitar… que prestanombres compren sus armas, instalar algún tipo de medida para evitar que criminales compren sus armas; podrían tener ciertas políticas de publicidad o de mercadeo diferentes para evitar que los criminales las compren”, expuso el experto.

Acusó que la negligencia de las empresas que producen armas facilita activamente el tráfico ilícito de sus productos a México.

“Este tráfico ilícito genera un daño directo al gobierno de México, muertes, lesiones de personal del Gobierno de México, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y también aeronaves derribadas”, indicó. “Lo más trascendente, hay un gasto extraordinario del Gobierno de México, dinero de los contribuyentes para responder a esta violencia armada generada por el tráfico ilícito”.

El Gobierno mexicano está pidieron al juez que ordene a las empresas cambiar sus prácticas, para evitar el tráfico ilícito de armas, como evitar venderlas a personas claramente peligrosas, con antecedentes criminales, la cantidad de armas que se vender a una sola persona.

“Una persona hoy día puede comprar cinco, diez fusiles estilo militar el lunes y el martes compra otras, y el miércoles otras”, lamentó Celorio. “El juez le podría ordenar a las empresas, que monitoreen y disciplinen a su línea de distribución, básicamente que conduzcan su comercio de manera más cuidadosa y más responsable”.

También se está pidiendo al juez que las empresas implementen tecnología que permita el rastreo de las armas, lo cual podría impedir su uso en delitos.

Aunado a ello, el Gobierno mexicano pide resarcir $16,000 millones de dólares por daños causados con el tráfico de armas.

“Si bien el dinero no es lo más importante, lo importante son los cambios de conductas como cualquier demanda civil por daños debe de tener un componente en dinero, así es la fórmula, así es como funciona en los Estados Unidos, pero también es un elemento de presión para los accionistas de estas empresas”, explicó.

Qué sigue en la corte

En cualquier día próximo, el juez Dennis Saylor podría tomar una decisión sobre la demanda impulsada por México, la cual ha sido respaldada jurídicamente (como amigos de la corte) por 14 fiscalías generales de EE.UU., incluida la ciudad de Washington, D.C.

Los demandados están pidiendo a la corte que desestime la demanda, al considerar que México no tiene jurisdicción.

“El 12 de abril presentamos argumentos orales en este tema especifico de las mociones de desechamiento y esperamos que el juez resuelva en cualquier día”, adelantó Celorio.

La pandemia de COVID-19, dijo, ha complicado el avance del proceso judicial, pero también la cantidad de documentos que se han generado, incluidas las 250 páginas de los “amigos de la corte”.

“Son muchos lo argumentos, nuestra demanda es muy robusta, con muchos argumentos jurídicos novedosos y el juez tendrá que decidir con base en el derecho”, indicó Celorio. “Entonces pues tiene que ir analizando uno por uno, correlacionándolos para tomar una determinación y son ocho empresas demandadas, entonces podemos tener una resolución que sea una mezcla y diga para esta empresa si desecho la demanda, para esta no, depende, por eso es que ha demorado tanto”.